- Pedro Sánchez no las tiene todas consigo. El Consejo de Ministros dio luz verde el martes a la reforma de las pensiones, pero a partir de septiembre tiene que pasar por el Congreso de los Diputados y nada hace pensar al presidente español que tenga los apoyos garantizados. ERC avanzó antes de las vacaciones su predisposición a votar en contra, y PNV y EH Bildu mostraron sus recelos. El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, no suscitó adhesiones en la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo. De ahí que Sánchez optara ayer por desplegar ya una ofensiva pública de presión política para reclamar un pacto unánime en pos del fin de la “crispación” y para garantizar que las pensiones se revaloricen con el IPC, el índice de evolución de los precios y el nivel de vida. Ese punto suscita un amplio consenso, pero el diablo está en los detalles y preocupan las medidas para alargar la vida laboral y, sobre todo, la concreción del factor de equidad intergeneracional.

“Si estamos de acuerdo en que tenemos que reforzar el diálogo social, en que tenemos que revalorizar las pensiones conforme al IPC y en que tenemos que garantizar el sostenimiento presente y futuro de las pensiones, como defienden Gobierno, empresarios y sindicatos, tienen que estar todos los grupos de acuerdo”, zanjó Sánchez en un acto en Cáceres. La apelación no la concretó, pero va dirigida a todos, desde sus socios, hasta el PP, que ya avanzó ayer su negativa. Sánchez apostó por una recuperación económica total, que se traslade a los salarios, y unas jubilaciones dignas. Pidió a todos los grupos de la oposición que “abandonen la confrontación y la crispación”. Sánchez presiona con que el acuerdo se ha cocinado en la mesa de diálogo social con empresarios y sindicatos.

No tiene asegurado el voto del PNV, un socio al que considera prioritario y con quien firmó un acuerdo de investidura. Las relaciones entre los jeltzales y Escrivá tampoco atraviesan por su mejor momento porque este ministro está frenando la transferencia completa de la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

El PP, por su parte, cree que el texto “demoniza” su reforma de 2013 y Casado avanzó ayer a Sánchez, que su formación muestra su “responsabilidad” negándose a apoyar la reforma de las pensiones planteada por el Ejecutivo porque, según indicó, no garantiza la sostenibilidad del sistema en el futuro.

Sánchez “se ha atrevido a decir que los partidos que quieran pensiones sostenibles en el tiempo la apoyemos”, pero “es que no se cansan de mentir, porque es exactamente lo contrario”, manifestó Casado.

El presidente del Gobierno sostiene que el consenso sobre el sistema público de pensiones se rompió en 2013, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó una reforma cuyas medidas más importantes, como el índice de revalorización de pensiones y el factor de sostenibilidad, quedarían derogadas con la nueva propuesta.

Precisamente, esto es lo que máscensuró el líder del PP, que ve contraproducente “acabar con el factor de solidaridad intergeneracional” en un país como España, donde la pensión media ya es más alta que el salario medio. “¿Cómo se le explica a los jóvenes que, independientemente de cómo esté la curva demográfica y de lo que esté pasando en el bache económico que sufrimos, va a tener que haber solo dos cotizantes por cada pensionista?”, planteó.