- Varias organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos, entre ellas Altsasu Gurasoak, Salhaketa, Sare y Etxerat, han presentado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias una propuesta para que se lleve a cabo un plan urgente de desescalada en las prisiones dependientes de la Administración central.
Para ellas, es hora ya de que se ponga en marcha ese plan, que, en su opinión, debe recoger el mantenimiento de los terceros grados con control telemático, telefónico o personal para que se reduzca la población reclusa. “Hasta ahora esta medida se ha aplicado de manera efectiva y ha dado buenos resultados para la Administración penitenciaria y para las personas privadas de libertad y sus familias”.
Ven urgente adoptar “de forma generalizada medidas tendentes a conceder regímenes abiertos y de detención domiciliaria a personas en régimen del art. 100.2 del Reglamento Penitenciario, de mayores de 65 años, mujeres embarazadas o madres con hijos dentro de prisión, o de personas enfermas crónicas”.
Igualmente, recomiendan que se progrese al tercer grado, o régimen abierto, a presos con condenas cortas o a los que ya habían disfrutado de permisos antes de coronavirus y a los que hayan cumplido las tres cuartas partes de la condena, y piden reactivar las actividades de tratamiento y las formativas, así como que se mantengan las videollamadas con las familias que se han podido hacer durante el confinamiento.
“Es imprescindible que se elabore y ejecute un plan para el restablecimiento progresivo de visitas de familiares”, insisten.
