- El Congreso aprobó también ayer, con el voto en contra el PP y Foro Asturias, las conclusiones de la comisión de investigación sobre la operación Kitchen, que sostienen que la trama para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y robarle pruebas que implicaran a dirigentes del partido en casos de corrupción se “ordenó” desde “la cúpula directiva” del PP, que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, tenía conocimiento de la misma y que, de hecho, era la que “informaba” al presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy. Estas conclusiones, redactadas por el PSOE, ya fueron aprobadas en diciembre por la comisión tras un año de investigación parlamentaria. Entonces recabaron el apoyo de Unidas Podemos y EH Bildu, y ahora han sumado también el de ERC y Cs. El partido naranja había rechazado las conclusiones en diciembre, como Vox, que en esta ocasión se abstuvo, igual que el PNV.

El dictamen concluye que “la cúpula directiva del PP ordenó que se utilizaran efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que obraran en el poder del extesorero” y que “inculparan al PP sobre la financiación irregular y los casos de corrupción durante los años que gobernaban”. El documento no habla expresamente de responsabilidades políticas por esta operación, aunque la considera probada y, de hecho, plantea que se desarrolló en tres sedes: la central del PP en Génova, el Ministerio del Interior, y la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía.

Resalta que se produjo “con el conocimiento” de Cospedal que “informaba” a Rajoy, que fue el ministro Jorge Fernández Díaz quien “encargó al secretario de Estado de Seguridad, Fernando Martínez, la puesta en marcha de todo el operativo delictivo” y que el “epicentro” del mismo estaba en la DAO que dirigía Eugenio Pino. Con el fin de “obstruir” las investigaciones judiciales y evitar que las pruebas contra el PP llegaran a la Justicia y la Policía Judicial, señala el texto, en esta trama se utilizaron “presuntamente fondos reservados y efectivos policiales de manera irregular”. El Congreso mantiene que, según los comparecientes, se puede concluir “la implicación de los responsables políticos máximos del Ministerio del Interior -ministro, secretario de Estado de Seguridad y director general de la Policía-, así como de la secretaria general del Partido Popular y de forma indiciaria del mismo Presidente del Gobierno”.

También señala como otra “conclusión evidente” el “descontrol absoluto en el uso de los fondos” en Interior, así como la “ignorancia y exclusión de cualquier clase de seguimiento de las previsiones legales y de los protocolos establecidos”. Como ejemplo de esto último, denuncia la utilización de “catálogos, provisiones de plazas y medios personalesde forma arbitraria” por parte del director adjunto Operativo, Eugenio Pino, “con la complicidad de otros cargos policiales que ejecutaban estas órdenes ilegales”. Apunta a un “despilfarro de dinero público, detraído de las finalidades legalmente asignadas”, y, encima, “en un momento de crisis donde los efectivos estaban congelados y los recursos materiales escaseaban”.

Aunque no avalaron las conclusiones del PSOE, Cs y PNV sí dieron por probada la Kitchen y la responsabilidad política de los altos cargos de Interior, y de Cospedal y Rajoy.

Voto particular. El diputado jeltzale Mikel Legarda dijo que, aunque comparten la “responsabilidad política” de los miembros del PP a los que se apunta en las conclusiones, rechazan que se tomen como definitivos tanto “hechos” como “responsabilidades” que no han sido dilucidados judicialmente. El PNV señala la “responsabilidad in vigilando” o “vicaria” de Rajoy y Cospedal y deja claro que esta trama policial no podría haberse montado sin consentimiento de Fernández Díaz y de Ignacio Cosidó.