Pamplona - El Observatorio de la Dependencia, perteneciente a la asociación de directores y gerentes de Servicios Sociales, concluye en su último dictamen que Navarra es, junto a Castilla y León, Ceuta y Melilla, una de las pocas comunidades “cercanas a la plena atención” en materia de dependencia tras haber conseguido, con sus “avances” en los últimos cuatro años, que la “lista de espera esté reducida prácticamente a la gestión normal de altas y bajas sin acumulados”. El Gobierno del cambio se encontró en 2015, por diferentes circunstancias (de gestión autonómica y de implementación de legislación estatal que extendía el reconocimiento a dependientes de grado 1), con un auténtico “atasco” en la tramitación. Según los datos de este informe anual, el 31 de diciembre de 2015 había en Navarra 9.036 dependientes atendidos, 421 pendientes de valoración y 4.368 con derechos reconocidos en espera de ayuda o servicio. En la misma fecha, pero de 2018, la foto era muy diferente con 13.668 personas atendidas; 453 pendientes de valorar y 1.465 reconocidos en espera del apoyo, aunque sólo dos centenares de estos estaría fuera del plazo legal de más de 6 meses de espera. En conjunto tras la legislatura hay casi 4.000 personas que reciben apoyos y 3.000 menos en lista de espera, con la anterior matización temporal.

El informe, con resultados estatales y comparativas autonómicas, recoge en este asunto concreto una perspectiva temporal que va aún mas atrás ya que se remonta a 2011. Entonces había en Navarra 8.131 atendidos y 2.665 en espera. Estos bloques fueron compensándose entre 2012 y la primera mitad de 2015 pero ahí, justo en el traspaso entre el gobierno saliente de UPN y el entrante del cambio, se generó el atasco con el que el cuatripartito arrancó la legislatura y que ahora ha logrado absorber. En esto había una causa objetiva como es el hecho de que el 1 de julio de 2015 entraba en vigor un apartado de la legislación estatal de manera que los dependientes moderados (grado I) también podía solicitar un servicio o prestación. Lógicamente esto motivo la entrada en el sistema de un importante volumen de personas que debían valorarse y tramitarse, con lo que el arranque de la legislatura fue muy complejo. UPN aprovechó la situación para censurar la gestión de Laparra en este ámbito, quien remarcó en su día que además de ese hecho inapelable, había otro “evitable” en la gestación del atasco atribuible a quien el criticó.

El departamento de Derechos Sociales, sostuvo en 2016, que ese “atasco” en personas valoradas sin ayuda se debía en gran medida a que precisamente UPN, en el tramo final de su gestión, no dio salida a un volumen 3.686 expedientes de dependientes moderados a los que a partir del 1 de julio de 2015 la ley estatal les amparaba para recibir una ayuda, que no se canalizó a nivel foral, y a los que se sumó luego una entrada de otros 3.000 nuevos solicitantes. Por ello señalaron en su día que “puestos a comparar”, solo con esos 3.686 expedientes inconclusos las listas de espera que recibieron eran ya más altas que las que están tratando de resolver desde la toma de posesión a final de julio de 2015. El consejero explicaba al final del año 2016 que confiaba atajar en 2017 este problema duplicando la plantilla de personal para este trámite burocrático. La portavoz de UPN en la Comisión de derechos Sociales, Maribel García Malo, que no precisó en su comparecencia ese día el volumen de la plantilla del gobierno saliente para estas tareas, apeló a la “cortesía” el que las órdenes forales necesarias no fueron firmadas a tiempo, algo que complicó mucho el arranque del gobierno del cambio cuando era evidente que por imperativo legal estatal se podría haber avanzado en las PIA (valoración económica) y asignación de servicios. No obstante, lo cierto es que, como se puede observar en el informe del Observatorio, desde ese momento han ido subiendo las personas atendidas y bajando las que estaban en espera. Resulta llamativo el salto de 9.754 atendidos en 2016 a 12.284 en 2017 (en el último año se han sumado otros mil) así como un descenso en la lista de espera de 3.037 el año 2017 a las 1.465 al cerrar el 2018 con el añadido cualitativo de que también han bajado el número de personas con tiempos de espera superiores al máximo legal de 6 meses hasta quedarse en apenas dos centenares, según fuentes de Derechos Sociales.

El Post-it

Puntuación. El informe analiza otros parámetros en los que Navarra sale mejor o peor valorada. Metodología al margen, lo cierto es que Navarra está mínimamente por debajo de la media estatal (10%) en cuanto a personas beneficiarias de la población potencialmente dependiente, lo mismo que en la subida anual de atenciones (en este caso por encima) o en empleo generado. Sale mal parada en “retorno económico” mientras que en la puntuación general logra una nota de 4,3. En 2015 estaba en un 2,5.