pamplona - El Ministerio de Igualdad centrará su actuación en el impulso de tres leyes: la ley contra las violencias sexuales, que llegará el martes que viene al Consejo de Ministros, la ley integral contra la trata con fines de explotación sexual y la ley LGTBI, que impulsará antes del verano. La ministra de Igualdad, Irene Montero, avanzó ayer las principales líneas de actuación de su departamento en su primera comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso.
Allí informó de que la Ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales, un anteproyecto que aprobará el próximo Consejo de Ministros- antes de remitirse al Congreso, el anteproyecto deberá pasar por distintos órganos consultivos y volver al Consejo de Ministros para aprobarse ya como proyecto de ley- incluirá la puesta en marcha progresiva de “centros de crisis” para atender a las mujeres agredidas durante las 24 horas del día. Montero espera que esta ley, que incluirá la reforma del Código Penal relativa a los delitos sexuales para que la tipificación de la violación dependa del consentimiento, sea un referente mundial como lo fue la ley integral contra la violencia de género. La norma contra las violencias sexuales promoverá la puesta en marcha de una red de servicios de asistencia integral de las víctimas de violencia sexual, unos centros que recomendó crear el Consejo de Europa.
Montero ha asegurado que España contará por primera vez con un marco normativo para prevenir, detectar, sancionar y erradicar todas las violencias sexuales, incluidas las que se producen mediante las nuevas tecnologías.
Tras este proyecto de ley, Igualdad abordará una ley integral contra la trata con fines de explotación sexual, para proteger a las víctimas “y plantarles cara a los criminales que la sustentan”. Aunque ha dicho que tanto a ella como a su Ministerio les gustaría abolir la prostitución, precisó que no pretenden “resolver un debate histórico y legítimo en el movimiento feminista” y que en ningún caso permitirán que este debate divida a las feministas, con las que pretenden tejer una “poderosa e inquebrantable alianza”.
Otro de los avances legislativos que pretende promover es la ley LGTBI que acabe con el estigma, la discriminación y las violencias que ha sufrido y sufre este colectivo. Montero estima que estará lista antes del verano. A esta norma Igualdad pretende sumar una ley trans y otra para la igualdad de trato y la no discriminación.
Montero también informó de que el Ejecutivo ratificará el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo de las empleadas del hogar, que implica equiparar las cotizaciones y los derechos de este colectivo con el resto del trabajadores del régimen general.
aborto En cuanto al aborto, la titular de Igualdad adelantó que es una “prioridad” volver al marco normativo de 2010 para permitir que las adolescentes de 16 y 17 años puedan interrumpir el embarazo, para promover que la sanidad pública asuma un rol más importante en esta materia y para proteger tanto a las mujeres que se someten a un aborto como a los profesionales que lo practican.
La ministra de Igualdad, que lamentó la “reacción machista, xenófoba y retrógrada” de la extrema derecha al feminismo, solicitó a todos los grupos parlamentarios que se vuelva al consenso del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para luchar contra todas las discriminaciones.
Un deseo que pronto Vox descartó: “No vamos a poder llegar a consensos en esta Comisión, evidentemente Vox no va a estar en el consenso progre”, dijo la diputada Lourdes Méndez, que acusó a Montero de tratar de imponer “una ideología del marxismo cultural basada en la lucha de sexos”, de victimizar a todas las mujeres, de “entrometerse en la intimidad de los lechos” y de promover una “legislación injusta para culpabilizar a todos los hombres”. “Mi razón no está corrupta como la suya”, le espetó.
La ministra, que defendió la coeducación y la educación sexual y afectiva como esencial en la lucha contra las violencias estructurales que padecen las mujeres, respondió a la diputada de Vox que la ONU debe promover también el marxismo cultural pues dice que hay mujeres cuya vida está en peligro por el hecho de serlo.
Además, aseguró que el Gobierno trabajará por la seguridad de todas las mujeres y por que todas las personas puedan amar y formar el tipo de familia que quieran y por frenar, a nivel internacional, el avance de los fundamentalismos y la ultraderecha que pretenden hacer retroceder la conquista de derechos.
La derecha (VOX, PP y Cs) mantuvo un debate bronco con la ministra por los casos de presunta explotación sexual de menores tutelados en Baleares y por sus manifestaciones sobre la actuación policial con las víctimas de violencia. De hecho, la Unión Federal de Policía (UFP) y la Aprogc, asociación profesional de la Guardia Civil, han pedido a la ministra que rectifique sus afirmaciones sobre que los agentes de unidades especializadas en violencia de género preguntan a las denunciantes si vestían minifalda. Montero insistió en la “falta de formación” de los operadores jurídicos y policiales a la hora a atender a mujeres que denuncian una agresión sexual. “Claro que hay mujeres que denuncian violencias machistas y se las culpabiliza y se pregunta qué hicieron para ser violadas o agredidas, si estaban borrachas, o iban vestidas de determinada manera”, incidió.
Con su hija al trabajo. La ministra Irene Montero defendió legislar modelos de crianza para evitar que haya personas que “cuestionen” la elección de las madres en este sentido. Montero se refirió a este tema después de que el PP calificara como “privilegio” que lleve a su hija de seis meses, lactante, al trabajo, un comportamiento al que aludió la portavoz del PP para Igualdad, Margarita Prohéns. “Igualdad sería que promoviera guarderías en las empresas y así todas gozaríamos de ese privilegio y corresponsabilidad sería que algún día viéramos al vicepresidente llevar a su hijo al trabajo”.
la violencia de género
El senador de vox ahora no renuncia
Orden de alejamiento. “El senador de Vox por Ceuta denunciado por presunto maltrato a su mujer, Juan Ros, ha dirigido un escrito a la presidencia del Senado en el que asegura que no va a renunciar al acta de parlamentario como él mismo comunicó el pasado jueves tras haber sido denunciado por la Guardia Civil. En el escrito, expone que presentó aquella renuncia “de manera apresurada, en un momento de vulnerabilidad”, se declara inocente y asegura que las acusaciones que se le hacen son falsas. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Málaga en el que declaró el viernes ha dictado una orden de alejamiento de 500 metros de su pareja.
