El Gobierno sofoca sus primeras tensiones por la ley de libertad sexual

Las quejas de Podemos se debían a que, tal y como expresó la propia portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, el conjunto del Gobierno abogaba por abordar una reforma del código penal "de amplio espectro" que abarcase desde los delitos sexuales a la sedición, frente a los deseos del Ministerio de Igualdad de no esperar para revisar la tipificación de los abusos y agresiones sexuales. Además, desde Podemos apuntaban a que el proyecto está terminado, lo que negaron otros fuentes, pero no se había recibido aún la conformidad del Ministerio de Justicia, lo que dificultaba que pudiese aprobarse en el Consejo de Ministros del martes 3 de marzo, como según esas fuentes se había pactado.

Una vez resuelto el desencuentro, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que el Ejecutivo cumplirá con la fecha prometida para aprobar la ley de libertad sexual. Pero insistió en que lo importante de esa norma es que con ella se dará un "paso más" y situará a España a la "vanguardia" en la protección de las mujeres. El presidente añadió que en una sociedad como la española, comprometida con la igualdad de género y en contra de la violencia machista, el porcentaje de mujeres que sufren agresiones sexuales y violaciones es "inasumible" e "inaceptable" y por eso hay que modificar el Código Penal cuanto antes y que dicha reforma cuente con el mayor respaldo parlamentario.

Desde Podemos se visibilizaron las tensiones justo el día en que se reunían las comisiones de seguimiento del pacto de Gobierno y del trabajo parlamentario, encuentros que duraron dos horas en su conjunto y en los que se expresó a través de la Secretaría de Estado de Comunicación la posición conjunta del Ejecutivo.

"La ley de Libertad Sexual tiene un consenso total en el Gobierno de coalición", zanjó el Gobierno en un comunicado en el que se explica que "es un proyecto legislativo ilusionante, que estará listo en los plazos previstos y enviará un mensaje claro de compromiso del Gobierno con la igualdad de cara al 8 de marzo".

Además, ambos grupos destacaron que la coordinación entre los dos socios de Gobierno funcionan y que, tal y como se había decidido, la comisión de seguimiento mantendrá reuniones periódicas en función de la dinámica del Ejecutivo, aunque no se fijó la fecha de la próxima. Fuentes socialistas explicaron que hay sintonía y buena voluntad de entendimiento, aunque "falta rodaje".

Pese a que el de la ley del Ministerio de Igualdad ha sido el más visible, también se han generado choques entre ambas partes a cuenta de las políticas migratorias, tras avalar la justicia europea las devoluciones en caliente. Mientras la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el segundo, Pablo Iglesias, negaron las discrepancias -"somos un Gobierno unido", aseguró el líder de Podemos- otros dirigentes de ambas partes reconocieron que sí había fricciones. "Es verdad que hay discrepancias entre los socios de Gobierno y ahora se trata de encontrar vías para resolver esa discrepancias", aseguró el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens. También la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, afirmó que la sentencia europea que ha avalado las devoluciones en caliente ha sido "un palo gordo" y por ello hay "alguna opinión discordante". Ya el lunes, el portavoz de Podemos, Rafa Mayoral, calificaba de "impresentable" la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y advertía de que la UE asume los discursos de la extrema derecha.

Con esa brecha sin cerrar llegó el siguiente choque el pasado miércoles con la publicación en El País de un borrador de la normativa de asilo en el que se apostaba por aplicar medidas más restrictivas. Interior aseguró que no se trataba de un texto oficial y se desvinculó de él.

Las mesas de coordinación se crearon para abordar en su seno las discrepancias y vigilar que el pacto de coalición se cumplía, además de tener como función impulsar el programa, poner en común la agenda política y mantener la unidad de acción. A la reunión de la Comisión Permanente de Coordinación, asistieron por parte del PSOE la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, el jefe de Gabinete de la Presidencia, Iván Redondo, el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños, así como Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación. Por UP, Juanma del Olmo, director de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno; Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso; Julio Rodríguez, jefe de Gabinete de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno; y Ione Belarra, secretaria de Estado de Agenda 2030.

Solo 'sí' es 'sí'. El acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos de cara al Gobierno de coalición incluye la reforma de los delitos sexuales que ha desatado las discrepancias bajo el epígrafe "blindar el solo sí es sí". En él, se explicita que la modificación para que el eje de los delitos sea el consentimiento se hará "en el marco de esta ley", es decir, en la Ley de protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales. A día de hoy, así figura en el borrador elaborado por Igualdad y pendiente de aprobación.

la violencia machista

El senador de Vox Ros deja el cargo

Sin inmunidad. El senador de Vox por Ceuta Juan Ros Alcaide, denunciado por la Guardia Civil por un presunto caso de violencia machista al haber agredido supuestamente a su pareja, una mujer de 61 años, ha formalizado su renuncia al escaño. Antes de que se diera a conocer su decisión fueron varias las voces que le reclamaron que dejara el escaño, desde el grupo socialista, por boca de su portavoz, Ander Gil, y también por parte de Junts per Catalunya y del grupo parlamentario de ERC-EH Bildu en el Senado, encabezado por Mirella Cortès. El senador está sometido a investigación de la Guardia Civil por las lesiones sufridas por su mujer en su domicilio de Alhaurín de la Torre, en Málaga, en principio atribuidas a una caída accidental pero en las que los agentes han detectado indicios de un caso de violencia de género. La Guardia Civil no pudo detenerlo debido a su inmunidad parlamentaria, que ahora pierde al renunciar al escaño de senador.