VITORIA - Los trabajos para el desmantelamiento efectivo de la central nuclear de Garoña no empezarán, al menos, hasta el año 2022. Esta es la previsión que maneja la empresa pública Enresa, dependiente del ministerio para la Transición Ecológica y dedicada al almacenamiento y gestión de los residuos radioactivos generados en el Estado. El nuevo plazo que ahora emerge en el horizonte viene a corregir y modificar la anterior previsión, de mayo de este año, que cifraba para diciembre de 2021 la fecha en la que arrancará esa ingente tarea en el municipio burgalés de Valle de Tobalina y a poco más de 40 kilómetros de Gasteiz.

Esas labores de desmantelamiento efectivo consistirán en el desmontaje de todos los equipos de la central, la demolición de las instalaciones y acometer la descontaminación del entorno. Se trata de un proceso largo y delicado que no comenzará formalmente hasta dentro de dos años. Todos los trámites de esta operación de ingeniería se desarrollan a ritmo lento. Tras cumplir, el pasado agosto, dos años desde la decisión del cierre definitivo de la planta y haber transcurrido otros siete desde que Nuclenor anunció la desconexión de Garoña de la red eléctrica, el 16 de diciembre de 2012, a día de hoy nada se sabe del documento de desmantelamiento. A finales de marzo, Enresa adjudicó por 10,4 millones de euros la redacción de los trabajos de ingeniería que diseñarán el desmantelamiento. Los cálculos más optimistas apuntan a que será en marzo del 2020 cuando se materialice el documento. A partir de entonces, Enresa ya estará en disposición de exponer los detalles de la operación y acometerá también la solicitud formal de la transferencia de la apagada central nuclear, que todavía sigue siendo titularidad de Nuclenor.

DÉCADA DE DESMANTELAMIENTO Con el estudio ya presentado y estimada la valoración económica del proyecto, es previsible que la autorización para el desmantelamiento de la central pueda llegar, en el mejor de los casos, en diciembre de 2021. Este límite lleva a que sea en el ejercicio siguiente cuando puedan dar comienzo las tareas sobre la planta. Ese desmantelamiento efectivo se estima que durará diez años y habrá que acometerlo en dos etapas diferenciadas. Las previsiones apuntan a que la primera de ellas tendrá una duración de dos años, hasta 2024, mientras que la segunda se extenderá, también al menos hasta el año 2031. Esta forma de proceder permitirá reducir de uno a dos años y medio el plazo de trabajo, que en un principio se había estimado en 12 años, explicó Enresa en mayo.

El futuro que espera a los 14 municipios cercanos a la instalación, entre los que se incluyen dos alaveses, sigue siendo una de las ocupaciones del actual gabinete socialista en funciones.