pamplona - La Plataforma Navarra de Mujeres por la Abolición de la Prostitución pidió ayer el rechazo institucional del Parlamento foral a "cualquier fórmula que ampare la legalización de los 'vientres de alquiler' o cualquiera de sus efectos", ya que, a su juicio, se trata de una práctica "absolutamente perversa" de "violencia machista contra las mujeres" y, asimismo, demandó "leyes que agilicen el sistema de adopción en lugar de optar por la legalización de una práctica que atenta contra los derechos humanos de mujeres e infancia".

En una sesión de trabajo en la Cámara foral, solicitada por todos los grupos a excepción de EH Bildu, Sara Vicente, en representación de la plataforma, advirtió de que tras el término de gestación subrogada "se enmascara una realidad cada vez más dura para mujeres extremadamente vulnerables". Así, consideró que en los países donde está legalizada esta práctica "se está atentando de manera flagrante contra los derechos de las mujeres, pero también contra los de la infancia". Por ello, defendió que el término que se debe utilizar a la hora de hablar de esta realidad es "compraventa de bebés o mujeres de alquiler, porque se está utilizando a la mujer en su integridad".

En opinión de la plataforma, la práctica de los 'vientres de alquiler' "tendrá consecuencias como lo tiene la prostitución o la trata de mujeres", ya que "mercantiliza y cosifica a las mujeres", y consideró que los Estados que "admiten esta realidad y sus efectos" se convierten en "machistas, racistas y clasistas". Asimismo, Vicente también cuestionó una resolución del Defensor del Pueblo de Navarra reconociendo determinados derechos, y expuso que este tipo de manifestaciones suponen "un apoyo de manera indirecta a esta práctica.

Para la portavoz, los 'vientres de alquiler' generan "un esquema de uso y abuso de las mujeres y los bebés por dinero, al más puro estilo capitalista" y que se trata con "mercancía que se puede rechazar si no cumple con las condiciones pactadas".

defensa de los derechos humanos En el turno de los grupos, Isabel Olave, de Navarra Suma, opinó que es una cuestión "terrible" y señaló que la posición de su formación, "lejos del planteamiento feminista, deriva como defensa de la dignidad de los derechos humanos, de los más vulnerables y de la vida desde su concepción".

Por parte del PSN, Nuria Medina criticó el alquiler de los vientres y, en este sentido, se remitió a lo recogido sobre este tema en el acuerdo de Gobierno firmado por PSOE y Podemos. A su juicio, esta práctica supone "una vulneración de los derechos humanos de los menores y los mujeres".

Jabi Arakama, de Geroa Bai, subrayó que "la mayoría de mujeres que ofrecen sus cuerpos lo hacen desde una posición de precariedad económica y que se ofrecen desde la ausencia de alternativas salariales dignas", y señaló que "el ser padre o madre es un deseo, no un derecho adquirido".

La parlamentaria de EH Bildu, Patricia Perales consideró que los 'vientres de alquiler' "son síntomas capitalistas" y se posicionó "totalmente en contra de la mercantilización que está teniendo el cuerpo de las mujeres".

Desde Podemos-Ahal dugu, Ainhoa Aznárez, lamentó que a las mujeres "nos han educado en la creencia de que para estar completas hay que tener hijos" y alertó de la entrada de las mafias que controlan en mercado de los 'vientres de alquiler'.

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, alertó de que en esta práctica "no solo se comercia con cuerpos, sino también con sus mentes, como si fueran mercancía que ni siente ni padece".

Plataforma de Mujeres por la Abolición de la Prostitución. La Plataforma Navarra de Mujeres por la Abolición de la Prostitución (PNAP), que tiene por finalidad "eliminar todas las formas del machismo", fue presentada en marzo de 2019. Sus fundadoras exigieron entonces que la prostitución "sea reconocida universalmente como una forma de violencia machista y de explotación y sometimiento de las mujeres y las niñas y, por tanto, se reconozca la necesidad de su abolición".

972

En poco más de una década el número de niños extranjeros adoptados en el Estado español ha pasado de 5.541 a 531, lo que ha supuesto una caída de más del 90%, mientras que en tan solo siete años, de 2010 a 2017, el número de bebés nacidos a través de la práctica de los 'vientres de alquiler' inscritos en el Estado ha sido de 972.