pamplona - El Congreso de los Diputados ha admitido a trámite la proposición de ley socialista para regular la eutanasia, tras recibir el apoyo de todos los grupos menos el de PP, Vox y UPN, pero el futuro de esta ley podría verse por segunda vez comprometido por una convocatoria de elecciones si el PSOE no logra formar Gobierno.
La Cámara Baja retomó ayer la posibilidad de que España regule la eutanasia con 242 votos a favor, 92 en contra y dos abstenciones, la primera iniciativa que se decide tramitar esta legislatura, si bien su desarrollo dependerá de si finalmente se forma Gobierno antes del 23 de septiembre o se convocan elecciones.
Se trata de la segunda vez que se toma en consideración esta propuesta, ya que la iniciativa -cuyo plazo de enmiendas se amplió en múltiples ocasiones por decisión de Cs y PP en la Mesa del Congreso- decayó en la pasada legislatura después de que las Cortes se disolvieran por la convocatoria electoral, un escenario que podría volver a repetirse.
La coyuntura política fue la protagonista del debate para la nueva toma en consideración de la ley de eutanasia: a pesar del apoyo que muchos le han brindado, los grupos parlamentarios recriminaron al PSOE que la haya impulsado sin acuerdo de investidura y han lamentado vislumbrar un uso electoralista de este asunto.
Las referencias a la deriva de las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos y la perspectiva de una nueva convocatoria de elecciones han pesado más que el propio debate sobre la naturaleza de la ley, llamada a despenalizar y regular la eutanasia en España.
“Nos sentimos profundamente incómodos con este debate. (...) Que se haga en términos profundamente electoralistas es una falta de respeto hacia esas personas que están deseando morir dignamente”, criticó Noelia Vera (Podemos).
aliados Vera afeó al PSOE que lleve la iniciativa a la Cámara “una semana antes de saber” si habrá nuevas elecciones y solicitó a los socialistas que tomen a su grupo “como aliados”, no sólo como competencia. En su defensa de la ley, el propio diputado socialista Patxi López solicitó que no se desperdicie la oportunidad de llegar a un acuerdo para desarrollar una legislatura en la que se conquisten derechos, se recuperen libertades perdidas y haya cohesión social, entendimiento y progreso colectivo: “Sé que valdría la pena, así que no lo malogremos”, dijo.
La norma tiene como objetivo incluir esta práctica como una prestación más en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esto facilitaría el derecho a morir a las personas con enfermedad o discapacidad grave que no tengan más opciones de tratamiento y que quieran voluntariamente, y con informes médicos, acabar con su vida.
La propuesta de ley determina, además, que es el propio paciente quien deberá pedir que se inicie el proceso, según sus “valores vitales” y siempre que tenga una discapacidad “grave”, un sufrimiento físico y psíquico “intolerable, insoportable e irreversible”, una “altísima” dependencia a otras personas y que esta situación esté complementada con un diagnóstico realizado por un profesional sanitario.
Una vez solicitada, y tras ser informado y formado debidamente por un profesional médico, deberá contar con una segunda opinión y, posteriormente, pasar por las comisiones de seguimiento de las distintas comunidades autónomas, quienes tendrían la última palabra como consecuencia de la transferencia de competencias en materia de sanidad, recoge el texto. Por su parte, los médicos podrían apelar a la objeción de conciencia para no practicarla. - Efe/D.N.
