Los compromisos con sus socios obligan a Sánchez a ir más allá de la recuperación

El autogobierno vasco y la mesa de diálogo sobre Catalunya se cruzan en la agenda de Moncloa en un curso donde la aprobación de las Cuentas testea las tensiones en la coalición de Gobierno

04.09.2021 | 23:52
El portavoz del PNV, Aitor Esteban, estrecha la mano del presidente español, Pedro Sánchez, en el Congreso. Reportaje fotográfico: Efe

Pedro Sánchez enarbola la bandera social como asidero para sacar adelante la negociación presupuestaria y agotar la legislatura. Pero al margen de la batalla persistente de la oposición y de las sonadas diferencias con su socio de coalición, Unidas Podemos, los grupos del llamado bloque de la investidura no están por la labor de entregarse gratis et amore. Desde las exigencias nacionalistas para que cumpla sus compromisos, entre ellos con el autogobierno vasco, a la mesa de diálogo bilateral que allane, o todo lo contrario, el conflicto catalán, por citar algunos de los frentes, las fuerzas políticas encaran un curso político de gran pulsión y centrado en la reactivación económica, condicionada también por el modo de repartir los fondos europeos.

 

PNV

Culminación íntegra del Estatuto y lealtad

El PNV fija la mirada en la culminación de las competencias del Estatuto una vez se materialice la transferencia de Prisiones. En el entrecejo de los jeltzales se halla, con ya diez meses de retraso, el traspaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) envuelto en las desavenencias con el ministro José Luis Escrivá, responsable de la demora al ceñirse a la encomienda de gestión que se pactó de manera provisional, y pretender que la Seguridad Social controle y autorice los pagos en la CAV. Los nacionalistas conocen ya algún esbozo de las Cuentas y las líneas generales de un proyecto que debe pasar aún por el Consejo de Ministros. El PNV es partidario de que la legislatura aguante, a tenor de lo que se destila al otro lado del patio, pero pide a Sánchez una interlocución fluida y lealtad con los compromisos acordados. En su agenda legislativa está el avance en reformas centrales como la que atañe a la ley mordaza o la Ley de Secretos Oficiales, aunque esta última no parece que vaya a prosperar. Asimismo, se centrará en el plan Euskadi Next, puesto sobre la mesa por el Gobierno vasco, y donde el consejero Azpiazu ha amarrado ya 500 millones en tres años. El PNV ha lamentado los programas unilaterales que publican los ministerios. Pandemia aparte y mientras en Lakua llegará de nuevo el debate sobre el nuevo estatus, en su escaleta urgen también reformas pendientes como la laboral, la de pensiones y la del sistema eléctrico. Pide además la licitación de las obras del soterramiento del Tren de Alta Velocidad en su llegada a Bilbao y Gasteiz, que se arrastra desde hace tiempo mientras algunos portavoces socialistas han ido insinuando soluciones alternativas.

 

EH Bildu

Derogación de la reforma laboral

Señalada por la polémica sobre los ongi etorris e incluso por los incidentes de las no fiestas, EH Bildu tampoco maneja dejar caer a Sánchez una vez se ha profundizado en los avances de la nueva política penitenciaria, que ha visto sus frutos en el acercamiento de los presos, la flexibilización en los progresos de grado y beneficios penitenciarios, y en la excarcelación de los reclusos de ETA gravemente enfermos. Para la coalición soberanista la derogación de la reforma laboral es una condición sine qua non para la estabilidad en Moncloa. El partido de Arnaldo Otegi recuerda que se pactó y rubricó el año pasado tanto con socialistas como con Unidas Podemos –aunque el consenso fue matizado a las pocas horas por el PSOE–, y empieza a impacientarse. La parte socialista puntualizó que sus esfuerzos se dirigirían a modificar tres aspectos de la norma, y no su integridad, como solicitaba EH Bildu: la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo y la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales. Aquello provocó fricciones internas el Ejecutivo. "Voy a ser cristalino: pacta sunt servanda (lo firmado obliga)", espetó el entonces vicepresidente segundo y líder morado, Pablo Iglesias. En este pulso sigue Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Por otro lado, Bildu apelará también a la derogación de la ley mordaza y a la adecuación de la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales. Por eso no le quitará el ojo a lo que acontezca en el foro bilateral sobre Catalunya.

 

PSOE

Guiños sociales y relevos en la dirección socialista

Sin llegar al exabrupto de Pablo Casado, que llegó a afirmar que Sánchez "estaba celebrando" lo que ocurre en Afganistán, al líder del PSOE la crisis afgana le sirvió para poner un paño caliente en la falta de alternativas a los sucesivos máximos históricos del precio de la luz y sobre el incendio generado por el ministerio de Fernando Grande-Marlaska con las repatriaciones de menores a Marruecos, asuntos que han ahondado las discrepancias en el seno de su Ejecutivo con Podemos. Al margen de sacar pecho con la evacuación de un conflicto donde Occidente ha sido la gran derrotada, el punto y aparte dado a la crisis sanitaria y los guiños socioeconómicos centran su horizonte, más incluso que la mesa de diálogo con el Govern, donde si siquiera ha confirmado su asistencia y, en la antesala, su primera decisión ha sido meter en el cajón la reforma del Código Penal y el delito de sedición. Por ello, su mensaje inicial ha ido dirigido a dos colectivos sensibles, los jubilados, con la aprobación del proyecto de ley de las pensiones, y quienes perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con una subida anual progresiva el próximo trienio. Por ello, Sánchez confía en aprobar unos Presupuestos expansivos pese a la tirante relación con sus compañeros de viaje. Además, el PSOE está en modo Congreso Federal, que se celebrará en Valencia del 15 al 17 de octubre, y donde se cambiará la dirección del partido casi al completo tras la profunda remodelación del Gobierno.

