Franco divide al Gobierno y la justicia

Así ha quedado de manifiesto en la sesión de control al Ejecutivo que se ha celebrado en el Congreso, donde la diputada navarra Bel Pozueta (EH Bildu) ha preguntado a la vicepresidenta Carmen Calvo su opinión acerca de que la justicia ampare en la libertad de expresión la existencia de la Fundación Francisco Franco.

"El informe contiene aspectos razonables", ha contestado. "Pero otras cuestiones ni las compartimos ni las compartiremos". Es decir, que el Gobierno va a intentar ilegalizar la Fundación Francisco Franco pese al posicionamiento del CGPJ. "Una de esas cuestiones es el enaltecimiento del totalitarismo que es el fascismo de la dictadura de Franco y que vilipendia a las víctimas", ha remarcado la vicepresidenta.

Puede que la existencia de la fundación sea "pura apología del franquismo" para EH Bildu, que planteó qué ocurriría si se replicara el modelo en otros países con pasados fascistas ("¿Alguien se imagina una Fundación Adolf Hitler en Alemania?"), pero no es el mayor problema de la Ley de Memoria Democrática.

Para Pozueta, el principal problema es que se trata de una ley "parcial, interesada, excluyente y no inclusiva". Razones por las que la navarra ha pedido "más ambición". "Es hora de acabar con la impunidad franquista dando paso a la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas".

Calvo ha abierto la puerta a que la ley sea más ambiciosa. Navarra ha intentado, últimamente, sacar adelante leyes de reparación ambiciosas que han tenido en el Estado su tope, como en el caso de las víctimas de abusos policiales, redactada para evitar el recurso al Constitucional. Pero ya ha remitido a los grupos a hacer uso del periodo de enmiendas.

"Muy pronto la ley estará en esta Cámara y se abrirá el debate parlamentario, las leyes se elaboran en las Cortes y somos los legisladores los que tenemos la primera y la última palabra". La ley, cuyo anteproyecto ya ha sido aprobado, llegará al Congreso en pocas semanas.