Justicia corta el flujo informativo por filtraciones en el caso de ‘la Manada’

El Colegio de Letrados recomienda que no se facilite ninguna resolución para garantizar la intimidad de las víctimas

07.02.2020 | 11:24
Periodistas, durante la lectura del fallo de la sentencia.

PAMPLONA - Como máximos responsables en la protección de datos en las sentencias, la filtración de información personal de la víctima de la Manada puso el foco en la actuación de los secretarios judiciales, que han decidido "cortar el grifo" a los gabinetes de prensa hasta que el CGPJ se pronuncie al respecto. No son todos, pero cada vez son más los letrados de la administración de Justicia que se niegan a facilitar las resoluciones a los gabinetes de los tribunales y, en consecuencia, a la opinión pública.

El máximo responsable de los letrados, Rafael Lara, declaró ayer que el verdadero problema reside en cómo se garantiza la intimidad de las víctimas, es decir, anonimizar sus datos de manera que no aparezcan en la resolución. La ley les hace los últimos responsables en la protección de los datos de la sentencia cuando, dice Lara, no tienen aplicaciones ni medios para poder ejercerla en condiciones.

Pero desde el Ministerio de Justicia, de quien dependen, no piensan igual y consideran que los letrados no tienen porqué cargar con la responsabilidad de anonimizar las resoluciones, si bien ya se está trabajando en el diseño de una herramienta tecnológica que permita borrar todos esos datos.

Hasta su implantación, que puede llevar meses, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, que preside Lara, mantiene viva su recomendación de que ningún compañero facilite resoluciones hasta no resolver "las graves deficiencias" en protección de datos.

REVELACIÓN DE DATOS Lara recuerda el informe de una vocal del CGPJ en el que se responsabilizó a la secretaria judicial de Navarra por tramitar la sentencia con "funcionamiento irregular en materia de protección de datos". Aunque en realidad los datos de la víctima estaban borrados de la sentencia, la publicación de un código de seguridad permitió acceder al documento original, con su nombre, apellidos y dirección, que después circularon por las redes sociales y algunos medios digitales, junto con fotos e incluso capturas del vídeo grabado durante los hechos en los Sanfermines de 2016. A día de hoy, el asunto se encuentra estancado en el órgano de gobierno de los jueces, a la espera de que la Consejería de Justicia y la Audiencia Provincial de Navarra remitan la información que les solicitó hace meses, según fuentes del CGPJ.

Ahora todas las miradas para solucionar un conflicto enquistado están en el CGPJ, que debe abordar el expediente de Navarra al tiempo que redacta un nuevo protocolo de comunicación 3.0, dirigido a jueces pero que sirve de referencia a todos los operadores, incluidos los letrados, que dependen del Ministerio, donde aseguran ir de la mano con el Consejo en este asunto. - D.N.