l traspaso de la competencia de Tráfico en exclusividad para la Policía Foral se ha vuelto a retrasar sobre el guion previsto. A finales de enero, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le prometió a la presidenta Chivite que el Gobierno central iba a firmar el acuerdo durante el primer semestre del año. Pero ya estamos en el mes de julio y no hay rastro de la rúbrica. Es cierto que en el momento en el que se produjeron las declaraciones el coronavirus era un asunto chino que pillaba todavía muy lejos, y que el estallido de la pandemia lo ha parado absolutamente todo. Pero por una cosa o por otra, el eterno traspaso -que arrastra pleitos entre Navarra y el Estado desde 1938- ha sumado un nuevo retraso. Y del Estado va a depender que la firma definitiva se alargue mucho más en el tiempo o que se solucione cuanto antes, ya que Navarra tiene mucha parte de su tarea adelantada, tanto en materia de encaje legal -ya hay informes técnicos que optan por una modalidad de traspaso sobre otras- como en previsión de lo que será necesario -con cifras de agentes incluidas- para dar el servicio.

Ya es mala suerte, porque parecía que el traspaso estaba más cerca que nunca. Fue en octubre de 2018 cuando se precipitaron todos los acontecimientos. En su primer encuentro institucional, Sánchez prometió a Barkos la culminación del traspaso. El Gobierno, recién aterrizado y en minoría, pronto se vio envuelto en una dinámica de inestabilidad que dio al traste con todas las promesas, y entre elecciones y formación de gobierno en el Estado todo se retrasó un año. Con el Gobierno PSOE-Unidas Podemos recién formado se produjo el que hasta ahora ha sido el último anuncio: el que hizo Chivite el 29 de enero en el Parlamento, el de que la firma se haría en el primer semestre de 2020. La noticia desencadenó el último arreón por parte de algunos sectores de la Guardia Civil, opuestos al traspaso al entender que es una forma de replegar al cuerpo en Navarra -la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil está formada por unos 180 agentes de 1.800-, y el culebrón ha tenido una derivada política netamente navarra: la protagonizada por UPN, que con Esparza al frente ha roto una de sus reclamaciones históricas, ejemplo paradigmático del progresivo abandono de las posiciones foralistas de la sigla. La hemeroteca es elocuente: en 1994, Miguel Sanz (UPN), por aquel entonces vicepresidente del Gobierno, defendía con vehemencia el traspaso a favor de la Policía Foral, hasta el punto que firmó, junto con EA e Izquierda Unida, una resolución que abogaba por que el despliegue de la Policía Foral se produjera "de forma paralela al repliegue de las Fuerzas del Estado". Hoy, para Esparza, "sacar a la Guardia Civil de Tráfico de sus funciones significa ceder a las presiones del nacionalismo". Los tiempos han cambiado.

En cualquier caso, y pese al incumplimiento del plazo original, no tendría sentido que la firma se retrasara mucho más. Depende del Estado. Hay trabajo jurídico avanzado y Navarra tiene nombrados a sus representantes en la Junta de Transferencias. Incluso la semana pasada se rumoreó, al calor del traspaso de la gestión de la legislación sobre productos farmacéuticos y otras prestaciones sanitarias del Estado a la CAV, que Navarra podía ser la siguiente. Pero al final no se produjo ninguna novedad. Todo parece indicar que la firma se producirá cuando la situación vuelva un poco a la normalidad.

Y se habla de firma, porque lo que hará el Gobierno central es comprometer el traspaso por escrito, no ceder la competencia desde el momento del acuerdo. Eso sería imposible con la actual configuración de la Policía Foral, incapaz de asumir el servicio con la plantilla de la que dispone, por lo que la gestión seguiría siendo compartida con la Guardia Civil hasta que el cuerpo autonómico tuviera la dotación suficiente. Navarra necesita para eso entre 150 y 200 agentes más, según los cálculos del departamento de Interior, que se harán a través de ofertas públicas de empleo. Ese era el panorama antes de la pandemia. Habrá que ver cómo se recompone con la nueva normalidad y cuánto tiempo le cuesta a Navarra asumir el servicio.

31 de octubre de 2018. Sánchez recibe a Barkos en la Moncloa en su primer encuentro oficial. De allí, la entonces presidenta del Gobierno foral sale con el compromiso del traspaso de Tráfico en exclusiva para la Policía Foral.

4 de marzo de 2019. Después de varios meses de Gobierno en minoría tras la moción de censura a Rajoy, Sánchez disuelve las Cortes y convoca a las urnas. Empieza un año de interinidad y elecciones que impide ningún traspaso y eterniza todavía más los plazos.

7 de agosto de 2019. En su toma de posesión como vicepresidente y titular del Interior, Javier Remírez sitúa el traspaso de Tráfico como una prioridad.

16 de septiembre de 2019. El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, visita Pamplona y lamenta que la interinidad del Gobierno impida el traspaso de Tráfico.

24 de septiembre de 2019. El BOE publica la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones, esta vez el 10 de noviembre. Más retrasos.

30 de diciembre de 2019. El PSOE y Unidas Podemos alcanzan un acuerdo para formar Gobierno y evitar unas nuevas elecciones.

29 de enero de 2020. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, revela en comisión parlamentaria que el lunes, 27 de enero, mantiene una reunión en Madrid con el ministro del Interior, Grande-Marlaska, que le traslada su "firme voluntad" de rubricar el traspaso de tráfico durante el primer semestre de 2020.

1 de julio de 2020. Concluye el primer semestre del año, marcado por la pandemia del coronavirus, que obliga al Gobierno a centrar todos los esfuerzos en la emergencia sanitaria. La política territorial pasa a un segundo plano y no se firma el traspaso.