- La Policía Foral movilizó patrullas ayer por numerosos requerimientos ciudadanos relacionados con la aplicación del estado de alarma a causa del COVID-19. El Centro de Mando y Coordinación, informó el cuerpo ayer en una nota de prensa, atendió decenas de llamadas “de todo tipo, principalmente solicitando información o requiriendo intervención por incumplimiento de las restricciones”. Ante el incumplimiento de los supuestos incluidos en el Real Decreto 463/2020, el cuerpo policial informó que existen sanciones previstas por el incumplimiento de las restricciones que pueden conllevar una multa por desobediencia, desde 100€ si es leve a 30.000€ si es grave. El marco jurídico de esas sanciones lo forman la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, u otras normas como la Ley Orgánica 4/1981 que regula el estado de alarma, la de Salud Pública o de Protección Civil, donde se establecen penas que pueden ser privativas de libertad.

Desde Policía Foral informaron también que durante la jornada de ayer recibieron numerosas llamadas telefónicas a cerca de dudas en la entrada en vigor del estado de alarma. La mayor parte de las dudas, expresaron, estuvieron relacionadas por la aplicación del art. 7 (limitaciones de libertad de circulación) y el art. 10, que establece las excepciones de establecimientos que pueden desarrollar actividad. Sólo a través de redes sociales la Policía Foral atendió 246 requerimiento ciudadanos de todo tipo.

Las patrullas tuvieron que desplazarse a lugares públicos de localidades navarras donde se concentraban grupos de personas. Concretamente, intervinieron en locales de hostelería en Berrioplano, Fustiñana, Lesaka, Yesa o Castejón, pistas deportivas en Burlada, Paternáin, Artica o Barillas y paseos públicos en el extrarradio de Pamplona (Ripagaina, Ezkaba, Azoz, Sarriguren), Aguilar de Codés o Berriosuso. Se controlaron también comportamientos incívicos en la playa de Orikain (donde se realizaba una barbacoa), en el merendero de Aibar, en la laguna de Lor (Cascante) o una marcha familiar en bici en Ansoáin.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán sancionar con la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida como ley Mordaza, y con el Código Penal a quien no cumpla las restricciones fijadas por el Gobierno en aplicación del estado de alarma decretado para hacer frente a la pandemia por coronavirus. Puede haber sanciones administrativas de entre 601 y 30.000 euros o prisión, pero sólo en casos extremos de desobediencia ciudadana. Según Interior, la orden que regula los controles policiales en todo el país lo que busca en un principio es informar a los ciudadanos de las restricciones en sus movimientos: se puede salir de casa para ir a trabajar o a un centro médico, cuidar de una persona dependiente o ir al banco; también para necesidades domésticas como tirar la basura o pasear durante un momento al perro. El ministro asume el control en última instancia de las policías autonómicas y locales, además de Policía y Guardia Civil. También hace lo propio con la seguridad privada. Ha creado un Centro de Coordinación Operativa.