PAMPLONA. El Gobierno de Navarra va a reclamar en la Comisión coordinadora del Convenio Económico que se tenga en cuenta el reparto de fondos económicos para la ejecución de las medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, reparto en el que Navarra no participa por contar con un sistema de financiación propia.

Así lo ha manifestado esta mañana la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales Ana Ollo, en la Conferencia Sectorial de Igualdad que ha tenido lugar en Madrid presidida por la secretaria de estado de Igualdad, Soledad Murillo.

La consejera ha expresado que la financiación económica del Pacto de Estado, 1.000 millones en cinco años, 500 de ellos para las comunidades autónomas, pretende impulsar medidas adicionales y por lo tanto es una financiación extraordinaria. “Consideramos que si bien Navarra no participaba hasta ahora de los repartos de fondos del ministerio a las Comunidades Autónomas por tener un régimen económico específico, el carácter extraordinario de las medidas propuestas en el Pacto de Estado requieren que Navarra participe en este reparto de fondos. Debemos recibir también fondos económicos por parte del Estado para su impulso y ejecución”. En este sentido Navarra lo hará a través de la Comisión coordinadora del Convenio Económico, donde se va a solicitar que en los ejercicios 2018 y siguientes del actual quinquenio 2015-2019, el importe previsto, según cálculos del ejecutivo cercano a los 1,6 millones de euros, será objeto de minoración en el cálculo de la Aportación provisional de Navarra a satisfacer al Estado.

Acreditaciones

Durante la reunión de hoy, también se ha debatido en torno a los procedimientos básicos para acreditar la condición de víctima de violencia de género y poder acceder al estatuto integral de protección, otra de las medidas que plantea el Pacto de Estado de Violencia de Género.

En este sentido lo que se pretende es, tras la modificación de la Ley Orgánica de medidas de protección integral frente a la violencia de género a partir del Real Decreto Ley de agosto del año pasado, acometer las medidas necesarias para ampliar los criterios y los organismos habilitados para la acreditación de la condición de víctima, dejando de condicionar esa acreditación al hecho de disponer previa denuncia, de una orden de protección o sentencia condenatoria para el acceso a las prestaciones y medidas de ámbito laboral