El pleno del Parlamento, que se ha iniciado con un minuto de silencio en recuerdo del trabajador fallecido en accidente laboral el pasado día 12 en Pamplona, ha aprobado este jueves con el apoyo de todos los grupos salvo Navarra Suma la nueva ley de atención y protección de niños, niñas y adolescentes.

Para la consejera Mari Carmen Maeztu, esta ley, un compromiso de los acuerdos de gobierno, "amplia los derechos de los más de 120.000 menores que viven en Navarra y sus familias", cuenta con "un amplio consenso de agentes y entidades sociales" y en su elaboración han participado los propios menores, padres y madres, "un esfuerzo colectivo que merece la pena".

Y ha añadido que con una "conciencia social reforzada" en cuanto a los derechos de los menores, "la mejor inversión" es garantizar la igualdad esta habilitando "instrumentos potentes" para superar las desigualdades y así "aprovechar el talento y la capacidad" de todas las personas y disponer de "una sociedad más justa y cohesionada".

Por eso habrá un registro unificado de servicios sociales contra la violencia hacia la infancia; se refuerza la protección de datos; se apuesta por la libertad de pensamiento, conciencia y religión;, recoge el derecho a la orientación sexual, a la educación y coeducación, así como a la salud; contempla los espacios seguros en el ocio; y promueve la inclusión con prestaciones y servicios, con medidas específicas para personas con discapacidad.

Maeztu ha subrayado así que esta nueva ley aborda la defensa derechos de la infancia, la relación entre adultos y menores, un sistema de protección específico si los derechos no se garantizan en el seno de las familias, reglas para las administraciones, el acogimiento familiar y el trabajo en red.

La ley tiene su base en las obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la ONU en 1989, lo que implica dos grandes ámbitos de actuación, el primero reconoce el derecho de todos los niños y adolescentes con domicilio o residencia transitoria en Navarra a una protección integral como protagonistas de sus vidas, apoyando para ello a sus familias y entendiendo siempre que ellos son el interés primordial.

El segundo ámbito busca garantizar un sistema de protección que determine en algunos casos la separación de los menores de sus familias por el interés superior de estos, pero no se trata de atender de forma paternalista las carencias que generan las situaciones de vulnerabilidad sino de complementar y apoyar las capacidades de familias y menores con todos los recursos que sean precisos, sumando a este apoyo integral el principio de parentalidad positiva.

La ley tiene además un principio rector fundamental, que relaciona ambos ámbitos, como es el de anticipar las intervenciones, priorizando la prevención, la atención temprana y la detección precoz para evitar que la atención y protección se pongan en marcha cuando las circunstancias hacen más compleja la solución puesto que es importante un buena infancia para una buena integración social futura.

Todo ello no impide que se prevea también una atención más intensa para quienes estén en situaciones de mayor vulnerabilidad, siendo claves en estos casos las medidas que garanticen la no discriminación, ni por sexo, ni por discapacidad, ni por condiciones económicas o estructurales, ni por diferencias culturales, así las acciones positivas para hacer efectiva y real la igualdad.

Para Nuria Medina, del PSN, esta es "una norma que hace avanzar en derechos" y por eso ha reprochado a Navarra Suma que no apoye la ley, que "anteponga sus intereses" y busque "el rédito político", que "renuncie a construir una sociedad mejor" dando "cobertura integral a la garantía de los derechos" de niños y adolescentes con una ley "necesaria y pionera" frente al modelo vigente, "caduco y que además no es eficaz".

Isabel Aranburu, de Geroa Bai, ha repasado el conjunto de derechos y medidas que prevé la norma para poner en valor que se trata de "una ley integral" que da la "primacía al interés del menor" y prioridad a la dotación presupuetaria, "un marco adecuado para que ejerza sus derechos", aunque ha lamentado que no procure el conocimiento del euskera, una pretensión "comprometedora y osada" para Navarra Suma y PSN.

Patricia Perales, pese a la "euskarafobia enfermiza de algunos partidos", ha mostrado "la satisfacción" de EH Bildu por una ley que busca la protección del menor desde la "prevención" y la "garantía de sus derechos sin ningún tipo de exclusión", para lo que aboga por trabajar con las familias y emplear una "metodología comunitaria", un "trabajo colaborativo", que dé "una atención integral: educativa, familiar, social y emocional".

Mikel Buil, de Podemos, ha asegurado que la ley mejora la protección, que "reorienta y consolida", porque hace hincapié en la prevención, por lo que hace "más tupida la red de protección del menor", al que ofrece además llegado el caso una atención "individualizada", por lo que ha subrayado la importancia de la financiación para poder meterializarla y unas adecuadas condiciones para los trabajadores implicados.

Por Navarra Suma, Marta Álvarez ha asegurado que por "responsabilidad y respeto a los valores" que defienden su voto es contrario a una ley que tiene aspectos positivos pero que "no es solo reguladora del sistema de protección del menor sino que va mucho más allá: pretende tener carácter integral entrando en todo lo que tiene que ver con la vida" del menor, porque "no respeta" a las familias, "desconfía" de ellas.

Y ha asegurado además que las políticas de prevención son un "queda bien", porque "no tienen nada", igual que las políticas de conciliación cuando ésta es "un derecho de los hijos para estar bien cuidados".