La crónica de la semana

Lo que Davalor esconde

19.12.2020 | 23:29
Manu Ayerdi, consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, en una entrevista. Foto: Javier Bergasa

El caso Davalor pone contra las cuerdas al consejero Ayerdi, objetivo de una denuncia presentada por UPN en el Tribunal Supremo con una clara motivación política

el Parlamento de Navarra aprobará el próximo miércoles los presupuestos de 2021. Una votación que volverá a unir a la mayoría progresista y que garantiza la estabilidad del Gobierno prácticamente para lo que resta de legislatura. Con la derecha fuera de juego –no ha aprobado ni una sola enmienda–, el proceso de vacunación en marcha en unos días y una mejora de la economía en el horizonte, las perspectivas empiezan a ser optimistas para el Gobierno foral. Pero no va a ser tan fácil.

La vía penal abierta en el Tribunal Supremo por el caso Davalor, que afecta de lleno al consejero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, ha monopolizado la semana, y amenaza con complicar la gestión del Gobierno en un momento en el que la pandemia sigue amenazando la vida social y económica de los ciudadanos, que se dividen entre la preocupación, el cansancio y el malestar por los bandazos en las restricciones.

La polémica de Davalor no es nueva. De ella se habló largo y tendido durante la pasada legislatura. Hubo ruedas de prensa, comparecencias parlamentarias, una comisión de investigación, un informe de Comptos y hasta un proceso judicial contra el administrador de Davalor que acabó con condena en el Juzgado de lo Mercantil por no declarar a tiempo el concurso de acreedores, pero sin consecuencias penales. Y nunca se observaron actuaciones delictivas por parte del Gobierno de Navarra. Ha sido UPN quien ha puesto sobre la mesa los delitos de "prevaricación" y "malversación" con una querella en el Supremo, y que ahora el Alto Tribunal ha decidido investigar.

la ley de la discordia Más allá de lo que pueda dictaminar el Supremo en un proceso que todavía no ha comenzando, la mera citación de Ayerdi como posible "investigado" ha abierto la caja de pandora. Una ley aprobada por unanimidad la pasada legislatura, y que pretendía evitar casos como los que se han visto en Valencia o en Madrid, donde altos cargos imputados por corrupción continuaron en su puesto. Pero que abarca los suficientes artículos del código penal como para ser utilizada de forma discrecional.

Es lo que ha hecho UPN, y no solo en este caso. Apenas dos meses después de aprobar la ley, el partido de Esparza ya denunció a María Solana ante el Supremo también por "prevaricación", en este caso por el desalojo de Rozalejo. La querella no tuvo recorrido y la polémica no fue a más, pero la consejera hubiera tenido que dimitir si el Supremo hubiera decidido abrir una investigación.

La norma también afecta a Ayerdi porque los delitos de los que le acusa UPN están –y no por casualidad–, en la lista que recoge la ley. Aunque la querella apunte más a una mala gestión que a un enriquecimiento ilícito. El mero proceso judicial, más allá de su resultado, es ya una victoria política de UPN. El objetivo es la imputación, no la condena.

Ha quedado en evidencia esta semana con las urgencias del su presidente, Javier Esparza, por reclamar la dimisión urgente del consejero de Desarrollo Económico, aunque ello suponga descabezar un departamento clave en medio de una pandemia que requiere medidas de estímulo y ayuda económica. Amenazando incluso con medidas contra la propia Chivite si no precipita su cese.

Solo Enrique Maya se ha desmarcado de la línea oficial de UPN. El alcalde de Pamplona es el único de los dirigentes imputados por el cobro irregular de dietas en Caja Navarra –en este caso sí, por un delito de enriquecimiento ilícito que luego fue archivado por el Supremo– que sigue en primera línea política. Maya, que es además vicepresidente de UPN, considera "desmesurado" tener que dimitir por algo así. También la presidenta, María Chivite, que no descarta un cambio en la ley para preservar "la presunción de inocencia" y evitar casos como el del director general de Administración Local, también investigado por la Justicia en una causa finalmente archivada. Nadie pidió entonces su dimisión y hoy sigue en el cargo.

Peregrinaje judicial El caso Ayerdi es un precedente peligroso para todos los miembros del Gobierno de Navarra, que pueden convertirse en foco de querellas políticas con el único objetivo de buscar la inestabilidad mediante su dimisión. Es lo que se conoce como Lawfare, una guerra jurídica con el único fin de dañar la imagen del oponente. Y en un sistema judicial tan politizado, donde la derecha conserva un férreo control de la magistratura en todos sus estratos, resulta especialmente arriesgado dejar toda una carrera política en manos del juez de turno.

Lo sabe bien Santiago Cervera, retirado de primera línea de la gestión pública tras más de dos años inmerso en un proceso judicial que acabó en absolución, y con una multa posterior al exdiputado por criticar la labor del juez instructor. Y así lo ha entendido también Podemos, el partido que promovió el cambio de la normativa en Navarra, que ha modificado sus estatutos para vincular la dimisión a la apertura de juicio oral, no a solo a la investigación.

Todo apunta así a una dimisión, antes o después, del consejero de Desarrollo Económico, que ya ha mostrado su voluntad de dejar el cargo si el Supremo lo llama a declarar. No está claro cuándo será eso, pero es seguro que la causa llegará más lejos de lo que lo hizo la de las dietas de Caja Navarra, cerrada de forma rápida por el Supremo sin testificales pese a que los hechos denunciados partían de un juez de instrucción y no de un partido con intereses políticos en la causa. Y desde luego mucho más que cualquier otra operación fallida de Sodena durante la etapa de UPN. Alguna de ellas con actuaciones bastante más atípicas que la de Davalor.

Con la dimisión de Ayerdi será además la Audiencia Provincial quien deberá decidir si abre juicio al todavía consejero, que se enfrenta a un largo peregrinaje judicial si finalmente es acusado. Porque incluso en el caso de salir absuelto, la acusación podrá recurrir hasta el Supremo y pocas dudas quedan de cuál será la actitud de la derecha navarra, que ya tuvo a Uxue Barkos de tribunal en tribunal durante cinco años. Y porque algunos de los dirigentes de UPN, muy vinculados a la etapa de Yolanda Barcina, guardan una especial inquina personal a Ayerdi por la comisión de investigación parlamentaria de Lourdes Goicoechea.

Algunos en UPN guardan una especial inquina personal a Ayerdi por la comisión de investigación de Lourdes Goicochea