 

Unidas Podemos

Leyes pendientes que enfrentan a los socios

El estío ha sido una gota malaya en los desencuentros entre PSOE y Podemos, que afronta una etapa de liderazgos renovados. Mientras su cofundador Pablo Iglesias se dedica ya a pasar por distintos estudios radiofónicos para ejercer la profesión de tertuliano, confrontando incluso con la exvicepresidenta Carmen Calvo; su sustituta al frente del partido, Ione Belarra, y su rostro más mediático, Yolanda Díaz, tienen la misión de reflotar el proyecto, más aún cuando esta última es la líder política mejor valorada, según el CIS. El acuerdo con el Govern para la ampliación de El Prat, la crisis en Ceuta y el tarifazo eléctrico han sido el prólogo de unos meses que se presumen calientes en la relación entre los socios, que tienen por delante serios obstáculos: la ley de vivienda, la reforma fiscal o la aprobación de la ley de familias. Podemos amenazó incluso con salir a la calle si los socialistas hacen oídos sordos a una reforma del mercado energético. La derogación de la ley mordaza y de la reforma laboral del PP siguen en el guión. Para la nueva dirección de Podemos es clave reactivar y mimar a sus bases en todas las autonomías. A esta losa heredada suma Belarra otra traba: no es muy conocida. Y haciendo de la necesidad virtud, ha creado una dirección coral para dar protagonismo a otros compañeros. El alter ego de Podemos, Más País, el partido de Iñigo Errejón, volverá a apostar por iniciativas para una transición ecológica con justicia social.

 

PP

Ideología o gestión en un ataque permanente

Mientras sigue buscando reemplazo para la sede de Génova, el PP elevará aún más un tono que no ha abandonado siquiera en el periodo estival aprovechando cualquier asunto en el candelero para atizar al Ejecutivo. Espoleado por las encuestas que contemplan un vuelco, para lo que necesitarían a Vox, Pablo Casado debe escoger entre primar la gestión o la ideología. Barones del partido le han pedido moderación ante las acusaciones más recientes a Sánchez, a quien azotó por "buscar fotos" en la crisis de Afganistán, usar los fondos de ayuda europeos "para su agenda electoral" o formar parte del "Gobierno más radical de la Unión Europea". La formación conservadora baraja alternativas a las leyes de la coalición, como la ley de concordia en lugar de la de memoria democrática, la ley de pandemias y un plan de choque económico con una reforma que abarate el precio de la luz. A expensas de la convención de otoño en Valencia, y después de pasearse por los feudos que preside para presentarlos como "ejemplo de gestión", ni ETA ni Catalunya han desaparecido de la paleta de discursos del PP, erigiéndose como azote del independentismo, avisando de su intención de, en cuanto gobierno, modificar la legislación para que la rebelión sea delito aun sin violencia, prohibir los indultos por sedición y los referéndums ilegales. Una antítesis de la estrategia del "reencuentro" de Sánchez, a quien continúa negando la renovación del Poder Judicial.

 

ERC y Junts

Referéndum y amnistía, asuntos innegociables

La omisión de Catalunya en su primer alegato de curso y la callada por respuesta de Sánchez sobre su presencia o no en la mesa de diálogo no invitan al optimismo. ERC, como todo el independentismo, comparte la reivindicación del referéndum y de la amnistía como elementos de debate indiscutibles, con la diferencia respecto a Junts de una apuesta más posibilista. La dirección republicana desligará esa negociación de la de los Presupuestos y la comisión bilateral, con 50 traspasos a abordar. Esquerra apoyó las Cuentas de 2021 a cambio de inversiones por 2.300 millones de euros o el levantamiento de control de las finanzas de la Generalitat. Pere Aragonès busca también validar las suyas evitando la disensión con JxCat y pactando con la CUP, que ya ha censurado el cariz autonomista de la gestión del Govern, al que dio un plazo de dos años para revalidar su confianza, hasta 2023, fecha en la que además habría elecciones generales. Los anticapitalistas pusieron ya el grito en el cielo con el proyecto del aeropuerto de El Prat, pactado por el vicepresident Jordi Puigneró con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y que debe ratificar la Comisión Europea. Entre tanto, desde el mundo Puigdemont no ven voluntad real ni valentía en Moncloa para apostar por el derecho a decidir de la ciudadanía catalana, y temen que el foro sirva solo para la foto y para dividir al soberanismo.

 

Vox y Ciudadanos

Discurso radical para un vuelco a precio de oro

Vox buscará asentarse y morder en el espacio popular hasta el punto de contraprogramar al PP con un acto por todo lo grande en octubre bajo el lema España en pie, donde buscará confrontar "las agendas ideológicas de la izquierda". Consciente de su trascendencia para un relevo en Moncloa y su peso en gobiernos autonómicos, la ultraderecha de Santiago Abascal subirá el precio de sus negociaciones sin apartarse un milímetro de su discurso rancio y radical. Por su parte, Ciudadanos, arrastrando aún la frustrada moción de censura en Murcia y su penúltimo descalabro, esta vez en Madrid, Inés Arrimadas se jacta de haber salido reforzados de la convención política del verano, donde la marca naranja se reivindicó como única fuerza política liberal en el Estado español. Eso sí, reniegan de un posible adelanto electoral en Andalucía. No vaya a ser que se les descuelgue también su último vagón.

noticias de noticiasdenavarra