pamplona - El Gobierno español sigue rechazando un acercamiento conjunto de los presos de ETA a cárceles próximas a sus domicilios una vez la banda ha dejado de existir, y aboga por un tratamiento individualizado de la situación de cada recluso en base a una serie de condiciones. Por lo tanto, no atiende el plan presentado por el Gobierno Vasco para aproximar en bloque a los 217 reclusos repartidos en cárceles de todo el Estado.

Así lo reveló ayer la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) tras el encuentro que mantuvo con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. “Nos ha asegurado que no habrá cambios en lo que se refiere a la política penitenciaria”, aseguró en un comunicado la asociación que preside Maite Araluce. En cuanto a los factores para proceder al acercamiento de un recluso, enumeró que estén próximos a finalizar su condena, que asuman la legalidad penitenciaria y que condenen de forma explícita la violencia.

Cuando accedió al Ministerio del Interior a mediados de 2018, Marlaska se comprometió a comunicar a las asociaciones de víctimas todos los movimientos con los presos de ETA. La reunión de ayer se enmarca en este marcaje, y de la misma solo trascendió la versión de AVT.

Según un informe de Instituciones Penitenciarias del pasado diciembre, con Sánchez se ha acercado a 32 presos y se han concedido al menos 28 segundos grados. A ellos se suman los 24 que han salido en libertad.

REcibimientos En esta reunión, la AVT aprovechó para abordar también los homenajes a expresos “que se siguen realizando con total impunidad en las calles del País Vasco y Navarra”. A este respecto aseguró que “el ministro se ha comprometido a articular todas las vías posibles, legales y políticas, para evitarlos”. Incluyó la posibilidad de que en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas se “impongan sanciones económicas a los ayuntamientos que permitan la celebración de actos que humillan a las víctimas del terrorismo”.