- La reforma del Código Penal que pretende sacar adelante el Gobierno español prevé excluir los llamados delitos de expresión, que considera “controvertidos”, entre los que incluye el enaltecimiento del terrorismo, las injurias a la Corona, el de odio y los relativos a los sentimientos religiosos. Anuncio que llega en puertas del encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, condenado a nueve meses de prisión por varios tuits y un vídeo de YouTube, tiempo que llegará hasta los dos años y medio debido a las multas económicas que lleva aparejada su sentencia y que no liquidará. Según el Ministerio de Justicia, esta modificación está encaminada a que solo se castiguen aquellas conductas “que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta, con penas disuasorias, pero no privativas de libertad”. La Moncloa propondrá que “los excesos verbales” en el contexto de “manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales” permanezcan al margen del Código Penal, porque “ni es la herramienta más útil, ni es necesaria, ni es desde luego proporcionada”. Justicia precisó que el Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Derecho Europeo reclaman una precisión sobre estos delitos.

El asunto ha provocado una marejada interna en el Gabinete de coalición en tanto que Unidas Podemos cursó en el Congreso una proposición de ley para proteger la libertad de expresión en los mismos términos, aunque el PSOE señaló que la formación morada no le adelantó su contenido. “Tenemos un acuerdo de gobierno y una dinámica y éxitos comunes, pero somos fuerzas distintas y estamos en campaña electoral”, admitió el número dos de los socialistas en la Cámara baja, Rafael Simancas. No hizo sino darle la razón al Govern. Su portavoz, Meritxell Budó, enmarcó la iniciativa en un “anuncio electoral”. “Después de las elecciones veremos si hay o no voluntad real de afrontar el fin de tanta represión, la que sufren unas 3.000 personas represaliadas en Catalunya y gente como Pablo Hasél. Una cosa son las palabras y otra los hechos”, zanjó. Desde Podemos se argumenta que “en los últimos años estamos asistiendo en España a una deriva autoritaria que ha llevado a restringir de manera alarmante el derecho fundamental a la libertad de expresión por la vía administrativa, mediante la ley Mordaza, y por la vía penal, a través de algunos artículos del Código Penal, provenientes de la dictadura, que criminalizan conductas como el envío de mensajes en redes sociales o canciones de rap”.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, matizó que este paso no significa renunciar a otras decisiones como la de crear el delito de apología del franquismo. “El Gobierno simplemente quiere dotar de proporcionalidad a esta norma y aportar un marco mas seguro, y por la vía más rápida posible”, dijo, atribuyendo este anuncio sorpresa a la “frescura y la capacidad de escucha activa” del Ejecutivo. “Todo es importante e influye”, añadió respecto al manifiesto firmado por más de doscientos artistas pidiendo la libertad de Hasél. La revisión de estos delitos puede incluirse en la reforma global del Código Penal en la que trabaja el Ministerio de Justicia, que prevé retocar la sedición y la rebelión, tras lo acontecido con el procés y el fallo del Tribunal Supremo. Sobre estos movimientos paralelos entre los miembros de coalición y posible falta de coordinación con el PSOE, el portavoz morado, Jaume Asens, afirmó que no tiene “malestar ninguno” con el departamento dirigido por Juan Carlos Campo. Eso sí, Podemos ve esa declaración “insuficiente” y “más allá” con un texto ya definido para abordar el problema. “Por supuesto que el PSOE conocía la proposición de ley”, replican. Es más, informaron a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes.

En este contexto, las asociaciones de jueces con mayor representación en la Carrera solicitaron consenso entre todas las fuerzas políticas y aparcar las reformas “en caliente” respecto de cualquier cambio en el Código Penal. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, no lo ve “urgente ni necesario” porque la libertad de expresión está “perfectamente garantizada; la prioridad debería ser la lucha contra el enaltecimiento del terrorismo”. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también reprendió a Moncloa: “Ya está bien de usar los indultos para sacar de la cárcel a los amigos del Gobierno”. Vox cree que, con la reforma del Gobierno, el delito de odio solo se aplicará a quienes señalen sus socios.

“Después de las elecciones veremos si hay voluntad real o no de afrontar el fin de tanta represión”

Portavoz del Govern

“Hemos presentado una proposición de ley en los mismos términos para tener un texto definido”

Portavoz de U. Podemos en el Congreso

“Los excesos verbales [en expresiones artísticas] deben permanecer al margen del castigo penal”

Comunicado oficial