Pamplona - La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, incidió ayer en Pamplona en que “el Derecho debe de regular para hacer efectiva la plena inclusión de todas las personas, independientemente de las circunstancias físicas o psíquicas de cada uno”. Carcedo hizo estas declaraciones durante la apertura del II Congreso Nacional del Derecho de la Discapacidad, organizado por el CERMI, La Fundación Derecho y Discapacidad y la Fundación Caja Navarra.

A juicio de la ministra, la clave de estas jornadas profesionales no está en los aspectos teóricos, sino el establecimiento de mejoras que pondrán en práctica los poderes públicos. “Lo importante es avanzar de forma efectiva en la plena igualdad de las personas con discapacidad y en la corrección de las situaciones de discriminación que todavía hoy persisten en nuestra sociedad”, apuntó.

La ministra hizo un breve recorrido por las medidas tomadas desde el Gobierno Central en materia de discapacidad, aludiendo al incremento de 830 millones de euros destinados a la dependencia en los presupuestos del 2019 o la reciente reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Así mismo, se refirió a la actualización de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, que “proporcionará una prestación ortoprotésica más equitativa”, aseguró, o la futura modificación de la Lomce, la cual, criticó, han supuesto una restricción muy severa para la inclusión educativa. A poco más de un mes de que Naciones Unidas examine la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Carcedo aseguró que aspiran recibir de nuevo el premio Roosevelt.

En la inauguración del congreso participó también el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, que puso en valor las distintas acciones llevadas a cabo por el Gobierno de Navarra por la integración de las personas con discapacidad. En este sentido, se refirió a avances como la aprobación de la Ley de Conciertos Sociales, y la elaboración de la Cartera de Servicios Sociales, en proceso de aprobación. También se refirió a las distintas medidas llevadas a cabo en la mejora de la atención sanitaria y en el sistema educativo, así como al Plan de Discapacidad de Navarra, centrado en ámbitos como la inclusión, la autonomía personal y la accesibilidad universal. Según indicó Laparra, Navarra cuenta con 33.000 personas con un grado igual o superior al 33% de discapacidad, alertando de que se espera que para 2030 esta cifra aumente en unas 4.000 o 5.000 personas más.

El presidente del CERMI y de la Fundación Derecho y Discapacidad, Luis Cayo Pérez Bueno, señaló que, pese a que “históricamente el Derecho no ha sido especialmente benigno ni benevolente con las personas con discapacidad”, desde el movimiento de la discapacidad no se ha caído en la resignación, “porque el Derecho puede y debe ser una herramienta al servicio de la inclusión de las personas con discapacidad”.

Pérez Bueno destacó el proceso de reforma de la Constitución: “No se trata de una reforma solo terminológica, sino integral, que refuerce la protección de los derechos de las personas con discapacidad”, afirmó. Así mismo, alabó otras medidas en materia de discapacidad como la devolución del derecho al voto de casi 100.000 personas con discapacidad “privadas del mismo por razón de discapacidad intelectual, psicosocial o deterioro cognitivo”, o la puesta en marcha de una reforma del Código Civil para pasar de la supresión de la capacidad jurídica al apoyo para poder ejercerla.

Por su parte, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pamplona, Aritz Romeo, mostró su satisfacción por que Pamplona acoja este congreso, un aspecto que valoró también el presidente de la Fundación CAN, Javier Miranda. Romeo abordó asimismo la necesidad de seguir mejorando las políticas sobre discapacidad. “El parámetro de la accesibilidad es esencial para el ejercicio de los derechos fundamentales”, consideró.