Expertos dudan de que la regularización del rey sirva de eximente del delito

Sánchez dice que es la Casa Real quien decidirá sobre el regreso de Juan Carlos I

12.12.2020 | 01:20
El rey emérito, Juan Carlos I, en la conmemoración del 40º aniversario de la Constitución, en 2018. Foto: E.P.

pamplona – Pedro Sánchez defendió ayer que es la Casa Real y no el poder ejecutivo quien tiene que responder a la cuestión de si el rey emérito Juan Carlos I va a volver al Estado español esta Navidad o no. En todo caso, recordó que el padre de Felipe VI no tiene ahora mismo causas pendientes con la justicia, y que además él mismo, cuando abandonó el país, ya se comprometió a volver a España si la justicia requería su presencia.

El presidente español realizó estas declaraciones en una rueda de prensa ofrecida en Bruselas tras participar en el Consejo Europeo, al ser preguntado sobre si la posible vuelta del emérito puede dañar la imagen de la Corona. "Hay que recordar que el anterior jefe del Estado ahora mismo no tiene ninguna causa abierta por la justicia, en el sentido de que es una persona que cuando publicó una carta que dirigía al actual jefe del Estado diciendo que salía del país, dijo expresamente que si la justicia requería su presencia en España, él inmediatamente volvería. Yo creo que es importante subrayar este hecho", argumentó.

Asimismo, Sánchez defendió la necesidad de respetar la presunción de inocencia, aunque volvió a calificar de "inquietantes" y "perturbadoras" las informaciones sobre presuntas irregularidades fiscales de Juan Carlos I cuando esta semana se ha conocido que el emérito ha abonado una deuda de 678.393,72 euros.

Sobre la regularización, expertos consultados por Efe dudaban de que el paso dado liquide la responsabilidad penal y, no solo por la comunicación de la Fiscalía avisándole de que está siendo investigado, también porque hay que comprobar si es veraz, completa y el origen lícito del dinero. En eso es en lo que se centra ahora la Fiscalía, que informó ayer de que la regularización voluntaria de 678.393,72 afecta a "una investigación más amplia" en la que tienen que estudiar la "espontaneidad, veracidad y completitud" de dicha declaración.

El paso del rey emérito está orientado a desactivar toda acción penal en su contra, ya que, como establece el artículo 305.4 del Código Penal, la regularización voluntaria y espontánea conlleva el efecto liberador completo de las eventuales responsabilidades penales por los presuntos delitos fiscales. Pero esta acción puede no ser suficiente, habida cuenta de que la Fiscalía le avisó hace unas semanas de las investigaciones en marcha y, según el citado artículo, la regularización debe hacerse "antes de que el Ministerio Fiscal o el juez de instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias".

En este sentido, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló ayer que la regularización del rey emérito sugiere que no todos los españoles son iguales ante la ley y criticó la falta de transparencia sobre sus finanzas. "Me parece que este procedimiento (regularización) no se lo harían a cualquier ciudadano normal", reprochó.

Así, mientras Unidas Podemos, por un lado, y formaciones independentistas, por otro, registraba ayer en el Congreso una petición para crear una comisión de investigación sobre las irregularidades cometidas por el emérito, el líder del PP, Pablo Casado, insistía en su "defensa de la democracia y la Transición".