PAMPLONA - Los colectivos Papeles y Derechos Denontzat y SOS Racismo exigen a la Delegación del Gobierno en Navarra que intervenga “de manera inmediata” y establezca una solución a las demoras, que achacan a falta de personal, que se están produciendo en la Oficina de Extranjería de Pamplona. Denuncian en concreto que se están registrado retrasos en las citas de solicitud por arraigo social de unos cinco meses, de cuatro o cinco meses en reagrupaciones familiares y de más de un año en casos de primera cita para la solicitud de protección internacional.

Así lo explicaron ayer a los medios de comunicación Beatriz Villahizán y Javier Urroz en una concentración que tuvo lugar en la plaza de Merindades momentos antes de dirigirse a la Delegación del Gobierno para entregar un escrito con sus demandas. Esta denuncia se suma a la de la legislación de Extranjería como “máxima expresión de racismo institucionalizado y como ley que crea categorías de ciudadanía, que crea categorías de irregularidad”.

Los retrasos, aseveraron, “son inadmisibles porque suponen un obstáculo a este laberinto burocrático en muchos casos inasumible y que además pone en tela de juicio y entredicho los propios compromisos del gobierno en materia de asilo”. Al respecto, indicaron que “queda claro que trece meses de espera para la primera entrevista es demencial, pero también lo son los cinco meses para la primera solicitud de arraigo puesto que peligra la caducidad de los documentos que tienen que presentar la personas en situación irregular o las personas que estando en situación irregular quieren reagrupar a sus familias”. “Hasta ahora eran uno o dos meses, ahora es una exageración”, remarcó Urroz, quien apuntó que “uno de los problemas más graves es el arraigo social” y en esa línea sostuvo que se está “condenando permanentemente a la irregularidad”, a lo que añadió “en Navarra hay 4.000 personas esperando esta posibilidad”.

Cuestionados por las razones, comentaron que se deben fundamentalmente a “falta de personal” y por eso piden al delegado del Gobierno que cubra los puestos. “Con más personal esto estaría solucionado”, afirmaron, para expresar su deseo de que el delegado les haga caso. En su escrito recuerdan que la ministra de Empleo y Migraciones, Magdalena Valerio, apuntó que el Gobierno inyectaría 30 millones de euros para reforzar los dispositivos de acogida y atención humanitaria. A eso añaden que entienden que “además de controlar, cerrar y externalizar fronteras, que es a lo que se reduce básicamente la doctrina migratoria, destinarán parte de ese presupuesto a mejorar la gestión administrativa para poder aplicar sus propias normativas”. - D.N./Efe