- El Govern de Quim Torra dio plantón ayer a los reyes españoles en su visita al Monasterio de Santa María de Poblet, en Tarragona, en medio de importantes movilizaciones de grupos independentistas contra su presencia en Catalunya en el único acto previsto por los monarcas en este territorio a causa de la situación del coronavirus. El president ni siquiera mandó representante alguno para acompañar a Felipe VI y Letizia Ortiz, recibidos en el aeropuerto de Reus por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la delegada del Gobierno, mientras que en el complejo monacal solo estuvieron arropados por su abad y el prior, Octavi Vila y Rafael Barrué, respectivamente, así como por el comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent. Tampoco acudió el alcalde de Vimbodí, municipio al que pertenece el monasterio, en un ambiente de contrariedad, silbidos, cánticos y protestas convocadas en las proximidades del recinto por la ANC, Òmnium Cultural y los Comités de Defensa de la República (CDR).

La marcha secesionista se organizó con el lema "Catalunya no tiene rey", en ella se exhibieron numerosas esteladas y agentes de la Policía catalana tuvieron que emplearse con la porra para mantener el cordón de seguridad. Es por ello que el propio Torra solicitó un "informe completo sobre los incidentes registrados" tras la detención un manifestante por arrebatar la tableta electrónica a un agente y por los desórdenes públicos. En paralelo, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, indicó que Esquerra "está cansada de ver cómo los Mossos cargan contra independentistas que se manifiestan pacíficamente", al tiempo que la exconsellera y ahora eurodiputada de JxCat, Clara Ponsatí, pidió la dimisión del conseller de Interior, Miquel Buch, también posconvergente.

Los reyes recorrieron diversas dependencias, como el claustro, la iglesia y los sepulcros de varios reyes de la Corona de Aragón, la bodega, las cocinas, la biblioteca, los antiguos dormitorios o el refectorio; visitaron una exposición del pintor barcelonés Josep Guinovart y se interesaron por detalles del archivo del expresident Josep Tarradellas. Su próxima parada dentro de la gira autonómica será mañana en Extremadura. Finalizado el evento, Torra trasladó al jefe de los Mossos que los agentes "tienen entre sus funciones garantizar el ejercicio de derechos fundamentales como el de manifestación o el de libre expresión". Por su parte, la ANC reprochó que los Mossos carguen contra manifestantes independentistas, que iban ataviados con las mascarillas de rigor, "pero dejen pasar a gente con banderas españolas", y su presidenta, Elisenda Paluzie, aseguró que esta visita solo buscaba "la legitimación histórica que la monarquía no ha tenido nunca", y menos tras el discurso del 3-O después del referéndum del 1-O.

Ayer mismo se conoció que el rey emérito viajó a la Polinesia gracias a dinero de sociedades opacas cuando ya no era inviolable. Por ello, la ministra de Igualdad, Irene Montero, reconoció que las informaciones que se están publicado sobre las presuntas irregularidades de Juan Carlos I hacen "muy difícil separar los casos, algunos presuntos y otros contrastados, de la familia Borbón, de la institución de la que forman parte". De este modo, la número dos de Podemos extrapoló las presuntas irregularidades del monarca emérito a toda la "familia Borbón", incluido el actual rey Felipe VI. "Creo que estoy siendo bastante clara", apostilló Montero, precisando que el poder ejecutivo debe "velar por luchar contra la corrupción y por que todos seamos iguales ante la justicia".

Intromisión a la privacidad. Unidas Podemos, Más País y las fuerzas soberanistas registraron una propuesta de creación de una comisión de investigación por el espionaje al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a otros dirigentes catalanes al entender que supone una intromisión a la privacidad e intimidad de líderes políticos, instituciones y personas individuales "por parte de estructuras públicas del Estado". Ello se produce después de las informaciones reveladas en los medios que apuntan a que Torrent, Ernest Maragall, y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, entre otros, habrían sido víctimas de un programa espía que solo se vende a gobiernos y fuerzas de seguridad y que permite acceder a las conversaciones del terminal y también a su micrófono o su cámara. El Gobierno de Pedro Sánchez niega cualquier vinculación con este caso.

"Es muy difícil separar los casos de la familia Borbón de la institución de la que forman parte"

Ministra de Igualdad