Pamplona, 30 ene (EFE).- El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado por unanimidad de los grupos presentes una moción que insta al Gobierno foral a colaborar con entidades locales y sociales en la puesta en marcha de procesos de integración de menores en desprotección.
La resolución insta al Gobierno de Navarra a "comprometerse a colaborar con entidades locales, sociales y de todo tipo para la puesta en marcha de los procesos de integración social plena de las y los menores en desprotección".
La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, el Parlamento de Navarra emplaza al Ejecutivo Foral a "seguir desarrollando los programas necesarios para la plena integración de estos menores".
Del mismo modo, ya en un tercer apartado, el Legislativo Foral "rechaza y condena toda actitud racista, xenófoba y que busque la criminalización de las y los menores en desprotección".
Asimismo, se exhorta al Gobierno de España a "tomar las medidas necesarias para una distribución ordenada y equilibrada de estos menores entre todas las comunidades autónomas, así como a la puesta en marcha de un Plan Nacional de Integración".
Por último, se compele al Gobierno foral a "desarrollar programas y proyectos suficientes para garantizar su adecuada valoración, su alojamiento en el recurso más idóneo, su manutención, su formación y la realización de actividades de ocio, con el fin de lograr la inclusión plena de estos menores".
Este epígrafe ha sido agregado a instancias de Navarra Suma, cuya enmienda de adición ha sido aceptada por Izquierda-Ezkerra, titular de la iniciativa.
En la exposición de motivos, la resolución se remite al Informe del Defensor del Pueblo de 2018 para, tras advertir que la llegada de menores extranjeros/as no acompañados/as hace tiempo que dejó de ser un fenómeno puntual, subrayar la "extrema vulnerabilidad que, en razón de su edad y su origen, acompaña a estas personas, a quienes las fuerzas políticas de extrema derecha y otros grupos con discursos racistas y xenófobos están criminalizando con falsas y graves acusaciones".
En ese marco, se previene sobre las graves consecuencias que acarrearía el abandono institucional de estos menores, un proceder que, además de "ilegal y contrario la convención de los derechos del niño y la niña", podría derivar en "conductas disruptivas derivadas de la exclusión social extrema" a la que se verían abocados.
La proponente concluye recordando que la llegada de un menor migrante no acompañado a cualquier parte de España "supone la puesta en marcha de las medidas necesarias por parte de las autoridades locales, responsables de la protección de la infancia en cada territorio".
