madrid - Seis personas fueron detenidas ayer al tratar de impedir los desahucios de los residentes de cuatro viviendas situadas en el número 11 de la calle de Argumosa, en el madrileño barrio de Lavapiés, que finalmente fueron ejecutados.
Alrededor de 200 personas entre vecinos y activistas se concentraron frente a las viviendas para protestar por los desahucios, que afectan a cuatro familias que vivían de alquiler y entre las que hay un bebé de un mes y una persona discapacitada.
Fuentes policiales informaron de que hubo seis detenidos a los que se le imputa los delitos de resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturares de las Naciones Unidas había reclamado, por tercera vez ya, suspender el desahucio en tres de las cuatro viviendas mientras examinaba los casos o se otorgaba a las familias en cuestión “una vivienda alternativa adecuada”.
Solo una de las familias había solicitado una alternativa habitacional de las cuatro que fueron desalojadas de sus casas en un edificio que se ha convertido en un símbolo de la lucha contra los desahucios en Madrid.
Sin embargo, trabajadores del ayuntamiento de la ciudad que acudieron al inmueble están dialogando con todas las personas afectadas tras los desahucios para ofrecerles recursos, según señaló Fernando Bardera, portavoz de la plataforma Bloques en Lucha.
Pepi, una de las vecinas desahuciadas, salió a la calle para agradecer el apoyo de la gente congregada frente al inmueble, que recibió a la Policía con gritos como “Vergüenza, vergüenza”, “Las casas son para la gente” o “Medidas sociales y no policiales”.
En la zona llegó a haber una docena de furgones de antidisturbios y la circulación en la calle estuvo cortada desde la madrugada y durante la ejecución de los desahucios, previstos para las 9.30 horas.
Alejandra Jacinto, abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), calificó este despliegue policial como una “salvajada”.
Además, denunció ante los medios que ha habido una operación judicial “sin precedentes” y “orquestada” entre tres juzgados de Madrid que, según sostuvo, “fueron coordinados de alguna manera para dictar la misma resolución”.
“Es el mismo auto con el mismo contenido literal el mismo día 20 de febrero y notificado con menos de 24 horas de antelación a las familias que acaban de ser desalojas”, señaló.
sin trasladar sus enseres La abogada comentó que las familias se enteraron del desahucio este jueves por lo que “no han podido” trasladar sus enseres a otro lugar. “No sé qué haremos con ellos”, dijo.
Por otro lado, comentó que las familias desahuciadas llevaban “muchísimos años” viviendo en ese inmueble, algunas de ellas 20 años, e indicó que el año pasado todas ellas recibieron un burofax firmado por una empresa inmobiliaria que les comunicó el fin de sus contratos.
“Asustadas por esa situación”, según la abogada, las familias “dejaron de pagar sus rentas”, lo que, a su juicio, fue “la excusa para interponer demandas de desahucio por impago”.
En la concentración en la calle Argumosa estuvieron presentes los diputados de Unidos Podemos Ana Marcello, Alberto Rodríguez y Rafael Mayoral, a los que la Policía tampoco permitió acceder al bloque de pisos.- Efe/D.N.
isabel celaá “la política no ha llegado a tiempo”
La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, aseguró que la Policía cumplió su deber en los desahucios, pero que la política “no ha llegado a tiempo” para evitar un “nuevo drama”. “La policía ha cumplido su deber pero la política no ha llegado a tiempo para evitar este nuevo drama, que afecta a personas humildes, a gente que espera de nosotros una respuesta ante la ruina y los recortes provocados por la crisis”, señaló.
