- El ruido en torno a la financiación autonómica, que la mayoría de comunidades exigen reformar para acabar con lo que consideran una desigualdad en el reparto de fondos de la caja común, crece a medida que corren los plazos para que el Ministerio de Hacienda cumpla el compromiso parlamentario de presentar una propuesta de reforma del modelo antes de fin de año. Compromís, socio habitual del Gobierno y uno de los partidos que apoyaron, junto con PSOE y Unidas Podemos, esa iniciativa en el Congreso, elevó ayer el tono y su diputado Joan Baldoví dio un ultimátum a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: “O cambian ya el sistema de financiación o cambiaremos de ministra”.

Pero no fue el único. La Comunidad Valenciana se siente especialmente maltratada con el actual sistema, malestar al que puso voz la líder de Compromís y vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, al asegurar que los valencianos están “hartos de ser siempre los últimos”. Los partidos de la oposición también elevaron el tono y la portavoz de Ciudadanos en esa comunidad, Ruth Merino, exigió al presidente regional, Ximo Puig, que “deje de obedecer” a Sánchez y se plante para conseguir una financiación autonómica justa.

El PP también terció en este asunto y su portavoz de Economía en el Congreso, Miguel Ángel Castellón, denunció que el Gobierno establece comunidades autónomas “de primer orden” al avalar una mesa de negociación “privilegiada” en referencia a Catalunya frente al resto de españoles, a quienes “falta al respeto”. Se refería así a la comisión bilateral entre la Moncloa y la Generalitat que tuvo lugar el 2 de agosto, después de que el president catalán, Pere Aragonès, rechazara asistir a la Conferencia de Presidentes del 30 de julio en Salamanca.

La titular de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró hace semanas que espera poder presentar a las CCAA las conclusiones respecto a los criterios para la reforma del modelo de financiación autonómica en un Consejo de Política Fiscal y Financiera antes del final de 2021. Y es que la Moncloa encargó un informe a un comité de 17 expertos para reformar el sistema fiscal en España.

Miguel Ángel Castellón defendió ayer que sea en el Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se decidir qué criterio se va a utilizar en el nuevo sistema de financiación territorial, y no en reuniones bilaterales para negociar “en igualdad de condiciones” el dinero de la caja común y que de esta manera se respete “la igualdad de los españoles ante la ley”. Adelantó que el PP rechaza el criterio de “población ajustada” como eje del nuevo sistema de financiación, que desde el Gobierno se ha apuntado como referencia. “Los criterios hay que fijarlos en esa mesa”, aseveró.

La CAV mira de reojo estas reivindicaciones, que no le afectan al contar con un régimen especial regido por el Concierto Económico. Iñigo Urkullu salió recientemente al paso de las acusaciones de otros presidentes autonómicos, sobre todo del PP, por la relación bilateral que la CAV mantiene con el Estado. El lehendakari denunció el “desconocimiento interesado” de la Constitución y el Estatuto, y recordó que la Ley del Concierto Económico es “de obligado cumplimiento” y supone un “riesgo unilateral” para las instituciones vascas.

La líder de Compromís y vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, recordó ayer que se acumulan “siete años de retraso” desde que caducó el modelo de financiación actual, por lo que instó a “poner punto y final a esta situación de injusticia y poner encima de la mesa una propuesta justa”. Explicó que la Comunidad Valenciana recibiría 3.515 millones más si contara con la financiación de Cantabria.

El informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que volvió a situar a Valencia como la región peor financiada y que prevé un ligero descenso en los recursos, hizo que el diputado Joan Baldoví lanzara en Twitter un órdago a la ministra de Hacienda para que cambie el sistema de financiación autonómica.