Pamplona - Navarra se ha tomado en serio la lucha contra el cambio climático. Las principales instituciones mundiales han puesto 2050 como fecha tope para intentar fijar un punto de inflexión en la emisión de gases como principal causa de las alteraciones en el clima (subida de temperaturas, desertización, fenómenos meteorológicos extremos) que están teniendo consecuencias económicas, sociales y sanitarias. La Comunidad Foral retomó este asunto en 2015 (en 2011 se aprobó una Estrategia contra el cambio climático, pero que no tuvo un desarrollo efectivo) y ha ido generando diferentes documentos e instrumentos aprobados en 2018 como la Hoja de Ruta, el Plan Energético o el Plan de Residuos (recurrido ahora por el Estado) que necesitan el respaldo de una ley para dotarles obligatoriedad y eficacia. Todo ello sin obviar el posterior desarrollo presupuestario, aunque ya existen cálculos macroeconómicos según los cuales con apenas una inversión del 4,2% de todo el presupuesto de 2019 (o un gasto neto del 0,44% según otra visión contable) se pueden lograr ya efectos tangibles. Algunas autonomías como Catalunya, Baleares, Andalucía y la CAV ya tienen normativas en esta línea. En el caso navarro, se acaba de dar a conocer un anteproyecto del ley en fase de debate público por lo que la legislatura acabará sin terminarse su tramitación parlamentaria. Sin embargo, el Ejecutivo pone en valor este documento, aún mejorable, al creer que las fuerzas políticas acabarán poniéndose de acuerdo ante un hecho real -el cambio climático- y tomando como base “cumplible, vigente y necesario”. El objetivo de esta ley foral es conseguir para el año 2050 una reducción del 80% de las emisiones de GEI (gas efecto invernadero) con respecto a las del año 2005, muchas de sus medidas tienen un paso intermedio para 2030.
En este campo hay mucho camino que recorrer ya que en 2017 se confirmó el alza en emisiones detectada en 2015 y 2016 que rompió la senda descendente que se venía observando en años anteriores debido principalmente a los gases del sector de generación de electricidad y, en menor medida, al sector de combustión industrial. Las emisiones directas, que son las que se producen por las actividades realizadas en el territorio de Navarra, subieron 2017 un 41,95% respecto al año 1990, y un 3,8% respecto a 2016. Aún no se han publicado el informe de 2018. El sector que más contribuye a las emisiones en Navarra el industrial con un 28,14%, seguido del transporte (20,26%) y del sector primario (18,32%). Más allá de estos y otros datos, que justifican la necesidad de dar este paso legislativo, a continuación se repasan algunas de sus claves filosóficas y medidas concretas.
ejemplarizante
Administración
Los servicios públicos abrirán camino
No es una ley para que “los demás la cumplan”, sino que la propia Administración es la primera que se compromete, no sólo a cumplirla, sino a liderar su desarrollo dando ejemplo. Esto se observa en varios de su capítulos pero se explicita en lo que tiene que ver tanto en el parque de edificios como en el parque móvil en manos de la Administración. Así, se prevé que para el 2030 el 50% de la flota del transporte público por carretera y en ciudades sea eléctrico (y el 100% en 2050), lo mismo que en el caso de los autobuses escolares. En el caso de las dotaciones inmuebles (y alumbrado), se apuesta por que en 2025 baje un 25% el consumo energético y las fuentes fósiles sean sustituidas por renovables de manera progresiva: 25% en 2025; 50% en 2030; y 100% en 2050 logrando al menos la calificación energética B.
beneficios
Generales
Interés económico y social no sólo ecológico
Desde Lursarea, agencia que está colaborando desde Derechos Sociales y Nasuvinsa con el departamento de Medio Ambiente en el impulso de esta estrategia interdepartamental, se pone el acento en evitar una visión reduccionista del reto: “No estamos hablando de beneficios medioambientales sólo, sino de beneficios económicos y sociales. Navarra paga a diario 4 millones de euros por el petróleo y gas que consume. Es el precio que toca abonar en la factura energética por el 79% de los combustibles fósiles que la Comunidad Foral tiene que importar para el funcionamiento doméstico, de los edificios industriales y del transporte. Pese al “gran esfuerzo” que ha hecho Navarra en los últimos años, las renovables solo suponen aún el 21% del total de consumo energético, en gran parte gracias a la energía eólica. Darle la vuelta a esta situación, como plantea el propio Plan Energético (el texto fija que para 2020 el porcentaje de energías limpias en Navarra suponga un 30% del consumo, y que este porcentaje ascienda hasta el 50% en 2030), no sólo supondría ventajas para el ecosistema e indirectamente para la salud de las personas (la ONU ha constatado que la contaminación del aire está causando una alta mortalidad) sino que abarataría la factura energética de Navarra y aumentaría su autosuficiencia ya que la energía fósil se importa.
transversal
Sectores y departamentos
Ningún plan sin enfoque de cambio climático
Respetando el ámbito competencial, lo cierto es que el anteproyecto de ley contiene la obligación de que todos los planes sectoriales (cooperación, urbanístico, agua, transporte...) y de diferentes ámbitos de la Administración contengan ya el enfoque de cambio climático como en su día sucedió con el género, etc.
