Republicanismo

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19.12.2020 | 23:28
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Escribí hace más de dos años en esta columna (artículo "Davalor", 9 de septiembre de 2018), cuando el PSN le zurraba la badana al gobierno de Barkos, que "Ayerdi debió encontrar, nada más llegar al despacho, una situación urgente en relación con Davalor. Le hablarían de que había miles de pequeños inversores que de la noche a la mañana iban a perder su dinero si el Gobierno no prestaba un soporte vital a la empresa. Eso, y la tópica idea de que hay que promover un desarrollo industrial orientado a sectores, como el sanitario, que nadie discute que tienen magro futuro. Tras ese análisis tan superficial llegó el dinero de Sodena, apenas una cataplasma, que no ha evitado que la fatuidad de unos listos haya devenido en un concurso de acreedores, inevitable cuando no se tiene nada valioso que ofrecer al mercado. Fin de la película, fin de los sablazos". También comenté entonces, y siendo Ayerdi vicepresidente económico, que "la gestión en los departamentos de Desarrollo Económico y Hacienda nos ha devuelto una cierta manera de hacer las cosas basada en tomarse en serio los asuntos y huir de las bravuconadas y las angustias. Algo sencillo, pero algo que se había perdido en recientes legislaturas". Hacía referencia a las que tuvieron como referentes en el despacho de Carlos III a personajes tales que Miranda o Goicoechea, bien distintos pero igual de lamentables. Ha llegado la decisión del Tribunal Supremo de abrir investigación sobre el asunto Davalor y no han cambiado aquellas consideraciones. Para mí, Manu Ayerdi podrá haber sido ingenuo en el análisis e impetuoso en la decisión, pero no creo que haya actuado ni con nepotismo culposo ni mucho menos con motivación delictiva. Hizo muy bien su trabajo en la pasada legislatura, poniendo límite a todas las incertidumbres que se cernían sobre la hacienda foral en época Barcina, la primera de las cuales llegó a ser, créanme, cómo pagar la nómina del mes. Hay personas que me han contado que el todavía consejero de Desarrollo Económico y Empresarial contesta sus correos electrónicos incluso los domingos por la tarde, lo que concuerda con la actitud cercana y franca que también yo percibí en él durante los pocos meses en los que coincidimos en el Parlamento foral. No se dedica a farolear, ni se ha vuelto gilipollas por ocupar cargo público. No me gusta que hable en mangas de camisa cuando responde a los parlamentarios, y tampoco entiendo que otorgue tanto protagonismo en su faz a las gafas para la presbicia. Pero ha sido el mejor en su puesto en toda la última década. Su gran fallo en Davalor es que se dejó llevar por los tópicos al uso: una empresa local, innovadora, que trabajaba en el área de la salud y que tenía proyección industrial. Muchas estafas financieras se han hecho apelando a estas virtudes. El timo de la estampita de hoy día consiste en decir que se ha generado un algoritmo, que hay un sistema de inteligencia artificial que hace no sé qué, o que estamos ante un avance disruptivo para conseguir "un mundo mejor". Tópica basura, que a muchos puede manchar, y más en un área tan poco inteligible para la mayoría como es la sanitaria. Con una llamada a una persona que supiera un poco, solo un poco, de estas cosas, nos hubiéramos evitado el fiasco. Y Ayerdi la inevitable dimisión.

No tenía ni idea de la existencia del famoso artículo 68 de la ley foral del Gobierno, que establece que un cargo público que sea declarado investigado debe cesar en sus responsabilidades. Es un bodrio absoluto. Está redactado penosamente, usando ese tipo de expresiones rebuscadas que pretendidamente quieren definir en ampuloso lenguaje legislativo lo que constituiría una idea sencilla. Por favor, que levante el dedo el parlamentario foral autor de la boñiga, por más que ninguno de ellos votara en contra. Pero lo peor del parrafito no es su incurría formal, sino la barbaridad política que perpetra. Nos llenamos la boca hablando de separación de poderes, y aquí tenemos el caso de que uno de ellos, el ejecutivo, se supedita a otro, el judicial. De forma y manera que si cualquier garzonito –ya saben que es mi personaje favorito de la judicatura, identificable en muchos de sus estamentos– declara investigado a cualquier político, estará firmando a la vez su decreto de cese. Los que votaron aquello, entre ellos Chivite, seguro que creyeron que aquel día daban un gran paso en la regeneración democrática. Lo que hicieron es demostrar que no entienden de dónde surge la legitimidad de los cargos públicos, y que su desempeño ético no puede ser tabulado por norma escrita alguna, sino por la conciencia recta del servicio público. Ahora, por bobos, que se metan por ahí el supositorio, a ver si soluciona algo.

Ayerdi habrá sido ingenuo e impetuoso en la decisión, pero no creo que haya actuado ni con nepotismo ni motivación delictiva

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