pamplona - Los cinco hombres y las cuatro mujeres que forman el jurado popular del crimen de Corralillos se encerraron ayer durante al menos seis horas para deliberar sobre el objeto del veredicto que les ha planteado la magistrada presidenta, Raquel Fernandino, y que consta de 19 preguntas. Ayer mismo, por la tarde, el jurado comunicó a la letrada de la Administración de Justicia de la Sección Segunda de la Audiencia que tenía dudas acerca del cuestionario y la magistrada convocó a las partes a una nueva vista pública. Ya por la mañana, habían consensuado el cuestionario que deben responder los jurados, aunque la acusación particular protestó al no incluirse entre las preguntas ninguna que hiciera referencia a que la pelea entre acusado y víctima se inició por causas desconocidas, que es la tesis que mantiene. Así, en el formulario se plantea ya de inicio si el fallecido, Daniel de la Fuente, de 22 años, entró en la furgoneta del procesado y empezó a agredirle.

El jurado necesitaba que se le aclararan las preguntas que hacen referencia a si la actuación del acusado fue con dolo (tenía intención de matar) o con dolo eventual (se le tenía que haber representado que era muy posible que si estrangulaba con el cinturón a la víctima lo acabara matando). Después de la audiencia pública, el jurado se volvió a recluir hasta las 20.00 horas, cuando finalizó su deliberación por ayer. Hoy la retomarán a partir de las 10.00, tras haber dormido en un hotel y no poder hablar más de la causa ni tener contacto con el exterior. El jurado se encargará de declarar probados o no probados una serie de hechos justiciables. En caso de que sean probados, y por tanto perjudiquen al procesado, se requieren siete votos de los nueve en total. En el caso contrario, y que beneficie la cuestión no probada al acusado, se necesitan solo cinco votos de los nueve jurados.

En las cuestiones también figuran otras que hacen referencia a las alternativas planteadas por las distintas partes a la hora de calificar los hechos. Así, la Fiscalía reclama 8 años (la pena en todo caso la impone la juez, no el jurado) por un delito de homicidio en el que considera que se debe aplicar una legítima defensa incompleta. Es decir, el acusado se defendió de una agresión ilegítima pero lo hizo de forma excesiva y desproporcionada. La acusación particular, que ejerce el letrado Eduardo Ruiz de Erenchun, solicita que se le condene a 20 años de prisión por un delito de asesinato. De manera alternativa, también calificó los hechos como un homicidio con abuso de superioridad, delito que por cierto le impuso como condena al acusado del crimen de Nagore Laffagge en uno de los jurados más controvertidos de Navarra.

LA DEFENSA QUIERE ABSOLUCIÓN Por último, la defensa que ejerce el abogado Iván Jimeno Moreno, exige que se absuelva a su representado, Luis Alberto Alarcón Aguirre, peruano de 50 años y vecino de Pamplona. El procesado se encuentra en libertad después de que apenas un mes después de que fuera encerrado, la Audiencia le dejara libre a la espera de juicio. Ante el jurado, el abogado defensor ha sostenido que a su cliente se le deben aplicar dos eximentes completas, es decir, dos circunstancias que le quitarían cualquier responsabilidad penal: la de legítima defensa y la de miedo insuperable. Por un lado, porque entiende que la defensa no fue desproporcionada y que la agresión fue ilegítima, inminente y real y, después, por el “pánico atroz” que le generó la situación de que Daniel entrara a su furgoneta y le agrediera sin dejarle salir y queriéndole matar, según su versión. El jurado, hoy, tratará de llegar a un acuerdo.