ay una tendencia casi natural de los poderes públicos por insuflar optimismo en la población. La economía es un estado de ánimo, y nada peor que el miedo generalizado a una nueva crisis económica para acabar haciendo real la profecía. Por eso es habitual escuchar a los gobernantes anunciar previsiones positivas a medio plazo que sirvan para mantener el ánimo (y el consumo), y hacer más llevadera la dificultad del momento.
La gestión de las expectativas se ha convertido así en uno de los principales problemas de la pandemia. Hay prisa por dar buenas noticias, y en ocasiones se comete el error de correr demasiado. Porque las buenas previsiones no siempre se cumplen, lo que muchas veces acaba generando desconfianza en las instituciones. Sobre todo si los mensajes públicos resuenan oportunistas y contradictorios en medio del ruido político.
La polémica generada a cuenta de los Sanfermines de este año es un buen ejemplo. Es evidente que no se dan las circunstancias sanitarias para celebrar una fiesta multitudinaria que atrae a decenas de miles de personas. Así que su suspensión resulta una obviedad que no hay que matizar. Porque de la misma forma que no se puede evitar que las familias se reúnan en Nochebuena si se llenan las calles de luces navideñas, resultará difícil convencer a los ciudadanos de que cumplan las medidas sanitarias si el Ayuntamiento anda preparando las fiestas patronales. A fin de cuentas, la mera suspensión de los Sanfermines lleva implícito un mensaje subliminal. Esto no se ha acabado, ni lo va a hacer en breve, así que no conviene relajarse.
Es lo que vino a decir la presidenta María Chivite cuando afirmó que "no va a ser posible" celebrar los Sanfermines. Pero que en lugar de aclarar la situación ha acabado provocando un debate en torno a quién tiene la competencia de anunciar la suspensión de las fiestas, con el alcalde Enrique Maya planteando celebrar corridas de toros. Y lo que debería haber sido una reflexión única y coherente de dos de las principales autoridades de la comunidad, representantes de dos sensibilidades políticas diferentes, ha acabado en un mensaje confuso que cada ciudadano interpretará después a su manera.
Algo realmente preocupante en un momento en el que la credibilidad de las instituciones resulta fundamental para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias. Y en el que la urgencia por dar buenas noticias corre el riesgo de acabar generando mayor frustración. Incluso en un escenario relativamente positivo, como empieza a ocurrir con el proceso de vacunación, que pese a la euforia inicial está resultando improvisado e indefinido.
Parece claro ya que no será posible tener vacunada al 70% de la población en verano. Un compromiso asumido sin las suficientes garantías, y que ha generado expectativas en los colectivos vulnerables y en los más expuestos al virus que se pueden ver incumplidas. El propio Gobierno de Navarra ha rebajado ya el objetivo a un 40%-60% por los problemas de suministro, lo que va a obligar a mantener la mayoría de las restricciones presumiblemente hasta final de año. Con lo que implica desde el punto de vista social y económico. Y esa es una realidad que conviene no enmascarar.
Estos problemas con el proceso de vacunación anticipan además mayores dificultades en la gestión de los fondos europeos. El otro gran reto que van a tener que afrontar en los próximos meses el Gobierno central y los autonómicos, y que por ahora queda en el ámbito del marketing político. Empresas, bancos y administraciones públicas suspiran con la llegada de miles de millones de euros de los que sin embargo se desconoce la cuantía real, los criterios de reparto, y quiénes serán los responsables de gestionarlo. Ni por supuesto las condiciones asociadas que van a tener unas ayudas que los socios europeos van a fiscalizar con detalle.
La aprobación del decreto en el Congreso ha dado carta blanca al Gobierno central, que tendrá la última palabra en un reparto en el que tampoco se conoce el papel que jugarán las comunidades autónomas, que van a contar con bastante menos fondos de los que inicialmente se les había prometido. Así que es probable que buena parte de los proyectos presentados en las últimas semanas por las CCAA -en algunos casos presupuestariamente desorbitados y muy alejados de la estrategia digital y verde que promueve la UE- se queden finalmente en el cajón.
Un año después de que aparecieran los primeros casos de covid en Europa, la gestión de la pandemia sigue siendo un reto inédito y muy complicado en el que resulta fácil errar. La urgencia del momento exige decisiones precipitadas que a veces hay que rectificar. Algo totalmente comprensible, pero que requieren mayor claridad y transparencia por parte de una clase política -gobierno y oposición -que afronta el cometido en medio de un descrédito generalizado. Y con serias dificultades para mostrar una visión de medio y largo plazo que vaya más allá de la disputa retórica del día a día, pero que cada vez resulta más necesaria.
Antes o después las prisas por dar buenas noticias se acaban tropezando con la realidad, que exige más visión de medio y largo plazo
