“Nosotros no queríamos ser okupas, pero no nos han dejado otro remedio”

J.R.V. e I.P.A. están apuntados “en todos los censos y todos los programas” y tienen desde 2018 el visto bueno del Gobierno de Navarra para la adjudicación de un piso, pero llevan dos años sin noticia alguna. También lo han intentado en vivienda libre, pero los altos precios de los alquileres, sumado a la retahíla de requisitos (aval, fianza, contrato indefinido...) que piden los propietarios y a la discriminación racial que han sufrido por el hecho de ser de etnia gitana, han hecho imposible que pudiesen acceder a un piso. “Si yo tuviese todos los requisitos que me piden pues no pediría un alquiler, me metería en una hipoteca”, apunta I.P.A. con ironía, y añade que “nosotros no queríamos vivir de okupas, pero no nos ha quedado otro remedio. Le hemos dicho al Ayuntamiento de Pamplona que le pagábamos un alquiler pero nos dicen que no, y no nos dan explicaciones”.

De momento, nadie ha ido a desahuciarles, pero J.R.V. asegura que todos los días se levanta con miedo por si llaman a la puerta: “Con nuestra familia no podemos contar. Si nos echan, ¿a dónde vamos a ir?”. Por si no fuera suficiente, a ella le han retirado la renta garantizada que estaba cobrando hasta ahora, por lo que si un día les quitan la casa se quedan, literalmente, sin nada. “Al estar ocupando la vivienda no puedo empadronarme y por eso me han quitado la ayuda. Estoy en una lista de espera con una vivienda adjudicada pero al no tenerla no me puedo empadronar y como no me empadrono, me quitan las ayudas”, denuncia la joven.

Además, en esta situación, el estrés y la incertidumbre en el que vive esta familia a veces se les hace insoportable y criar a sus hijos en un piso en mal estado no es algo agradable. Porque, subrayan, no han ocupado una vivienda de lujo. “La casa la he reformado yo. Se caen las baldosas de la pared, no tenemos calefacción y tampoco luz. Y aún así no nos la quieren alquilar”, comenta I.P.A., que ha rehabilitado la vivienda porque, aunque no sea de su propiedad, “es nuestro hogar y donde viven nuestros hijos”.

La historia de A.U.G. es diferente de la de la pareja, pero comparte con ellos el agobio y la incertidumbre de no tener asegurado un techo bajo el que dormir de manera estable: “Hace tres años nos concedieron un piso de emergencia social porque mi hija nació prematura, con 6 meses. Ahora, en agosto, se nos acaba el plazo y si nos lo quitan no tenemos a dónde ir”. El piso de emergencia social -en el que vive con su pareja, sus dos hijas, y otro más que está en camino- es un recurso de transición que se ofrece a familias sin hogar para que puedan vivir mientras buscan otra vivienda. Sin embargo, por más que lo han intentado no han podido acceder a ningún piso: “Nosotros también tenemos el visto bueno del Gobierno, desde 2017, y todavía no nos han dado una vivienda de protección oficial y en el mercado libre nadie nos ha querido alquilar”.

A.U.G. también denuncia las incomprensibles condiciones que les ponen para entrar a los pisos y las relaciona, directamente, con la situación laboral: “Nosotros estamos cobrando la renta garantizada, es impensable que podamos poner un aval o pagar una fianza. Yo, ahora, con mis hijas pequeñas y embarazada no puedo ponerme a trabajar”, apunta, y añade que “yo no soy gitana, pero mi marido sí, y después de las entrevistas de trabajo nunca le llaman, solo por el hecho de ser gitano. Hay mucho racismo”.

“La casa la he reformado yo. Se caen las baldosas, no hay calefacción ni luz y no nos la quieren alquilar”

Vecino de la Rotxapea que vive de okupa

“Estamos cobrando la renta garantizada y para un piso nos piden aval y fianza, es impensable”

Vecina de la Rotxapea