Las mujeres ocupan el 35% de los puestos de órganos superiores en Justicia

A pesar de que la diferencia no sea significativa, de hecho, apenas es notoria si solo se observan los números de forma superficial, una examen más profundo dice otra cosa muy distinta, y es que las mujeres todavía no han roto el techo de cristal dentro del TSJN. A pesar de que las juezas ocupan casi el 50% de los puestos en Navarra, y de su alta presencia de la mujer en la base de la Justicia, como es en Instrucción y Primera Instancia, la presencia femenina se debilita conforme se escala en la jerarquía y se llega a órganos superiores como son el Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Provincial, donde solo el 35% son mujeres -8 frente a 15 hombres-. Además, hay que tener en cuenta que el TSJN es históricamente uno de los tribunales con menor presencia femenina, por lo que, pese a las nueves incorporaciones, sigue siendo a día de hoy el penúltimo en cuanto al porcentaje de mujeres entre jueces y magistrados.

En este sentido, aunque la balanza se vaya equilibrando poco a poco, los datos de Navarra todavía distan de los de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), donde las juezas representan el 61,6%% del total, lo cual la hace la comunidad autónoma con más presencia de mujeres del conjunto estatal. Lejos de estar en cabeza respecto a la presencia de la mujer en los órganos judiciales, Navarra es la tercera comunidad por la cola con menos mujeres en la judicatura, por detrás de Murcia -45,5%- y Aragón -48,7%-. De esta forma la media nacional refleja también una presencia mayoritaria femenina con 2.932 mujeres -53,7%,- del total de 5.419 jueces en todo el Estado español.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado mes de enero el II Plan de Igualdad, que tiene por objetivo garantizar una representación equilibrada entre hombres y mujeres en los distintos niveles de la justicia y asegurar que toda la Judicatura tenga una formación adecuada en materia de igualdad, enjuiciamiento con perspectiva de género y violencia sobre la mujer.

El texto pasa por afirmar que se dan en la actualidad condiciones para que exista "una verdadera y eficiente igualdad de oportunidades" ante la clara mayoría de mujeres que acceden por oposición a la carrera judicial, al representar el 71,2% de los 188 nuevos jueces que ingresaron en 2018 en el conjunto estatal, según ese órgano, confirmando así la tendencia registrada en años anteriores -53,2% en 2017 y el 64,1% en 2016-.

A pesar de reconocer una "mejora sustancial" en los últimos años, el CGPJ considera que los avances dados "son todavía insuficientes" y señala que solo dos de los 17 tribunales superiores de justicia están presididos por mujeres, al igual que solo hay diez presidentas en audiencias provinciales frente a 40 presidentes hombres.

En cuanto al Tribunal Supremo, donde hay 16 mujeres -nueve de ellas nombradas en el presente mandato del CGPJ- y 61 hombres, el Plan recoge avances como la entrada de mujeres en todas y cada una de las Salas del Tribunal Supremo por primera vez en la historia, en particular en su Sala Segunda, que ha pasado de no contar con ninguna mujer en 200 años a contar con tres mujeres a día de hoy; o el haberse alcanzado, también por primera vez en la historia, la paridad entre mujeres y hombres en una de las Salas del Tribunal Supremo (Sala Cuarta). Sin embargo, reconoce que, "seguimos estando muy lejos de alcanzar los porcentajes mínimos de presencia equilibrada de mujeres y hombres exigidos por la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres".

Conciliar la vida personal, familiar y profesional de quienes integran la carrera judicial es otro de los retos que recoge el II Plan de Igualdad, que propone promover medidas que "favorezcan la corresponsabilidad y el reparto igualitario" de las tareas de cuidado y atención a familiares dependientes. Actualmente, según los datos del CGPJ, el 97,3 % de las excedencias por cuidado de hijos o familiares dependientes, el 90,5 % de las reducciones de jornada y el 66,7 % de las licencias extraordinarias retribuidas de quince días para atender necesidades urgentes de conciliación de la vida personal, familiar y profesional fueron concedidas a mujeres. En esta línea, el plan concluye que son las mujeres las que asumen de manera "abrumadoramente mayoritaria" la carga de atender a las necesidades de atención de la familia, y lo hacen, además, "acudiendo a una figura que supone su total apartamiento» de la vida profesional hasta tres años y el cese total en el cobro de retribuciones".

Además, el plan examina otras materias como la seguridad y la salud en el trabajo o las políticas antiacoso. Así, pretende fomentar la utilización de un lenguaje no sexista tanto a nivel administrativo, como a nivel judicial.