Solo una de las doce víctimas por violencia machista había denunciado

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género confirmó ayer a través de su cuenta de Twitter que los tres presuntos asesinatos son violencia de género. “Condenamos estos casos que elevan a 12 la cifra de mujeres asesinadas en 2019 y a 987 desde 2003. #BastaYa #NiUnaMenos”, escribió el organismo.

El asesinato de una octogenaria a manos de su marido en el madrileño distrito de Ciudad Lineal elevó a diez las mujeres asesinadas en 2019. Este crimen tuvo lugar el viernes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer en el que estaba convocada la huelga feminista. El presunto autor, un hombre de 80 años, fue detenido.

Un día después, el sábado 9 de marzo, fue asesinada otra mujer el Estepona (Málaga). Al parecer, la víctima, Gloria T., de nacionalidad española y 58 años, fue apuñalada por su marido, de 55 años y de Reino Unido, en presencia de su hijo, de 15 años. De hecho con este crimen, la cifra total de huérfanos menores de 18 años en lo que va de 2019 se eleva a nueve.

Y el domingo, 10 de marzo, un hombre de 46 años asesinó presuntamente con una escopeta a su mujer, de 43, en su vivienda del ayuntamiento de Valga en la provincia de Pontevedra. Tras matarla, el varón se suicidó.

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, condenó a través de su cuenta de Twitter los tres asesinatos. “Desolada tras conocer el crimen machista en Valga (Pontevedra), con el que ya son 12 las mujeres asesinadas este año. Inmensa rabia y dolor y nuestra firmeza para combatir esta lacra”, señaló en un mensaje publicado en la red social.

Ninguna de las tres víctimas mortales recientemente incorporadas a las cifras oficiales había presentado denuncia contra su agresor. De las 12 mujeres asesinadas en lo que va de 2019, solamente una había denunciado a su agresor (el 8,3% del total).

De las 12 mujeres asesinadas, la mayoría (10) tenía una relación de pareja con su presunto agresor, frente a dos que eran expareja o estaban en fase de ruptura. Ocho de ellas convivían con su agresor, y cuatro no.

Un total de nueve víctimas mortales eran españolas (75%), frente a tres extranjeras. De las doce asesinadas, tres tenían de 21 a 30 años; otras tres de 41 a 50; dos de 51 a 60; una tenía 85 o más, mientras que otra tenía entre 16 y 17 años.

agresores españoles Respecto a los presuntos a los agresores, un total de ocho eran españoles, es decir, la mayoría (66,7%), mientras que cuatro eran extranjeros. De los doce agresores, cuatro tenían de 41 a 50 años; dos de 51 a 60; uno entre 18 y 20; otro de 21 a 30; otro de 31 a 40; otro de 61 a 70; otro de 71 a 84 años, y otro tenía 85 o más años de edad. Según recoge la estadística oficial, 4 de los presuntos agresores se suicidaron tras cometer el crimen y uno más lo intentó.

Hasta el momento, tres de los crímenes han tenido lugar en Andalucía; dos en la Comunidad de Madrid; uno en Aragón; uno en Canarias; uno en Cantabria; uno en Castilla y León; uno en Catalunya; uno en la Comunidad Valenciana; y otro en Galicia.

La estadística oficial llevaba casi un mes sin actualizarse debido a la ausencia de confirmación de nuevos asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Hasta el pasado viernes, día 8 de marzo, el último asesinato que se había confirmado fue el de una mujer de 29 años localizada en la localidad de Planes (Alicante) el pasado 9 de febrero.

Según se recoge en dicha estadística del Gobierno, desde enero permanece en investigación el caso de Romina Celeste Nuñez, desaparecida en día de Año Nuevo en Costa Teguise (Lanzarote). Su marido afirma que se la encontró muerta y que se deshizo de su cadáver, lanzándolo al mar.

la necesidad de denunciar El hecho de que once de las 12 víctimas no denunciasen ante el que las instituciones vuelve a subrayar la necesidad de que las víctimas denuncien para obtener el estatuto integral de protección y romper el círculo de la violencia.

“La víctima tiene que saber que en España existe un sistema de recursos asistenciales y también judiciales y policiales que están creados solo y exclusivamente con la intención de proteger su vida y su integridad física y psíquica”, destacó en una entrevista la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona.

“Hay que decirle a la sociedad y a las víctimas que si hay alguna manera de frenar al agresor es a través del procedimiento judicial, con medidas cautelares o con penas”, subrayó la fiscal ante el Tribunal Constitucional Teresa Peramato.

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop, dejó claro que “el estatuto integral de protección solo se obtiene con la denuncia, es decir, la protección judicial o policial solo se puede obtener con una denuncia, con un procedimiento judicial”.

Aun así, tanto Llop como Carmona sostuvieron que es necesario desvincular determinadas ayudas y atención a las víctimas de la denuncia, tal y como recogen el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el Convenio de Estambul.

En ese sentido, Peramato indicó que hay que hacer un mayor esfuerzo en informar a las víctimas de que cuentan con una red de apoyo y asistencia muy grande antes de denunciar que “las va a refortalecer para que tomen la decisión de denunciar”.

La delegada del Gobierno y la presidenta del Observatorio del Poder Judicial admitieron lo difícil que es para las víctimas denunciar a sus maltratadores, dado que son “delitos muy complejos” en los que existe dependencia emocional y/o económica del agresor.

“A las mujeres les resulta muy complicado denunciar. Es comprensible porque tienen mucho miedo al maltratador, tienen mucho sentimiento de culpabilidad y de vergüenza. Por eso es vital que su entorno les apoye”, recalcó Carmona. - E.P./Efe