previsión
Escenarios futuros
Anticiparse en el tiempo para calcular el impacto
Los redactores del texto legal hacen especial énfasis en su viabilidad y concreción partiendo de una filosofía de base: “Lo que tenemos entre manos no sólo es un problema ambiental sino un problema con efectos sociales y económicos que afecta a las personas”. Por ello se prevén “herramientas concretas” para anticiparse en el tiempo y calcular el impacto de las medidas y de los hechos en un escenario a medio plazo. “No tiene sentido por ejemplo plantar hayas en una zona que en unas décadas sólo va a ser apta para encinas si sabemos que van a subir las temperaturas y descender las precipitaciones. Ni pensar en construir en una zona que va a ser inundable fruto de los fenómenos meteorológicos extremos”, ejemplifican. Hay que analizar lo que definen como “la cadena de impacto” y su incidencia en los colectivos más vulnerables. Por ejemplo, “a más temperatura, más garrapatas y a más garrapatas más transmisión de enfermedades”, comentan con un caso tan concreto como real. Todo esto tiene un aparataje conceptual e instrumental en torno a esta ley con “indicadores”, “huella de carbono”, “unidades de absorción”, “sumideros de carbono”...
reflexión
Presente, pasado y futuro
Aprender de errores y realismo tecnológico
Aunque el articulado y el preámbulo puede resultar a primera vista muy ambicioso e incluso pueda sonar imperativo, lo cierto es que la ley parte de un enfoque totalmente posibilista, con grandes dosis de voluntariedad en el sector privado y una mentalidad práctica en el sentido de no exigir aquello que la tecnología aún no puede dar. El equipo que la ha impulsa, además de una “progresividad temporal (plazos) y social (que pague más quien más consume o contamine)” incluye siempre la coletilla de “en la medida en el que la técnica lo permita”. Esto nace de la constatación de que a veces pasos hacia adelante sin contrastar que son posibles se han traducido en medidas temerarias y retrasos tanto en lo práctico como en la opinión pública. Las experiencias semifallidas con los biocombustibles o exigencias de energía solar en edificaciones no viables son algunas experiencias que tratan de no repetir para sentar las bases de pasos más medidos, pero seguros .
Poner el foco en “lo nuevo”. El texto más que imponer incentiva y más que mirar hacia atrás mira hacia adelante. Por eso pone el énfasis en todo lo que es “nuevo” para exigir su sostenibilidad habida cuenta que la experiencia dice que una vivienda que no está pensada así tiene una vida de más de 100 años y es difícil corregirla. Lo mismo pasa con los coches con una media de 14 años de duración. Esos casos, y siempre que la técnica lo permita, la exigencia de emisión cero de gases sí que va a ser radical.
Objetivo general. En consonancia con el Plan Energético se prevé que en 2030 el 50% de la energía tenga ese origen.
Prohibición de centrales no sostenibles. No se concederán autorizaciones para centrales eléctricas de entre 10 MW y 50 MW que usen combustibles sólidos.
Impulso a la eólica y solar. Se promoverán instalaciones de eólica y minieólica, minihidráulica, biomasa, solar térmica y fotovoltaica.
Nuevos edificios sin caldera de gas o gasoil. La norma impide instalar este tipo de calderas a partir de 2030. Si son rehabilitaciones, el plazo tope es el de 2040.
En edificios existentes, sustitución para 2050. En el caso de que sean edificios ya construidos con uso residencial o terciario, las calderas abastecidas por combustibles fósiles deberán sustituirse por geotermia, biomasa, bomba de calor u otros antes del año 2050.
Apoyo a la bici. Las referencias son más bien indirectas instando tanto a entidades locales como a empresas a aprobar planes de movilidad sostenible en los que se incluyen la habilitación de parkings de bicis.
Movilidad eléctrica. La apuesta por el coche eléctrico se canaliza hacia dar facilidades para usar estos vehículos obligando a las entidades locales de más de 1.000 habitantes y parkings a crear puntos de recarga o liberarles de pagos por aparcar.
Energía solar obligatoria en nuevos edificios de VPO. La ley obligará a instalar energía solar fotovoltaica y térmica en los nuevos edificios.
En rehabilitaciones. En los de uso dotacional, comercial o industrial de más de 500 m2 las placas llegarán al 50% de la superficie y generarán el 30% de la energía consumida.
En edificios ya existentes. Si la cubierta tiene más de 4.000 metros cuadrados rige la misma exigencia con plazo máximo de 2030.
Filosofía general. Se trata de primar el transporte público frente al individual y dentro de estos el no motorizado frente al motorizado. En el caso de usar motor se priorizará los eléctricos frente a los fósiles.
Flotas públicas eléctricas. La ley otorga un papel ejemplarizante a la Administración de manera que tanto en los vehículos generales como en lo escolares el 50% de la flota sea eléctrica en 2030 y el 100% en el año 2050.
