Bruselas paraliza el expediente a Londres por no aplicar el protocolo norirlandés

El Reino Unido anunció el 3 de marzo su negativa a la medida y el 15 de marzo la UE abrió procedimiento de infracción

29.07.2021 | 00:39
Boris Johnson

bruselas – La Comisión Europea ha decidido paralizar y no avanzar a las siguientes fases el procedimiento de infracción que abrió al Reino Unido en marzo después de que ese país decidiera de manera unilateral retrasar la aplicación del protocolo que impide la aparición de una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda tras el brexit.

La información la confirmó ayer una portavoz del Ejecutivo comunitario, después de que la semana pasada el Gobierno británico pidiera "cambios significativos" en la implementación del protocolo norirlandés y que ambas partes acordaran un "parón" para negociar cómo resolver las cuestiones que plantea ese mecanismo.

"Con respecto a la solicitud de una parada, la Comisión analizará con cuidado las nuevas propuestas hechas por el Reino Unido, de acuerdo con los procedimientos de consulta necesarios, tanto a nivel interno como con la Eurocámara", afirmó la portavoz. "Para proporcionar el espacio necesario para reflexionar sobre estas cuestiones y encontrar soluciones duraderas a la implementación del protocolo, hemos decidido, en esta fase, no pasar a la siguiente etapa", añadió.

desde marzo El procedimiento de infracción se abrió el 15 de marzo con el envío de una carta de emplazamiento. Si el problema sigue sin resolverse, Bruselas puede remitir al país un dictamen motivado y finalmente llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El pasado 3 de marzo, de forma unilateral y sorpresiva, el Gobierno británico anunció que, sin tener en cuenta lo pactado, el 1 de abril no aplicaría controles aduaneros y fronterizos a las mercancías desde Gran Bretaña con destino a la provincia británica de Irlanda del Norte, y que los aplazaría seis meses, hasta el 1 de octubre. Ante esa acción, Bruselas abrió el procedimiento de infracción con el envío de la carta de emplazamiento. Desde entonces, la tensión entre la UE y el Reino Unido se ha mantenido por el retraso del Gobierno británico en la aplicación del protocolo.

La semana pasada, el negociador jefe del Gobierno del Reino Unido para los asuntos del Brexit, David Frost, pidió introducir "cambios significativos" en la implementación del mecanismo para Irlanda y aseguró que Londres desea abordar "de manera urgente" sus planes con la UE.

En una declaración ante los Lores, Frost apuntó que por el momento ambas partes deberían acordar un "parón" para negociar cómo resolver las cuestiones que plantea el protocolo, durante el cual se seguiría aplicando el "periodo de gracia" para el comienzo de los controles aduaneros a las mercancías entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

"Hemos concluido que ahora no es el momento adecuado de activar el artículo 16" del protocolo, que permite suspender unilateralmente su aplicación, según apuntó Frost, quien agregó, no obstante, que las actuales circunstancias "justificarían" la activación de ese artículo. Por ello, afirmó que ambas partes necesitan hallar ahora "un nuevo equilibrio" que busque permitir que los productos que se adhieran tanto a los estándares del Reino Unido como del bloque comunitario puedan circular en Irlanda del Norte.

En respuesta, la CE advirtió de que no renegociará el protocolo. "Tomamos nota de la declaración del señor Frost. Seguiremos comprometiéndonos con el Reino Unido, también en lo relativo a las sugerencias de hoy. Estamos preparados para seguir buscando soluciones en el marco del protocolo, en el interés de todas las comunidades de Irlanda del Norte. Sin embargo, no acordaremos renegociar el protocolo", aseguró el vicepresidente de la CE Maros Sefcovic.

En parecidos términos se expresó la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen, tras un contacto telefónico con el premier Boris Johnson. "La UE seguirá siendo creativa y flexible dentro del protocolo. Pero no renegociaremos", señaló Von der Leyen.

La polémica medida mantiene a la provincia británica en el mercado único europeo a fin de evitar una frontera física con la República de Irlanda –miembro de la UE–, pero impone a cambio controles fronterizos entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido.

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