pamplona - La Fiscalía navarra va a pedir una medida de seguridad de internamiento en un centro específico por tiempo no superior a 25 años para Julián E.S., de 74 años, ahora en prisión y acusado de asesinar a un compañero en la residencia de ancianos de Cárcar al haberle apuñalado en la habitación el 18 de diciembre de 2017. El juicio por estos hechos se celebrará con jurado popular entre el 20 y el 24 de mayo y será presidido por la magistrada Esther Erice, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra. Hay posibilidades de llegar a un acuerdo si el médico forense determina que el encausado es capaz de dar su conformidad a alguna de las acusaciones.

La víctima de los hechos, Antonio Pueyo Remacha, de 80 años, falleció un mes después al no poder recuperarse de las heridas sufridas con arma blanca en la cara y en el cuello. El Ministerio Público reclama la absolución, es decir que el acusado no ingrese en prisión, ya que entiende según el informe forense que el procesado presentaba un trastorno de ideas delirantes en el momento de los hechos, favorecido por un cuadro demencial que anulaban totalmente sus capacidades de razonamiento y de voluntad. Ello haría que se le aplicara una eximente completa, que es lo que pide tanto la Fiscalía como la defensa del procesado, por trastorno psíquico, ya que según el escrito de acusación el origen del trastorno residía en la “creencia firme y convencida de que la víctima iba diciendo al resto de residentes que era un ladrón”.

La acusación particular, que ejerce el abogado José María García Elorz, disiente sin embargo del criterio de la Fiscalía y reclama 20 años de prisión por un delito de asesinato y, de modo alternativo, califica los hechos como constitutivos de un delito de homicidio. Pero la acusación que ejerce la familia de la víctima entiende que el acusado no sufría ningún trastorno mental y que no se le debe aplicar ninguna atenuante o eximente de su responsabilidad penal.

Los hechos de la acusación comienzan relatando que el procesado residía en la residencia desde 2012. La Fiscalía detalla que la víctima precisaba para sus desplazamientos de una silla de ruedas ya que carecía de una pierna. Aproximadamente desde octubre de 2017, el acusado comenzó a pensar que el fallecido decía a los residentes de la residencia que era un ladrón. La víctima, en varias ocasiones, se quejó de este hecho ante la dirección de la residencia. El centro concertó una entrevista entre los implicados y una tercera persona en la que la víctima negó los hechos de los que se le acusaba. Dicha explicación no convenció sin embargo al procesado, que siguió pensando que Antonio le acusaba de ser un ladrón. Así, el 18 de diciembre de 2017, sobre las 22.20 horas, Julián E.S. se dirigió a la habitación de la víctima. Iba con un cuchillo en la mano. La víctima estaba viendo la televisión con la luz apagada, tumbado en la cama. El acusado ocultó el cuchillo al entrar en la habitación, se dirigió a la cama y comenzaron una discusión. Durante la misma, tras decirle “te voy a matar, cabrón”, con la intención de matar al otro residente le exhibió el cuchillo y le dio varias puñaladas en el cuello, cara, cabeza y mano. La víctima fue hospitalizada y falleció el 27 de enero como consecuencia de una insuficiencia respiratoria aguda derivada del periodo de tiempo que llevaba encamado por las heridas causadas. El acusado había adquirido el cuchillo en San Adrián unas semanas antes de los hechos.

La acusación pide 20 años de cárcel y no contempla que sufra ningún trastorno mental. La acusación particular que ejerce el abogado José María García Elorz no contempla ninguna atenuante o eximente para el acusado por trastorno mental, sino que entiende que estaba en pleno uso de sus facultades cuando cometió los hechos y que, de hecho, hasta entonces no había tenido ningún problema en la residencia. Por ello pide 20 años de cárcel por asesinato.