donostia - Se acabaron las especulaciones. La decisión está tomada y ya no hay vuelta atrás. Gipuzkoa contará con un nuevo centro penitenciario en terrenos de Zubieta. La cárcel tendrá entre 200 y 300 plazas para internos, tanto preventivos como de cumplimiento, y se construirá “a la mayor celeridad”. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó ayer lo avanzado por este periódico. La decisión es fruto del análisis pormenorizado de las necesidades del territorio, en las que se pone de manifiesto que hace falta abrir una prisión de tamaño mediano para internos de segundo grado, que sustituirá a la vieja cárcel de Martutene. Esta infraestructura se sumará a un Centro de Inserción Social, en el que tendrán cabida los terceros grados, y permitirá el cumplimiento de medidas alternativas a las penas privativas de libertad.
Probablemente respiren hoy más tranquilos muchos reclusos y sus familiares. También lo harán entidades sociales y profesionales. Solo ellos saben lo que es vivir al albur de una decisión que no acababa de llegar desde 2005, cuando el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Donostia acordaron el cierre de la cárcel de Martutene.
Había por todo ello mucha expectación en las palabras ayer de Grande-Marlaska, que durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados no respondió al diputado jeltzale Mikel Legarda sobre cuándo se cerrará Martutene. Sí dijo, en cambio, lo suficiente para despejar toda duda: Gipuzkoa tendrá cárcel. “Hay un compromiso de inmediatez del cierre de Martutene cuando esté construido el nuevo centro penitenciario que también será en breve. Será un centro penitenciario medio, y también un CIS”, subrayó el ministro del Interior sin concretar fechas.
La decisión se enmarca dentro del plan de elaboración y amortización de centros y establecimientos penitenciarios que está abordando el Ministerio del Interior. En concreto, es el SIEPSE, la sociedad estatal competente, la que está elaborando la planificación del conjunto de centros penitenciarios del Estado, con el fin de poder determinar cuáles pueden ser amortizados, exigen una reubicación o una reestructuración.
El plan en su conjunto verá la luz “próximamente”, pero en el caso de Gipuzkoa no hay dudas. En el paso que se ha dado ha tenido una influencia directa Mercedes Gallizo, nombrada por Grande-Marlaska como responsable de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de Seguridad. Esta mujer conoce de sobra la cárcel de Martutene. Gallizo fue directora general de Instituciones Penitenciarias entre 2004 y 2008. En una de tantas visitas, hace trece años, reconoció haber salido tan “descorazonada” que lo que le pedía “el cuerpo era cerrar” la prisión cuanto antes.
entre lo ‘macro’ y el cis Mucho ha llovido desde aquella visita junto al por aquel entonces alcalde donostiarra, Odón Elorza. Su amplia experiencia es la que le ha colocado ahora al frente de SIEPSE, entidad que acomete las instalaciones en función de las necesidades, y la que ha diseñado el plan que se dio a conocer ayer.
El Gobierno central ha cambiado de manos (del PP al PSOE), y se ha procedido al redimensionamiento del proyecto penitenciario inicial, lejos de las cárceles de mayor tamaño que se abrieron en Pamplona y Zaballa, y que inicialmente también se planteó para Gipuzkoa. La macrocárcel fue descartada por ser una instalación sobredimensionada que sobrepasaba las necesidades del territorio. En términos de inversión económica, y viendo el bajo nivel de ocupación de los centros penitenciarios del entorno, se podía entender como una inversión innecesaria.
Pero de un extremo se acabó pasando al otro, es decir, a pensar que exclusivamente podía resolverse el problema con un CIS. Todo ello pasaba por el traslado de presos de segundo grado a la cárcel alavesa de Zaballa, como se ha especulado durante este verano. En realidad, según han venido apuntando diferentes fuentes consultadas por este periódico durante este tiempo, había una opción intermedia que al final es la que ha salido adelante. El centro de inserción social junto a un centro penitenciario que satisfaga las necesidades de Gipuzkoa.
Así lo expuso el martes la decana del Colegio de Abogados de Gipuzkoa, Lurdes Maiztegi. Y del mismo modo lo corrobora a este periódico el presidente de la Audiencia de Gipuzkoa, Iñaki Subijana, que se reunió ayer por la mañana con el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, y el subdelegado en Gipuzkoa, Guillermo Echenique. La cita, a iniciativa de Subijana, se había programado debido a la preocupación que había despertado en el presidente de la Audiencia de Gipuzkoa que el territorio contara exclusivamente con un CIS.
Según pudo saber ayer este periódico, el diagnóstico final es claro, y coincide plenamente con los términos planteados ayer por el Ministerio del Interior. Las demandas transitan por dar respuesta a los penados clasificados en tercer grado, que serán atendidos en el CIS. Pero los presos preventivos y penados en segundo grado no sabían hasta ahora qué iba a ser de ellos. “Estamos hablando de un número no insignificante en Gipuzkoa. Son cada año más de 200. Siempre hemos entendido que esas necesidades se tenían que cubrir desde Gipuzkoa, teniendo en cuenta que tiene una población de más de 720.000 habitantes, y además siempre ha contado un centro penitenciario en torno al cual se ha construido una red social y de apoyo médico y terapéutico”. De no dar satisfacción a las necesidades actuales, advertía ayer Subijana, esa red “iba a quedar desmantelada o fragmentada”.
readecuación del plan El ministro del Interior habló ayer de recuperar la vía “centro Norte III”, cuya licitación estaba prevista para el verano del año pasado. Contemplaba la construcción de la prisión sobre una parcela de 287.772 metros cuadrados, con seis módulos residenciales, uno polivalente y 508 celdas. Marlaska habló ayer, en cambio, de una infraestructura de entre 200 a 300 plazas, lo que hace entrever una readecuación del plan.
La decisión tomada, en todo caso, tiene también enorme influencia desde el punto de vista de la asistencia letrada. Sobre todo en relación a los reclusos que están en situación de prisión provisional y que tanto necesitan la comunicación directa con los abogados. “El traslado a Zaballa iba a provocar dificultades muy significativas desde el punto de vista de derecho a la defensa”, advirtió ayer Subijana.
El presidente de la Audiencia de Gipuzkoa entiende además que si el delito penitenciario tiene que responder a políticas públicas de inserción, la cercanía entre el entorno familiar y social del penado es un elemento importante. “El traslado a Zaballa iba a generar una dificultad añadida”. Subijana se mostró ayer satisfecho. “Lógicamente, el paso que se ha dado responde a lo que hoy (por ayer) he trasladado al delegado y subdelegado del Gobierno y, sobre todo, a las necesidades reales de Gipuzkoa”.
