- El Gobierno de Navarra prevé empezar a recibir en breve las primeras ayudas del fondo para la recuperación y la resiliencia que promueve la Unión Europea, antes incluso de que Bruselas apruebe la propuesta remitida el pasado viernes a la Comisión Europea, y de cuyos detalles poco o casi nada se conoce por ahora. Son principalmente partidas recogidas en los Presupuestos Generales del Estado, a los que el Gobierno central empieza ya a dar luz verde para acelerar su puesta en marcha mientras llegan los fondos de la UE, previstos para el segundo semestre.

Se trata en cualquier caso de inversiones todavía pequeñas en cuanto a volumen económico, pero que van a permitir acometer proyectos que no estaban recogidos en los Presupuestos de Navarra, por lo que el Gobierno foral confía en que sirvan para reactivar la economía tras un primer trimestre en el que las restricciones han provocado una nueva caída del PIB. Algunas han recibido la aprobación del Consejo de Ministros, y la Hacienda Foral ha empezado ya a habilitar las autorizaciones de gasto correspondientes para iniciar los primeros procesos administrativos. Las primeras convocatorias públicas saldrán en breve.

Estarán vinculadas a los departamentos de Medio Ambiente y Derechos Sociales. Ambas consejerías han recibido el visto bueno de sus respectivos ministerios, que son quienes más avanzado tienen el trabajo por ahora en el Consejo de Ministros. De hecho, el Departamento que dirige Itziar Gomez ha aprobado ya sus primeros proyectos, por valor de 6,6 millones, que se van a traducir en dos convocatorias de ayudas. Una para la correcta gestión de los residuos (5,3 millones) y otra para la conservación de la biodiversidad a través de la convocatoria de ayudas para la modificación de tendidos eléctricos (1,3 millones).

Además, Medio Ambiente confía en recibir en los próximos días la autorización para poner en marcha otra decena de proyectos por valor de 10 millones dirigidos a reforzar la gestión forestal sostenible, mejora de cauces fluviales, y prevención de incendios. Todas estas iniciativas están incluidas dentro del plan Navarra Green, una estrategia de largo plazo en la que el Gobierno foral ha incluido los proyectos vinculados a la sostenibilidad medioambiental y económica.

En similar situación se encuentra el departamento de Derechos Sociales, que también tiene el visto bueno del Ministerio para algunos de sus proyectos. El pasado viernes la ministra Ione Belarra avanzó a las comunidades los criterios de reparto de los 730 millones para mejorar los sistemas de cuidados, de los que Navarra va a recibir 11 millones.

La autorización del gasto queda pendiente de la firma de un convenio bilateral con el Ministerio que el Ejecutivo foral confía en concretar este mismo mes de mayo. Ese dinero se va a destinar a una decena de proyectos que irán dirigidos fundamentalmente a mejorar los centros residenciales y centros de día para personas mayores o con discapacidad. Otra parte importan de estas primeras ayudas irá destinada a poner en marcha un sistema de teleasistencia y sistemas digitales de control para la atención de personas dependientes en su propio domicilio.

Según el sistema de reparto de los fondos decidido por el Gobierno central, son los propios ministerios los encargados de aprobar cada una de las partidas que se van a financiar con fondos europeos, y fijar criterios de reparto para las ayudas. Y ahí la situación de cada departamento todavía está en puntos muy diferentes.

Algunos, como Medio Ambiente o Derechos Sociales han acelerado los trámites antes incluso de que Bruselas valide todo el proyecto. También Justicia, que acaba de autorizar 517.000 euros para la digitalización de la Justicia en Navarra. Otros, como Industria, todavía no han aclarado cuál será el criterio. En cambio, el Ministerio de Ciencia van a gestionar directamente los fondos sin compartir su gestión con las comunidades.

Tampoco hay un criterio común para el reparto territorial. En el caso de los REACT, las ayudas dirigidas a paliar las consecuencias directas de la pandemia, el Estado ha fijado criterios de impacto económico, lo que ha beneficiado a las regiones más dependientes del turismo y ha perjudicado a zonas más industriales como Navarra. Algunos ministerios han optado por el peso poblacional, y muchos todavía no lo han decidido. En este sentido, el Gobierno foral reclama que también se tenga en cuenta la capacidad real de inversión de cada comunidad autónoma, para evitar que parte de la financiación se quede sin ejecutar por falta de capacidad administrativa.

Todo en cualquier caso se irá aclarando en las próximas semanas en las distintas reuniones sectoriales que los ministerios están manteniendo con las comunidades autónomas. Industria, por ejemplo, tiene prevista una para mediados de mes, y es probable que entonces se concreten algunos detalles importantes, como la gestión de las ayudas público-privadas dirigidas al desarrollo del vehículo eléctrico. Ahí Navarra tiene un interés estratégico. Algo parecido ocurre con Vivienda, donde el Gobierno foral confía en contra con fondos para la rehabilitación de vivienda y para la creación de un centro de investigación de construcción industrial y robótica. Ambos proyectos, la apuesta por la movilidad sostenible y la rehabilitación de vivienda, van a ser el destino principal de los fondos europeos, 13.200 millones y 6.820 millones respectivamente en los próximos tres años.

Financiación Europea. La Comisión Europea cuenta con diversos programas de financiación con objetivos diferentes. De las ayudas a la agricultura (la PAC), al intercambio de estudiantes (Erasmus), pasando por los tradicionales fondos estructurales para cohesión entre los estados. Algunas están recogidas en los presupuestos de la UE, y otras son extraordinarias.

Next Generation. Este último caso es el de las ayudas destinadas a la reactivación económica tras la pandemia, y que se ha denominado Next Generation. Una herramienta temporal para dotar de músculo económico a los estados miembros. Se trata de un plan centrado en la economía verde y digital, y se debe ejecutar de forma urgente para aprovechar su impacto económico. 750.000 millones. Se trata de un plan de inversiones dotado con 750.000 millones. De ellos 360.000 millones son subvenciones a fondo perdido que los estados no tendrán que devolver. Los otros 312.500 millones son préstamos. Por primera vez, la Unión Europea emitirá deuda conjunta para financiar la inversión. Un paso importante para la unión económica.

El reparto. El reparto por Estado se ha acordado con criterios de tamaño y necesidades económicas. España cuenta con 140.000 millones que recibirá en los tres próximos años, y que deberá ejecutar antes de 2026. Aproximadamente la mitad será a fondo perdido.

Las herramientas. Las ayudas se van a ejecutar con varias herramientas de financiación diferentes. A la principal se le ha denominado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MMR), está dotado con 672.500 millones. El segundo más importante es el REACT, de 47.500 millones.

La inversión en España. En el MMR al Estado español le corresponden 60.000 millones en transferencias no reembolsables y podría acceder a un volumen máximo de 80.000 millones en préstamos.

En cuanto al fondo REACT, España recibirá algo más de 12.000 millones

para su ejecución entre 2021 y 2022.

Reparto de los fondos. La gestión de los fondos es competencia del Gobierno central, que ha decidido delegarlo en los ministerios. Cada uno de ellos fija los criterios y los programas priotarios de inversión en conferencias interterritoriales. Las CCAA deben presentar después proyectos que encajen en las áreas sectoriales asignadas.

Los PERTE. Son proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. A través de ellos se van a canalizar las mayores inversiones en colaboración con el sector privado. Están sin definir.

El Gobierno foral prevé ir recibiendo autorizaciones de gasto de los ministerios para inversiones sectoriales en las próximas semanas