Navarra, a la vanguardia del Estado en la protección de lugares de memoria histórica

Así, se registrarán aquellos espacios físicos significativos para Navarra en los que se desarrollaron hechos vinculados con la represión y la violencia ejercidas como consecuencia del golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y el franquismo. Según el texto legal -aprobado por el Parlamento foral el pasado 26 de diciembre-, podrán ser declarados como tales las fosas de fusilados, los lugares de detención y asesinato, obras públicas construidas con trabajadores forzosos y los memoriales levantados tras la dictadura por parte de familiares, asociaciones y entidades locales e instituciones.

Ya en noviembre de 2017 se presentó una censo provisional con una treintena de lugares que podían ser declarados como lugares de memoria. No obstante, tras la aprobación de la ley, se realizó una propuesta de trabajo en torno a diez lugares de memoria cuya tramitación ya está en marcha. Se trata del Parque de la Memoria de Sartaguda, del Fuerte de Alfonso XII (monte Ezkaba), de la fosa de la Tejería (Monreal), de la fosa de Valcaldera (Cadreita), de la sima de Otsoportillo (Urbasa), de la fosa de Olabe, de la carretera de Igal-Vidángoz, del Memorial de las Fosas del Perdón, de la GR-225 (ruta de la fuga de Ezkaba) y de la escultura en memoria de la represión de la mujer (Peralta).

La aprobación de esta iniciativa legislativa, supone una complementación con la Ley Foral de Memoria Histórica y cuyo objetivo es preservar esos lugares para que lo que pasó en ellos nunca más vuelva a repetirse. Según recoge la norma, se pretende que estos lugares de la memoria sean una mirada al pasado y una herramienta a futuro para avanzar en la construcción de una convivencia real, justa y pacífica. De esta manera, estos espacios deberán promover el respeto a los Derechos Humanos, a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas y valores como el respeto, la tolerancia o la solidaridad.

La ley tendrá repercusiones concretas, por lo que generará obligaciones y derechos tanto a entidades públicas como a particulares en materia de señalización conservación, etc. De hecho, según recoge la norma, las personas propietarias de un terreno inscrito como lugar de memoria, deberán comunicar al Gobierno cualquier actuación o daño en relación con estos espacios, así como permitir su señalización y su visita pública al menos cuatro días al mes. De la misma manera, los titulares de estos lugares podrán recibir asistencia técnica por parte del Ejecutivo y podrán solicitar subvenciones para la conservación o protección. Por su parte, la Administración deberá garantizar su perdurabilidad llegando a impedir obras y derribos si fuera necesario.

difusión de lo ocurrido Además de la protección, la ley también recoge las acciones dirigidas a la divulgación y difusión de estos lugares y de sus valores. Para ello, el Gobierno foral deberá señalizar cada lugar de memoria y determinará los medios para su difusión. En segundo lugar, se elaborará un mapa digital, de acceso público y que se irá actualizando, donde se ubiquen geográficamente los lugares y se informe de lo que allí ocurrió. Asimismo, en colaboración con las entidades locales y asociaciones memorialistas se diseñarán itinerarios que den a conocer aquellos sucesos y favorezcan su transmisión.

En tercer lugar, se promoverán actividades de divulgación con la colaboración de centros universitarios y de investigación, la colaboración con asociaciones y con el programa Escuelas con Memoria. Este último es un proyecto educativo planteado para todos los niveles no universitarios y pretende generar un trabajo en torno a la memoria histórica. De hecho, alumnos y alumnas de diferentes centros han participado, por ejemplo, en algunas de las exhumaciones que se han realizado durante esta legislatura.