PAMPLONA - El propietario de un establecimiento hostelero de Tudela, actualmente cerrado al público, fue condenado este año por el Juzgado de lo Penal número 1 a dos años de prisión por un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales por las continuas emisiones de ruidos excesivas de su establecimiento, que generaron un total de 27 sonometrías positivas de día y de noche efectuadas por la Policía Municipal de Tudela y la Policía Foral. Además, se le condena a seis meses de cárcel por un delito de lesiones y a una multa de 480 euros por otro delito leve de lesiones, al haber generado situaciones de estrés, angustia y de trastorno a una familia que ocupaba el piso superior al del establecimiento que regentaba el acusado. Dicha situación motivó que la pareja tuviera que seguir un tratamiento farmarcológico. En el curso de las emisiones excesivas de decibelios, que se concentran entre los años 2014 y 2015, la familia tenía un niño pequeño al que tuvieron que llevarse a dormir en múltiples ocasiones a otro domicilio familiar debido a la imposibilidad de que conciliara el sueño por las molestias que generaba el local. La sentencia refleja que el matrimonio debe ser indemnizado con 15.000 euros. La resolución fue recurrida en la Sección 2ª de la Audiencia.
Los hechos probados de este caso, que ya había sido objeto de revisión administrativa por la presunta inacción en su día del Ayuntamiento de Tudela, refleja que el bar fue abierto en el año 2004 y que el acusado empezó a explotar el negocio en régimen de arrendamiento desde 2013. Las quejas ya se habían iniciado tiempo antes y ya en enero de 2014 hubo una primera sanción por parte del consistorio de Tudela que multó al hostelero con 2.000 euros debido a la acumulación de cuatro infracciones. Sin embargo, lejos de que con ello corrigiera los defectos de la instalación y el bar dispusiera del suficiente aislamiento, entre los años 2014 y 2015 se realizaron 25 sonometrías por parte de los agentes de la Policía Municipal de Tudela que resultaron positivas, así como una más de la Policía Foral. Por ello, una resolución de la alcaldía de Tudela a primeros de 2015 inició otro procedimiento sancionador contra el local que fue cerrado definitivamente en octubre de ese año y sancionado con 12.000 euros. La jueza da por acreditada la afección en la salud de los denunciantes y que el procesado, pese a los continuos requerimientos, no hizo nada para corregir los defectos del bar. - E.C.
