Política de vivienda: de negocio a derecho

El Gobierno se ha dotado de dos leyes forales y el plan 2018-28, con un diagnóstico previo de la realidad social

09.02.2020 | 11:18

pamplona - Las ayudas al alquiler y a la rehabilitación para facilitar y garantizar el acceso a la vivienda como derecho son prioridades que se ha marcado el Gobierno de Navarra que "ha dado un profundo giro a las políticas urbanísticas y de vivienda con el fin de concebir la vivienda como un derecho y no como un negocio", destaca el Ejecutivo.

Priorizar el alquiler, frente a la compraventa, y la rehabilitación, frente a la nueva construcción como alternativas a las grandes operaciones que al inicio de la legislatura estaban sobre la mesa de la Administración Pública (Guenduláin, Etxabakoitz o Donapea) han marcado las medidas contempladas en el nuevo marco que conforman la ley foral de vivienda de diciembre de 2016, la ley foral del Derecho Subjetivo a la Vivienda aprobada en diciembre de 2018 y el Plan de Vivienda proyectado para 10 años (2018-28).

La política de vivienda ha priorizado la ampliación del parque de vivienda de alquiler social a menor precio, la rehabilitación y el apoyo a familias y gente joven en sus procesos de emancipación facilitando el acceso a una vivienda. "Con ello se persiguen varios objetivos fundamentales: avanzar hacia el reconocimiento efectivo del derecho de todas las personas a una vivienda digna, a la par que generar empleo y avanzar en la sostenibilidad ambiental", explica el titular de Derechos Sociales, Miguel Laparra, departamento en el que se ha incluido entre sus atribuciones la política de vivienda.

derecho subjetivo Navarra ha sido pionera en reconocer el derecho subjetivo a la vivienda que se desarrolla a través de la ley aprobada en diciembre de 2018 que regula varias medidas destacando la puesta en marcha de los programas EmanZipa, de ayudas económicas a los jóvenes para alquiler de su vivienda y DaVid, para familias vulnerables. El diseño pensado en las personas y por ello en las nuevas tipologías de familias y hogares es otra vertiente.

Estas medidas, las de inclusión social y renta garantizada han repercutido también en los desahucios, la expresión más dura de la crisis social y de vivienda, que en 2015-17 bajaron un 70% y el 37% en 2018 (de 154 a 97), según datos del Poder Judicial. - L.C.H.