Koldo Martínez: "Echo en falta que se regule también el suicidio asistido"

04.04.2021 | 00:38
"En este proceso interviene todo un sistema sanitario, social y de ética; entre la petición y la finalización hay distintas fases"

Doctor en Medicina y Magister en Bioética, Koldo Martínez acumula una amplia experiencia en torno a la cuestión de la eutanasia y sus aristas

El senador autonómico por Navarra, con muchos años de medicina detrás, considera un "hito importantísimo" la aprobación de esta ley, dentro del "reconocimiento a la autonomía de las personas, de la capacidad para poder decidir sobre tu vida y tu muerte", aunque "eche en cara a los socialistas" que no hayan aprobado también el suicidio asistido.

Está a favor de esta ley en la que sin embargo encuentra excesivas limitaciones e inconcreciones.

–Vengo defendiendo mi posición a favor de la regulación de la eutanasia y del suicidio asistido, que son las dos únicas prácticas clínicas que en España estaban todavía sin normatizar. Yo voté a favor de esta ley aunque el texto podía haber sido mejorado notablemente.

¿Por qué?

–Por ejemplo, la ley no dice quién va a ser el agente último del proceso de la eutanasia. Se cita ochenta y tantas veces al médico, la palabra equipo sanitario sale ocho, y la palabra enfermería, mediante una enmienda que se aprobó en el Senado, sale dos veces. Curiosamente, quienes van a ser los agentes últimos del proceso va a ser enfermería. Y esto, que no se dice en la ley, me lo dijeron en una reunión con cargos del Partido Socialista promotores de la ley, entre ellos María Luisa Carcedo. Quien va a poner la inyección final va a ser el personal de enfermería y sin embargo casi ni se les menciona en la ley. Y eso me parece terrible. Es más, no se le permite participar en todo el proceso de deliberación del médico con el paciente a lo largo de los cuarenta días que transcurren si todo va bien entre la primera petición y el acto final de la eutanasia, y eso es una gran contradicción.

¿Qué más echa en falta?

–Que no se regule el suicidio asistido.

Recuérdenos la diferencia entre ambos conceptos.

–Tenemos al mismo paciente en una situación terminal, tal y como describe la ley o un sufrimiento intolerable. En la eutanasia es el profesional sanitario el que te inyecta la medicación y te mueres inmediatamente, y en el suicidio asistido lo que hace el profesional sanitario es rellenar una receta, en la farmacia adquieres la medicación, la llevas a tu casa, y decides si la tomas y cuándo la tomas. María Luisa Carcedo me decía que si una persona puede hacer eso no tiene un sufrimiento insoportable. Cómo que no, puede ser tan insoportable como el otro, solo que muchas veces sentirse dueño de esa capacidad de tomar la pastilla a las personas les empodera, les hace sentirse mejor. El modelo que los socialistas me dijeron que habían elegido era el holandés. Pero hay un modelo que es el Oregón, donde se despenalizó el suicidio asistido. Allí hubo varios referéndums que pretendían despenalizar la eutanasia, y se perdían. Hasta que plantearon despenalizar el suicidio asistido, y se ganó, hace veinte años. Allí se ha demostrado que una de cada tres personas a las que se les receta la medicación, fallecen por otras causas. No se suicidan, se empoderan, sentirse dueños de su vida y de su muerte les hace sentirse mejor, y son capaces de tolerar el sufrimiento que tengan.

Háblenos de los condicionantes en la ley aprobada.

–Se tiene que demostrar que el paciente a la hora hacer esa solicitud es libre, capaz, consciente, no tiene presiones externas ni internas como podría ser una depresión. En ese caso se le echaría atrás la petición de eutanasia en la medida en que se entiende que una persona deprimida no es libre, consciente, voluntaria, etcétera. En Holanda el 50% de las peticiones de eutanasia se echan atrás. Entre quienes están desaforadamente a favor de la eutanasia, entiéndase el adverbio, no comprenden que entre la petición y la realización del acto, pasen cuarenta días, te tenga que ver un médico responsable, sus decisiones tengan que ser contrastadas con otro médico, que la ley llama consultor, además de que va a haber una Comisión de Garantía y Evaluación. Hay gente que dice que es dueña de su vida y de su muerte, y si la pide se tiene que reconocer. Pues no, porque esto es un proceso en el que intervienen otras personas distintas y todo un sistema sanitario, social y de ética. Lógicamente, entre la petición y la realización tienes que ir pasando por distintas fases.

