El Gobierno central transferirá en octubre a Navarra Tráfico, la gestión del ingreso mínimo vital y sanidad penitenciaria, según ha confirmado esta tarde el vicepresidente del Ejecutivo foral, Javier Remírez, que se felicitó por el avance en autogobierno que supone la decisión, acordada en octubre de 2018 por el Gobierno de Uxue Barkos.
El Ejecutivo liderado por la socialista María Chivite ya ha pactado con el Gobierno de Pedro Sánchez la celebración en octubre la Comisión Mixta de Transferencias en la que se traspasarán a la Comunidad foral las competencias que hasta ahora asumía la Guardia Civil en materia de Tráfico y la atención sanitaria en los centros penitenciarios ya acordadas en diciembre, segun ha informado este viernes elDiarioes. Además, y como también ocurrirá con la CAV, el Gobierno central cederá a Navarra la gestión y los fondos de las prestaciones del nuevo ingreso mínimo vital.
Según ha explicado en una entrevista a elDiario.es la presidenta de Navarra María Chivite, cuyo contenido completo se publicará el próximo domingo, el 28 de julio la jefa del Ejecutivo foral mantuvo una reunión en Madrid con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, en la que se fijó el mes de octubre para la celebración de esta Comisión Mixta de Transferencias. Una comisión que llegará con retraso (en un principio se había marcado el mes de junio como fecha límite para su celebración) por el parón institucional provocado por la pandemia del coronavirus.
La principal cuestión a tratar en dicha Comisión Mixta, y que tanto revuelo ha generado en ciertos sectores de la derecha, será el traspaso a Navarra de forma completa de las competencias de Tráfico, como ya tienen la CAV y Catalunya. Ello supondrá que la Policía Foral gestionará de forma completa el tráfico en Navarra, algo que viene haciendo hasta la fecha de manera conjunta con la Guardia Civil.
La transferencia de Tráfico a Navarra no implicará que la Guardia Civil abandone Navarra, ya que el instituto armado tiene en la comunidad foral alrededor de 1.800 agentes, de los cuales solo 300 se encargan de labores de Tráfico en coordinación con otros 200 efectivos de la Policía Foral. Además, las Fuerzas de Seguridad del Estado, recuera el diario digital, tienen competencias exclusivas recogidas en la Constitución y que no realizan cuerpos autonómicos, como la de vigilancia del aeropuerto de Noain y las aduanas, así como explosivos, traslado de presos, investigaciones de crimen organizado o terrorismo o la expedición del DNI o pasaporte.
La firma del acuerdo no significa que Navarra vaya a asumir las competencias de Tráfico de manera inmediata. La presidenta María Chivite habla de un plazo de cinco años. Para ello se habilitará una pasarela para que agentes de Tráfico de la Guardia Civil ya asentados en Navarra puedan seguir ejerciendo sus funciones dentro del cuerpo de la Policía Foral y se publicarán ofertas públicas de empleo para el cuerpo policial autonómico.
El traspaso de estas competencias ha provocado que la derecha haya lanzado ataques al Gobierno de Navarra con el argumento de que suponía la expulsión de la Guardia Civil de Navarra. Ataques especialmente duros por parte de UPN, partido que, sin embargo, siempre ha defendido la transferencia de Tráfico a Navarra, y que de hecho en 2018 unió sus votos a los de EH Bildu y Geroa Bai para aprobar la ley navarra de Policía al incluir una enmienda en la que se incluía la pasarela para que guardias civiles pudiesen pasar a ser policías forales.
Sanidad penitenciaria
En la Comisión Mixta también se formalizará el traspaso de la atención sanitaria en los centros penitenciarios, que fue acordada en diciembre junto con la de Tráfico. Navarra, al igual que el resto de comunidades autónomas, tiene la competencia exclusiva de Sanidad, a la que le quedaba este fleco de la sanidad penitenciaria que se resolverá en octubre.
Por último, en la comisión que Navarra y el Estado celebrarán en octubre también se acordará la transferencia del ingreso mínimo vital (la nueva medida diseñada en el estado de alarma por el gobierno de coalición de PSOE y Podemos para paliar los efectos de la crisis económica provocada por la COVID-19 en las familias sin recursos) tanto para Navarra como para la CAV por el régimen fiscal singular que tienen ambas comunidades derivado del convenio y concierto económico.
El nuevo acuerdo se traducirá en que la Comunidad Foral gestionará la tramitación del nuevo derecho y recibirá los fondos que abone el Estado. De esta manera el sistema se convierte en complementario del sistema propio de Renta Garantizada que ya funciona en Navarra desde 2016 y que en la mayoría de los supuestos supone cantidades más altas que las establecidas en las tablas del ingreso mínimo vital.
