La comisión que determina quién es víctima de abusos policiales en Navarra tardará un año en ponerse en marcha

El Parlamento va a aplazar a septiembre el nombramiento de los cuatro miembros que tiene derecho a designar, y el Gobierno detallará en un decreto los pormenores de la ley, pendientes tras el aval del Constitucional

08.06.2021 | 19:29
Homenaje a Mikel Zabalza en 2015

La ley navarra de reparación de víctimas de violencia policial y grupos de extrema derecha va a tardar al menos un año en ponerse en marcha.

El mes pasado, el Tribunal Constitucional tiró por tierra los recursos a la totalidad de la norma que presentaron el PP y Vox –a los que el alto tribunal reprochó cierta ligereza a la hora de acudir a los tribunales– y dejó el camino libre para el desarrollo de la norma. Pero la falta de consenso entre los grupos del Parlamento y la ausencia de desarrollo concreto en la ley van a prolongar los plazos.

Coinciden, básicamente, dos cuestiones. La Cámara va a dejar para la vuelta del verano el nombramiento de los cuatro miembros que tiene derecho a designar en la comisión de nueve expertos –lo más importante de la ley– que dictaminará quién adquiere la categoría de víctima y, por tanto, quién accede a las ayudas económicas y de reparación psicológica y sanitaria.

Y, en segundo lugar, ocurre que el Gobierno tiene pendiente el desarrollo pormenorizado de la norma, con el detalle concreto de aspectos tan importantes como la forma en la que tendrán que presentarse las instancias, las cuantías económicas que recibirán las víctimas o el funcionamiento de la comisión de expertos. Algo en lo que ya se venía trabajando mucho antes del fallo del Constitucional, pero que todavía tiene que terminar de definirse.

Tras el aval de la justicia, el Gobierno de Navarra se marcó el objetivo de desarrollar la ley cuanto antes. Por compromiso con las normas emanadas del Parlamento –desde 2015, la norma solo ha tenido la oposición de la derecha– y también por compromiso ético, por tratarse de unas víctimas invisibles durante décadas.

Así, el Parlamento aprobó el 31 de mayo las bases para la designación de los cuatro expertos en la comisión. Se dio de plazo hasta el 17 de junio para que los grupos y asociaciones que trabajan en el ámbito de los Derechos Humanos pusieran encima de la mesa los nombres de los expertos, que tendrán que acreditar una solvencia suficiente para asumir un cargo de seis años y serán elegidos por mayoría absoluta.

A LA VUELTA DEL VERANO

Pues bien, todo apunta a que ese plazo se va a posponer a la vuelta del verano. Los grupos del Gobierno –PSN, Geroa Bai y Podemos– no tienen votos suficientes, así que tienen que consensuar con la oposición los nombres. No es sencillo. Se ha visto, recentísimamente, con la terna de juristas para el TSJN.

Pero, en este caso, además, al hecho de tener que pactar con derecha o soberanistas se suma que es un tema sensible a uno y otro lado. Además, los contactos ni siquiera han empezado y el verano amenaza con paralizarlo todo. Así que lo más normal es que el Parlamento decida, la semana que viene, posponer al mes de septiembre el nombramiento de los cuatro expertos en la comisión.

Eso, para empezar. Porque los trabajos no echarán a andar una vez esté nombrada la comisión: la ley precisa de un desarrollo normativo que tiene pendiente el Gobierno, y que ocupará al menos entre 6 y 8 meses. Así que los miembros pueden estar nombrados, pero no empezarán a analizar casos hasta que esté claro cómo será el formulario de solicitudes, cada cuánto se reunirán, dónde, si cobrarán o no dietas...

El departamento de Relaciones Ciudadanas y el de Justicia, dirigidos por Ana Ollo y Eduardo Santos, respectivamente, ya se han puesto a ello. Ollo firmó el lunes una orden foral que marca que el Ejecutivo empieza a trabajar en un decreto para desarrollar los pormenores de la ley. Y Santos ya ha remitido a Relaciones Ciudadanas la terna de funcionarios –dos forenses y una psicóloga– que ocuparán otros tres asientos en la comisión.

Lo que establece la orden foral es que será un decreto el que articule los detalles de la norma. Y la tramitación de un decreto, por rápido que quiera hacerse, ocupa entre seis y ocho meses. Con el verano de por medio, todo apunta a 2022 y hay algunos grupos que creen que, como pronto, la comisión tendrá todo para funcionar en la Semana Santa del año que viene.

HORIZONTE ELECTORAL

Por si fuera poco, hay un último aspecto que se tiene en cuenta: el horizonte electoral. Ni el Gobierno ni el Parlamento quieren que se retrasen tanto los trabajos hasta el punto de que la comisión se ponga en marcha a poco de las elecciones. Los grupos consideran que podría correrse el riesgo de que la comisión de expertos se viera enturbiada por el debate partidista, que se recrudece todavía más en periodo electoral, y que no ha sido especialmente ponderado en lo tocante a las víctimas en los últimos años.

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