La verdad siempre se abre paso. La mentira es el arma con que los cobardes dañan a los inocentes". El autor de esta doble frase fue el popular Teodoro García Egea en 2018, y aunque la cuestión a la que se refería nada tiene que ver con el objeto de este reportaje, merece la pena rescatar el enunciado. La verdad, junto a la justicia y la reparación, forman la tríada de la memoria y la dignificación de las víctimas de la violencia. Pilares fundamentales frente a la vulneración de derechos humanos. Que las cosas se sepan, que se cuenten, que no se oculten ni queden sepultadas bajo un manto de indiferencia o de justificaciones. La verdad; por más que pueda revelar o confirmar hechos sumamente perturbadores. La memoria democrática, por definición, exige la verdad y excluye el secreto. Y ahí el Partido Socialista tiene candados por abrir.

Dos ejemplos

Dos familias cuyo duelo no está cerrado. La de Mikel Zabalza, acaecida en noviembre de 1985. Hemos entrevistado al respecto a Odón Elorza, diputado del PSOE por Gipuzkoa, partidario de desclasificar los papeles referidos al caso. Segundo ejemplo: el de Juan Carlos García Goena, asesinado en julio de 1987 por una bomba colocada por el GAL. Transcurrido el 34 aniversario, hemos hablado con su hija primogénita, Maider, que entonces contaba con 5 años. Detalle a resaltar. Ni Mikel ni Juan Carlos eran terroristas, sino a todas luces víctimas de una violencia que implicaba al aparato del Estado, y que de forma terrible segó su camino. Una violencia que compromete al partido entonces gobernante, el PSOE, y que por lo tanto, desde una memoria democrática, la justicia y la humanidad, a las generaciones actuales de socialistas.

Si hay un caso que especialmente ha crepitado en los últimos meses ha sido el de Mikel Zabalza. Coincidiendo con el 35 aniversario de su muerte, el documental 'Non dago Mikel?' sirvió para activar conciencias. También lo hizo el contenido de unos audios entre el ex coronel del CESID Juan Alberto Perote y el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto que naturalizaban la tortura en Intxaurrondo, al que accedieron los autores del documental. El 1 de marzo, el Parlamento de Navarra aprobó por unanimidad una declaración reclamando investigar. Un día después, la eurodiputada Idoia Villanueva, de Podemos, llevó el asunto a la Comisión Europea. Koldo Martínez, de Geroa Bai, pidió la comparecencia de Grande-Marlaska en el Senado, y Bel Pozueta, de EH Bildu, hizo lo propio en el Congreso, donde también solicitó comparecer a Margarita Robles.

El 12 de marzo la familia de Mikel pidió al Parlamento de Navarra que no se quedase "en una declaración de intenciones". Ese mismo mes Marlaska se negó en el Congreso a reabrir la investigación, y la mayoría del Congreso y Senado se opusieron a la reapertura. En el Congreso, con rechazo a la moción del PNV, defendida por Aitor Esteban. En el Senado, a la presentada por Koldo Martínez, senador de Geroa Bai dentro del grupo Izquierda Confederal. El 7 de mayo Idoia Zabalza, hermana de Mikel, volvió al Parlamento de Navarra, y reclamó perseverancia. Días después el Constitucional avaló la ley navarra de Víctimas de Abusos Policiales. En junio, el Gobierno Vasco reconoció como víctimas a los tres detenidos junto a Mikel Zabalza. Entre tanto, Pili Zabala, hermana de Joxi, secuestrado, torturado y asesinado por los GAL, presentó la plataforma B-Egiaz, para promover la investigación de los crímenes de esta banda, anunciando que la Fiscalía había archivado la solicitud de investigar a Felipe González.

Se abre un claro

Finalmente en julio, un artículo de Odón Elorza en El País en paralelo a una petición a la Dirección del Grupo Socialista ha devuelto algo de esperanza. Elorza subrayaba la "necesidad de que los poderes públicos competentes reabran el sumario" y se proceda por el Gobierno a desclasificar los documentos secretos existentes en el CESID "para poder conocer toda la verdad". Conocida la iniciativa, el senador por Navarra Koldo Martínez, reactivó la solicitud de comparecencia del ministro de Interior Grande-Marlaska, y reiteró la reclamación de desclasificar el "mayor caso de encubrimiento de violencia policial", donde "han participado todos los poderes del Estado".