- La realidad de los presos de ETA empezó a ser diferente en 2018. Entonces se aceleraron los acercamientos y las progresiones de grado, y cuando parecía que la ley de excepcionalidad penitenciaria iba a quedar atrás llegó la pandemia para pararlo todo. El virus ha sido un mazazo también en las cárceles, donde Interior ha gestionado la pandemia a base de aislamiento -se prohibieron las salidas y las actividades-, y las familias están a la expectativa de los siguientes pasos tras dos años que han cortado totalmente la línea que se inició en 2018.

Desde Etxerat, Xochtil Karasatorre valora los pasos dados desde entonces, pero lamenta que la transformación esté siendo “tan lenta” cuando se trata de “derechos, no de privilegios”, como dice que tratan de ver algunos sectores.

Karasatorre lamenta que haya “lobbys de presión al Gobierno, como pueden ser asociaciones de víctimas y poderes mediáticos, que están poniendo obstáculos para que la aplicación de leyes ordinarias vaya más lenta”. A su juicio, la transición de los presos a una normalidad penitenciaria vive un cuello de botella: el que se da en la Audiencia Nacional. “Las juntas de tratamiento de las cárceles, que son las que siguen la progresión del preso, hacen informes favorables que quedan parados en la Audiencia Nacional”.

A esa realidad se suma otra muy concreta que se da en la cárcel de Pamplona: Etxerat denuncia que la dirección hace una lectura todavía más restrictiva de lo que son progresiones y permisos. A juicio de Karasatorre, es una situación de arbitrariedad que es difícilmente entendible con las leyes en la mano. “La ley se interpreta y a los presos de ETA les piden pasos que no están recogidos en la ley, como la petición expresa de perdón, por ejemplo, cuando esto es algo que no es preceptivo para obtener un permiso”.

Por eso creen que sería bueno que Navarra asumiera la competencia de prisiones, como ya ha hecho la CAV. La asociación cree que eso ayudaría a mejorar al menos la interlocución, que actualmente es nula. Es muy difícil hablar con Madrid, el ministerio es demasiado grande y cualquier reclamación queda perdida. Acercar el interlocutor ayudaría. “Deberíamos volver a los jueces de vigilancia naturales y dejar de depender de los de la Audiencia Nacional, que no deja de ser un tribunal heredero de uno de excepción”, apuntan.