pamplona - El arzobispo de Pamplona y Tudela, Francisco Pérez, sin dar la cara y a través del delegado de medios de comunicación del Arzobispado, Josetxo Vera, comunicó ayer la puesta en marcha de una Comisión de Protección de Menores y Personas Vulnerables que acompañará y asesorará a víctimas de "abusos de conciencia, de poder y sexuales con independencia de quien sea su autor y del ámbito en el que hayan sucedido, tanto la iglesia como otros", pero que no tendrá afán investigador y, por lo tanto, poco tendrá de compromiso con la verdad. Además, contempla también campañas de sensibilización de la ciudadanía y la formación de personas y equipos que trabajen con menores, como monitores de tiempo libre, catequistas, sacerdotes e instituciones.

Atendida por un equipo multidisciplinar, bajo la dirección de la abogada y secretaria general de Cáritas en Navarra, Maite Quintana, y de la que también formarán parte Ana Cristina Oria en acogida, el médico psiquiatra Manuel Martín y el abogado Miguel Barrio, la labor de la Comisión se iniciará con una escucha de carácter universal, es decir, que abarcará también la atención de víctimas de abusos en el ámbito familiar o educativo, no solo por parte del clero, cuando hasta el momento el Arzobispado ni siquiera ha atendido a la treintena de personas que han denunciado en este medio haber sufrido abusos sexuales por parte de la Iglesia navarra.

Asimismo, durante la rueda de prensa celebrada ayer extendieron esta invitación de escucha a la asociación de víctimas de abusos de la iglesia, con la que dijeron haber contactado a pesar de que estos últimos lo desmintieran. De hecho, no ha sido hasta el pasado diciembre de 2019 cuando Francisco Pérez se reunió por primera y única vez con una víctima de abusos sexuales en un centro religioso, en este caso en el colegio Maristas de Pamplona. En dicho encuentro los responsables tampoco activaron ningún propósito de enmienda, al margen del protocolo de la Conferencia Episcopal Española (CEE) por orden del Papa Francisco, donde se contemplaba la creación de oficinas de atención a víctimas en el seno de la propia Iglesia, pero que no servirán para impulsar investigaciones de casos prescritos o antiguos y que pertenezcan a ordenes religiosas concretas.

una encomienda obligada Fue el pasado mes de mayo cuando el Papa promulgó una carta apostólica que se erigiría en la nueva ley en materia de abusos sexuales de obligado cumplimiento para toda la Iglesia universal, en la que ponía también en solfa las situaciones de encubrimiento por parte de algunas diócesis. La génesis de dicha carta, Vosotros sois la luz del mundo, a la que ahora responde Pamplona con esta Comisión, contemplaba también la obligación de informar de cualquier hecho razonable o con motivos fundados que pudiera constituir un abuso y que se diera cuenta de ello a la máxima autoridad eclesial local. En este sentido, se reconoce por tanto el daño ya generado por miembros de la propia Iglesia tanto en la propia agresión como en el silencio cómplice, como ha venido a reconocer incluso el cardenal Osoro, del obispado de Madrid, donde ya funciona un servicio similar al de Pamplona. Por contra, el arzobispo Pérez aún no se ha pronunciado públicamente a este respecto y ni siquiera ha pedido perdón ni expreso ni implícito a las víctimas directas, por lo que, lejos de las palabras del Papa Francisco, tampoco ha reconocido el daño causado. En este sentido, el compromiso de esta nueva Comisión está basado en la atención social, pero poco tiene que ver en la práctica con el lema de verdad, justicia y reparación.