El Gobierno foral rechaza "el olvido" como fórmula para afrontar los casos de torturas

El informe, de 76 páginas, es extenso y hace un pormenorizado recorrido por las denuncias. Pero por encima de todo señala una realidad: que la tortura fue un método “sistemático y generalizado” durante la dictadura para enfrentarse a la disidencia política y sindical al régimen.

A partir de esa realidad, la consejera Ollo propuso ayer a los grupos “abordar de forma constructiva el completo rechazo de la tortura”, dar pasos hacia la convivencia y, ya que muchas de las víctimas no obtendrán nunca el reconocimiento jurídico de su condición, brindarles al menos un reconocimiento social que entierre “los modelos de transición basados en el olvido que no sirven para reparar a las personas perjudicadas por graves vulneraciones de derechos sucedidas en el pasado”.

ninguna investigación eficaz Es una de las nueve conclusiones del trabajo, encargado en 2018 ante la imposibilidad del Gobierno de convocar ayudas por la persecución que estaba haciendo el PP de este tipo de informes.

El encargado de trasladárselas a los grupos fue Martín Zabalza. La primera conclusión es que fueron muchas las personas que, entre 1960 y 1978, denunciaron torturas y malos tratos en sede policial a manos, fundamentalmente, de funcionarios de Policía Nacional y Guardia Civil. Zabalza indicó que se recopilaron más de 204 denuncias, pero que finalmente se quedaron en 169 tras cribar las que tenían menos solidez. Era, recoge el informe en su segunda conclusión, una “conducta reiterada” durante el franquismo, una herramienta habitual para combatir la disidencia política y sindical que, además, quedaba impune en la mayoría de ocasiones, como se explicita en el tercer punto: “Las denuncias formuladas en la época no tuvieron ninguna investigación eficaz por parte de los tribunales”, aunque algunas autoridades denunciaron públicamente los hechos, sin éxito.

El informe, de la misma manera, también reconoce que es un trabajo incompleto y que precisa tanto de más testimonios como de más documentación, sobre todo para analizar los casos de tortura desde 1978 en adelante, más numerosos como han dejado constancia otros informes previos. De hecho, tal y como recordó Ollo, la ONU acreditó mediante sendos informes en 2004 y 2009 el uso de la tortura “como algo más que esporádico e incidental” en España.

Por último, el informe recomienda que se dejen de lado “los modelos de transición basados en el olvido” ya que “no sirven para reparar a las personas perjudicadas”. Es, subrayó Zabalza, una “asignatura pendiente” en democracia, un “déficit” que sin embargo, como apunta el informe, leyes como la 16/2019 de Reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha y funcionarios públicos “ayudan a paliar”.

Por último, Ollo esperó que “estas líneas de trabajo cuenten con el consenso y el esfuerzo de todos los grupos”, porque “la voluntad del Gobierno es seguir avanzando en el acercamiento de la verdad en la vulneración de derechos humanos”.

el pp persigue el informe desde 2017

Trabas políticas. Muchas vueltas ha dado el informe hasta que ha visto la luz. En 2017, el Gobierno de Navarra convocó una ayuda para que centros universitarios investigaran torturas en Navarra mediante la Orden Foral 35E/2017. El PP, que por aquel entonces gobernaba en el Estado, presentó un recurso al considerar que la Orden Foral emanaba de la Ley de Víctimas de Abusos Policiales 16/2015, recurrida casi desde el primer día ante el Constitucional. La persecución del PP dilató tanto los plazos que la UPNA -que había accedido a una ayuda de 12.090 € para documentar la muerte de Germán Rodríguez en el 40 aniversario de los sucesos de Sanfermines del 78- tuvo que renunciar al proyecto antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra anulara definitivamente la Orden Foral, que se llevó también por delante la ayuda de 17.910 € que ganó la UPV para un estudio más amplio sobre la tortura.