El de los fondos europeos -y su gestión- está siendo uno de los principales debates de la legislatura. Y, también, uno de los principales motivos de choque entre los grupos parlamentarios e incluso entre los socios de Gobierno.

La semana pasada, la creación de la oficina Next Generation -para coordinar la gestión de dicho fondo- dentro del organigrama del departamento de Hacienda provocó recelos en el de Relaciones Ciudadanas, depositario de todo lo que tiene que ver con las relaciones con Europa.

Este lunes, los fondos de la UE volvieron a enfrentar a los grupos. Esta vez, en lo tocante a la transparencia y la rendición de cuentas, que Navarra Suma y EH Bildu denunciaron como insuficiente. El resto de partidos coincidió con las reclamaciones, pero el PSN, partido mayoritario del Ejecutivo, trató de explicar que el Gobierno de Navarra cuenta con la información que viene desde la Unión Europea, la encargada de poner en marcha los fondos. Y que si no se da más es porque no la hay. También esta es la respuesta oficial del Gobierno, que ha excusado remitir más documentos a los partidos de oposición alegando que no cuenta con información completa. Algo que no ha convencido ni a Navarra Suma ni a EH Bildu, ni tampoco del todo a Geroa Bai, principal socio del Gobierno, que el lunes deseó que las peticiones sean atendidas, para lo que Navarra tiene que ponerse al frente de la gestión, no a la sombra del Estado.

La polémica ha surgido a raíz de dos peticiones de información. Una de Navarra Suma y otra de EH Bildu. La de la derecha se remonta a finales de octubre. Esparza pidió la relación de los 125 proyectos que ha presentado Navarra por valor de 3.400 millones. “Y lo que nos responde el vicepresidente Remírez es que no los pueden dar porque están en distinto nivel de madurez”, dijo Esparza, quien cree que esta forma de proceder se está convirtiendo “en una manera de hacer política por parte del Gobierno”.

Tampoco han quedado conformes los soberanistas. EH Bildu también ha solicitado la relación de los proyectos, sin éxito. Además, con lo que a juicio de los de Ruiz ha sido “marear la perdiz”. El Ejecutivo les pidió quince días de margen para reunir toda la documentación; a los quince días, solicitaron a los soberanistas otra quincena para rematar la petición. Y al cabo de un mes, el Gobierno les trasladó un documento mínimo ya publicado en la web, y que no contentó a EH Bildu. Hasta el punto de que Araiz ha pedido amparo al presidente del Parlamento.

A la espera de que se resuelva, el resto de fuerzas apuntaron también la necesidad de que el tráfico de información sea fluido, pero enmarcando cada cosa en su contexto. “Yo no entiendo que sea falta de transparencia, porque esto viene de Europa y se traslada a las comunidades autónomas”, explicó Ramón Alzórriz, del PSN. “Comparto que la falta de información y menos la transparencia nunca pueden ser un problema en esta materia”, dijo Uxue Barkos. “Hay muchas indefiniciones en el ámbito europeo”, justificó Mikel Buil, de Podemos, que intentó deslindar lo que puede ser una falta de información puntual de lo que significa la falta de transparencia. Y, por último, Marisa de Simón (I-E) aprovechó el debate para señalar que lo importante es dónde terminarán esos fondos, “preocupante si acaban en empresas privadas”.