Muchas personas pueden fallecer esperando entre dolores un dictamen.

–Yo soy partidario de esta ley, pero también le digo que hoy día, con todas las cosas que podemos hacer al final de la vida, desde el paliativismo, el rechazo de tratamientos, a la alimentación, la sedación paliativa, o la adecuación terapéutica, el 99% de los casos está resuelto. Es decir, que quien hoy se muere mal es porque no está siendo tratado de acuerdo con la lex artis. Hoy el dolor se puede quitar al 99,9% de los pacientes, pero efectivamente, puede haber pacientes que pidan la eutanasia, y que en el proceso ese de los cuarenta días, si todo va bien, porque o bien el primer médico o el segundo, no lo vean claro y lo tengan que estudiar más, y cuarenta días se prolonguen. Pero claro que puede haber pacientes que fallezcan en ese periodo.

¿Hay margen de mejora en la administración de paliativos?

–Las leyes lo que hacen es reconocer derechos. Y en España la ley reconoce el derecho a la atención paliativa a toda la ciudadanía. Y lo que hace esta ley es garantizar el derecho a la prestación de ayuda para morir en forma de eutanasia. Desde luego hay que pelear por que todos los ciudadanos tengan acceso a cuidados paliativos de calidad es un trabajo por hacer y desarrollar. Por cierto, algunas comunidades están mucho mejor que otras. En Navarra estamos muy bien, en esa comparación. Otra cosa es que se haya reconocido un derecho a morir de otra manera.

El Comité de Bioética de España se ha manifestado en contra.

–Efectivamente, yo estoy en total desacuerdo con lo que dice, creo que es un posicionamiento ideológico.

Está además el asunto de la objeción de conciencia.

–Se crea un registro de objetores. pero en la medida que la ley no dice quiénes son los que van a intervenir directamente en el proceso... ¿Quién se puede apuntar a ese registro? Por ejemplo: hay dos estudios de colegios de enfermería, en el que el 33% de las enfermeras dice que objeta incluso a hablar con el paciente del derecho que tiene a la eutanasia. Pues yo creo que eso no puede ser. Esos es inaceptable. A eso no deberías poder objetar. ¿El registro estigmatiza? Tanto al que se apunta como al que no. Y no ha funcionado el registro en los objetores al aborto. Yo creo que la ley debería haber hecho es especificar claramente quiénes son los agentes directos en el proceso de eutanasia, que deberían ser los únicos que pudiesen hacer objeción de conciencia.

Mencionaba antes que habrá una Comisión de Garantía y Evaluación.

–De creación española, que no existe en ninguna parte del mundo. Tres miembros de esa comisión analizan nuevamente el caso tras el análisis de los dos primeros médicos. La ley dice que la comisión tiene que estar compuesta por un mínimo de siete miembros, entre los que habrá médicos y juristas, y tras una de las enmiendas del Senado, enfermeras. La petición de eutanasia se debe dar dentro de la relación clínica, entre un paciente y su equipo sanitario. Meter además otra comisión para los socialistas es más garantista. Es verdad, pero es meter un sujeto extraño en una relación clínica. En todos los centros sanitarios están los comités de ética asistencial, que no sé por qué no van a ser los que intervengan. Las Comisiones de Garantía los nombrarán los gobiernos autonómicos, excepto en Ceuta y Melilla. ¿Las garantías de equidad en el trato van a ser las mismas en la comunidad de Madrid que en Navarra donde está al frente del Gobierno Chivite o en Euskadi donde está Urkullu? Esto crea inseguridad jurídica y arbitrariedad.

Tiene también reservas sobre la entrada en vigor de la ley.

–Va a tardar tres meses. A finales de junio. Pero hay tal desinformación entre la población y tal falta de formación entre los profesionales sanitarios. En Nueva Zelanda, por ejemplo, se ha dado el plazo de un año para poner en vigor la ley. En Australia me parece que se han dado 18 meses.

Tres meses lo ve un plazo escaso.

–Escasísimo. Entre otras cosas porque hay que preparar un montón de documentos para dar constancia fidedigna del proceso.

"En este proceso interviene todo un sistema sanitario, social y de ética; entre la petición y la finalización hay distintas fases"