pamplona - La consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, reiteró ayer su intención de contar antes de terminar la legislatura con un nuevo modelo de atención y recursos para las mujeres víctimas de violencia machista y precisó que “mientras tanto, se están planteando desde ya mejoras en el personal y en la seguridad de los recursos”.

Ana Ollo compareció en comisión parlamentaria para presentar los resultados del primer Informe de Evaluación de las ayudas económicas, recursos de acogida y asistencia letrada del SAM de atención a la violencia contra las mujeres en Navarra, “un tema prioritario y fundamental para este Gobierno con el que está fuertemente comprometido”, manifestó. Una violencia, agregó, cuyos datos constituyen “la punta del iceberg de la mayor vulneración de derechos humanos que sufre la mujer”.

La evaluación, que conlleva conclusiones y propuestas de mejora, así como medidas concretas a corto, medio y largo plazo, se ha centrado en las ayudas económicas, los recursos de acogida (centro de urgencia, casa de acogida y pisos residenciales) y el servicio de atención jurídica (SAM) que se presta en colaboración con los colegios de abogados y que desde esta legislatura cubre toda Navarra.

Ana Ollo destacó que es la primera vez que se realiza una evaluación sobre estos recursos, lo que, por tanto, supone “un punto de inflexión”, así como la participación, junto a expertas, de mujeres supervivientes.

El informe evalúa el periodo 2012-2017 y han participado 143 personas, 19 hombres y 124 mujeres y, de estas últimas, 39 son supervivientes. “Contar con esas voces no solo era necesario, sino esencial para hacer una evaluación que diese respuesta a sus expectativas y necesidades”, subrayó. Tras calificar la ley foral 14/2015 como “pionera”, detalló las fortalezas y debilidades del sistema recogidas en este informe que fue presentado el 18 de septiembre y citó como conclusiones la necesidad de aumentar la cobertura de las ayudas económicas, generar nuevas que permitan el empoderamiento y la autonomía de las supervivientes e incorporar el enfoque de género en la gestión de todos los recursos. Igualmente, dijo que es necesario facilitar la autonomía de estas mujeres mediante ayudas y empleo y evitar la dependencia vital de las ayudas económicas.

Sobre los recursos de acogida, destacó que requieren especialización en exclusión social, ya que el perfil en estos casos, en su mayoría, son mujeres migradas, con hijos, en desempleo y sin redes sociales de apoyo. También dijo que deben renovarse para atender todas las manifestaciones de violencia, así como mejorar la coordinación y el acceso con más información. Respecto al SAM, planteó la necesidad de contemplar el enfoque de derechos humanos y de género. Citó las actuaciones que ya se están desarrollando, como el alojamiento para víctimas de trata y avanzó la creación en breve de un grupo de trabajo integrado por profesionales, aunque escuchará a las mujeres supervivientes, grupos feministas y parlamentarios, para elaborar el nuevo modelo.

apoyo unánime En el turno de intervención de los grupos parlamentarios se constató unanimidad en el abordaje de la violencia de género, aunque hubo toques al Ejecutivo. Ana San Martín (UPN) dijo que la evaluación se ha hecho “tarde” y que es “lógico” que haya necesidad de un “un nuevo modelo” y de políticas activas de empleo. Nuria Medina (PSN planteó que hay que replantear la atención primaria de los servicios sociales “porque lo que nos llega es que mucha mujeres acuden a ellos pero que no están preparados para recibirlas”. También pidió que los recursos se adapten a las distintas manifestaciones de violencia. Javier García (PPN) dijo que los recursos deben adaptarse a la mujer y no viceversa y que las ayudas hay que darlas pero con control y búsqueda de empleo.

Virginia Alemán (Geroa Bai) consideró “fundamental” evaluar las políticas públicas para avanzar” y ver “si son eficaces”. Valoró la participación de 39 mujeres supervivientes. Asun Fernández de Garaialde (EH Bildu) destacó la renta garantizada, dentro de las ayudas prestadas. Tere Sáez (Podemos-Orain Bai) alertó de que hay mujeres que no está accediendo a los recursos (salud mental, adicciones o con hijos mayores) y destacó el movimiento feminista en la puesta en marcha de estos recursos en los ochenta. Marisa de Simón (I-E) comentó que hay que ver si los recursos responden a las necesidades y se está haciendo “un buen trabajo”. En cuanto al apoyo económico lamentó que se diga que hay que evitar que las mujeres se acostumbren a ellas ya que “de lo que se trata es que puedan vivir sin miedo y con dignidad”. - L.C.H.