El Gobierno prohíbe los desahucios y prorroga 6 meses los contratos de alquiler

Amplía el alcance de la moratoria hipotecaria a autónomos y pymes, y prohíbe los cortes de luz, agua y gas - Aprueba una ayuda de 440 euros para trabajadores temporales que hayan perdido su empleo

31.03.2020 | 15:47
Captura de la señal institucional del Palacio de la Moncloa de la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño (d), la portavoz del gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (c), y el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias

Madrid. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un subsidio extraordinario por desempleo para trabajadores temporales cuyo contrato terminó durante el Estado de Alarma sin haber generado derecho a ninguna prestación.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que con esta medida, que alcanzará los 440 euros mensuales, se amplía la cobertura para proteger nuevas situaciones de trabajadores afectados por la crisis sanitaria.

En concreto, protegerá a aquellos trabajadores cuyo contrato temporal haya llegado a su fin tras la declaración del Estado de Alarma, con un subsidio de desempleo excepcional, sin requisito de carencia, para los que no tengan la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio.

TRABAJADORAS DEL HOGAR

El Gobierno ha dado luz verde a un subsidio de desempleo temporal que pueden solicitar las empleadas de hogar, que hasta ahora no contaban con este derecho, si se quedan en el paro o ven reducidas sus horas de trabajo en esta crisis del coronavirus.

Según ha explicado el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, en la rueda de prensa telemática tras la celebración del Consejo de Ministros esta medida se enmarca en la necesidad de seguir dando "protección" y "seguridad" a las personas en esta crisis, especialmente los colectivos más vulnerables.

Según han explicado desde el Ministerio de Trabajo, la cuantía será del 70 % de la base de cotización de la empleada de hogar.

RENTA MÍNIMA VITAL

El Gobierno está trabajando en una renta mínima vital de la que se beneficiaría más de 5 millones de ciudadanos en España para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus COVID-19, según ha anunciado el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.

"Seguimos trabajando la Vicepresidencia de Derechos Sociales junto al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Seguridad Social, estamos coordinados para que el ingreso mínimo vital sea una realidad que podamos anunciar aquí cuanto antes", ha adelantado Pablo Iglesias este martes 31 de marzo durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros en la que se ha aprobado un nuevo paquete de medidas para ayudar a las familias afectadas por las consecuencias de la pandemia, y que aún no recoge la renta mínima vital.

Además, el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha precisado que, a la espera de que se concrete esta renta mínima vital, los equipos que están trabajando en ella calculan que se beneficiarían "más de 5 millones" de personas.

"Los cálculos que hacían los equipos, a la espera de que se concrete además el ingreso mínimo vital, que los trabajos que estamos haciendo con el Ministerio de Seguridad Social e Inclusión hablaban de más de 5 millones de conciudadanos, las medidas que se están tomando en el caso del alquiler afectarían a más de medio millón de familias", ha explicado Iglesias.

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), compuesta por 30.000 ONG, había pedido al Gobierno que "priorizara la regulación del ingreso mínimo vital o la paralización de las cuotas de los arrendamientos de viviendas para sectores vulnerables".

Así se lo reclamó la semana pasada al secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, y sus directores generales, durante una reunión que mantuvieron por vía telemática, y en la que les pidieron "compromiso de diálogo y escucha activa" antes de adoptar medidas sociales de relevancia, incluidas en el denominado 'escudo social'.

Asimismo, sugirieron al Ministerio de Derechos Sociales otras medidas como destinar los fondos recaudados a través de la conocida como 'X solidaria de las empresas', durante el año 2019 (año fiscal 2018), a organizaciones sociales de ámbito estatal para programas que frenen el impacto del COVID-19 en los grupos más vulnerables.